Las elecciones locales del 3 de noviembre dejan prohibiciones, moratorias y mayores controles comunitarios sobre infraestructura de inteligencia artificial. Dos días después, OpenAI anuncia compromisos para cubrir costos eléctricos, transparentar el consumo de agua y someter sus proyectos a consultas locales.
Los electores estadounidenses se pronuncian a favor de limitar la expansión de centros de datos en 40 de las 41 consultas locales celebradas el 3 de noviembre de 2026, en una votación que evidencia el creciente cuestionamiento comunitario a la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sistemas avanzados de inteligencia artificial.
Según el recuento publicado por Ballotpedia el 6 de noviembre, las comunidades aprobaron 27 medidas orientadas a restringir la construcción o expresar oposición a nuevos centros de datos y rechazaron otras 13 que habrían facilitado su desarrollo. La única excepción ocurrió en Harwood, Dakota del Norte, donde los votantes rechazaron un requisito adicional de revisión para determinados proyectos industriales.
El resultado coincide con una nueva iniciativa de OpenAI. El 5 de noviembre, dos días después de las elecciones, la compañía publicó un acuerdo comunitario nacional y una propuesta de políticas públicas que contemplan el pago de costos eléctricos, la divulgación de impactos ambientales, las oportunidades laborales y la participación de los residentes en el diseño de nuevos campus informáticos.
Aunque ambas noticias ocurren en la misma semana, OpenAI presenta su iniciativa como una continuación de compromisos anunciados desde enero y no atribuye expresamente su publicación a los resultados de las votaciones.
Las comunidades aprueban prohibiciones, moratorias y controles sobre los proyectos
Las consultas electorales no sometieron a votación una prohibición nacional de centros de datos. Cada localidad decidió propuestas distintas, algunas con efectos jurídicos vinculantes y otras de carácter consultivo. Entre las 27 medidas aprobadas figuraron cinco prohibiciones generales, doce prohibiciones parciales, tres moratorias de seis meses, dos modificaciones relacionadas con zonificación y dos requisitos de aprobación electoral para determinados proyectos.
Otras decisiones exigieron garantías financieras a desarrolladores o expresaron oposición política sin imponer restricciones legales directas. Por separado, trece propuestas favorables al desarrollo fueron rechazadas, entre ellas modificaciones de zonificación y preguntas consultivas que buscaban respaldar la instalación de nuevas instalaciones.
California y Florida votan por prohibiciones municipales
En Alhambra, California, los residentes aprobaron la medida DB, destinada a respaldar una prohibición municipal de centros de datos en todas las zonas de la ciudad. El resultado publicado por el Departamento de Registro Electoral del condado de Los Ángeles muestra una mayoría superior al 80% a favor de la propuesta. El escrutinio continúa sujeto a las actualizaciones y certificación correspondientes.
En Edgewater, Florida, los votantes respaldaron la Enmienda 4, que incorpora a la carta municipal una prohibición de aprobar, construir, ampliar u operar nuevos centros de datos. La medida también exige una nueva votación para modificar o eliminar esa prohibición. Según Ballotpedia, aproximadamente el 77% de los votos contabilizados apoyó la iniciativa.
Ohio concentra buena parte de las disputas
Ohio fue el estado con mayor número de medidas sobre centros de datos registradas por Ballotpedia durante la jornada electoral, con 21 propuestas locales. En Grove City, los votantes aprobaron una disposición que exige autorización ciudadana para determinados desarrollos de gran escala, incluidos proyectos que superen umbrales de superficie, demanda eléctrica o consumo diario de agua.
En Wilmington, los electores rechazaron cuatro cambios de zonificación que habrían permitido destinar áreas residenciales a usos industriales compatibles con centros de datos. En Ashville, también en Ohio, los residentes rechazaron una resolución que establecía los términos de negociación municipal relacionados con un proyecto de EdgeConneX. Las decisiones reflejan diferentes mecanismos de control local: desde bloquear usos del suelo hasta exigir que los residentes autoricen directamente las transformaciones de mayor impacto.
La resistencia a los centros de datos se desarrolla en medio de preocupaciones sobre el precio de la electricidad, la disponibilidad de agua, el ruido, la contaminación y los cambios de uso del suelo. Según Stateline, comunidades de diferentes orientaciones políticas han cuestionado proyectos vinculados con la expansión de infraestructura de IA debido a su posible impacto en servicios públicos y entornos residenciales.
Para los desarrolladores, las instalaciones representan inversiones en infraestructura tecnológica y oportunidades de empleo. Para los residentes, la discusión también incluye quién asume los costos de conectarlas a las redes eléctricas y qué beneficios económicos permanecen efectivamente en las comunidades.
OpenAI promete asumir los costos eléctricos de sus futuros campus
El 5 de noviembre, OpenAI presentó su National Community Compact, que establece compromisos para los futuros campus informáticos de los que sea propietaria y operadora. Entre ellos figura el pago del costo total de la electricidad consumida y de la infraestructura necesaria para suministrarla. La compañía también promete presentar garantías financieras antes de que comiencen grandes inversiones, con el objetivo de proteger a otros consumidores cuando un proyecto se retrase, reduzca o cancele.
OpenAI propone además que los reguladores de servicios públicos obliguen a los grandes consumidores de electricidad a asumir los costos adicionales que generan sobre las redes. La iniciativa contempla mecanismos de reducción temporal de demanda durante periodos de elevada presión sobre el sistema eléctrico. Como ejemplo, OpenAI menciona un acuerdo con Georgia Power que permitiría reducir hasta 1,000 megavatios del suministro previsto para su campus de Effingham County cuando sea necesario.
Transparencia del agua, ruido y contratos con autoridades
La compañía también se compromete a desarrollar planes de gestión de agua para cada campus, priorizar sistemas de refrigeración de circuito cerrado o bajo consumo y divulgar datos específicos sobre utilización de electricidad y recursos hídricos.
Los proyectos deberán publicar planes de construcción y estudios independientes sobre ruido antes de comenzar operaciones, con actualizaciones anuales posteriores. Otro compromiso relevante es evitar acuerdos de confidencialidad con funcionarios públicos, aunque OpenAI establece excepciones limitadas para información de seguridad, secretos comerciales y otros datos empresariales protegidos.
La propuesta de políticas públicas también plantea que los incentivos fiscales otorgados por gobiernos locales o estatales sean transparentes, medibles y recuperables cuando los desarrolladores incumplan las condiciones comprometidas.
Los compromisos no sustituyen la regulación pública
El documento distingue entre compromisos voluntarios de OpenAI y recomendaciones legislativas destinadas a establecer obligaciones generales para la industria. Esta diferencia es fundamental: el acuerdo comunitario anunciado no constituye una legislación federal y tampoco implica que todas las instalaciones utilizadas por OpenAI estén sujetas automáticamente a los mismos compromisos.
Los mecanismos de consulta, transparencia y responsabilidad dependerán de su incorporación a contratos, permisos, normas o instrumentos verificables, según corresponda. Además, las medidas electorales aprobadas en distintas ciudades muestran que algunas comunidades no solamente buscan negociar condiciones de desarrollo, sino impedir la construcción de nuevos centros de datos en determinados territorios.
El consentimiento local se convierte en un desafío para la infraestructura de IA
Los resultados electorales de noviembre introducen un límite político y territorial al crecimiento de los centros de datos en Estados Unidos. La capacidad de construir infraestructura ya no depende únicamente de reunir capital, adquirir chips, obtener electricidad y contratar terrenos. En algunas localidades, los desarrolladores también deberán superar prohibiciones, moratorias o procedimientos de aprobación directa de los electores.
La iniciativa de OpenAI reconoce la importancia de la participación comunitaria y propone mecanismos para distribuir beneficios y costos, pero no resuelve por sí misma las objeciones de los residentes que prefieren impedir la instalación de estas instalaciones.
El contraste deja abierta una pregunta sobre el futuro de la expansión de la inteligencia artificial: ¿hasta qué punto las empresas podrán sostener sus planes de crecimiento cuando las comunidades exijan decidir directamente sobre el uso del agua, la electricidad y el territorio?
