Durante la ceremonia, Alejandro Encinas asumió la responsabilidad del Estado Mexicano en la ejecución de la matanza y posterior alteración de la escena del crimen para ocultar el delito.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación emitió una disculpa pública a nombre del Estado Mexicano por la masacre de 45 personas de origen tzotzil, entre ellas niños, ocurrida en Acteal, población del municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
La matanza ha sido denunciada durante dos décadas por organizaciones protectoras de derechos humanos y por la Sociedad Civil Las Abejas, quienes llevaron este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la participación del Estado Mexicano en crímenes de lesa humanidad.
Durante la ceremonia, Alejandro Encinas asumió la responsabilidad del Estado Mexicano en la ejecución de la matanza y posterior alteración de la escena del crimen para ocultar el delito.
» Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente y expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas», expresó el funcionario.
El Estado mexicano asume la responsabilidad y ofrece la disculpa pública por este suceso doloso e indolente pic.twitter.com/H0GqhukV0o
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 3, 2020
Este hecho tuvo lugar durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, el mismo jueves, fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como integrante de un panel de revisión del desempeño del organismo internacional para la atención de la pandemia del COVID-19 a nivel global.
La masacre de Acteal fue una incursión paramilitar en la población de origen indígena en la que se utilizaron armas de alto calibre para asesinar a 45 personas que se encontraban en oración al interior de una iglesia.
En 1997, el Gobierno de Ernesto Zedillo calificó la matanza como un conflicto local. Sin embargo, activistas denunciaron que fue una acción del Gobierno mexicano para desarticular a la organización de Las Abejas.
26 indígenas fueron sentenciados por la masacre. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),les concedió un juicio de amparo en el 2009 debido a que se determinó que la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General, fabricó evidencias para inculparlos.
