La conferencia de Naciones Unidas acuerda elaborar un instrumento internacional durante los próximos dos años, pero no consigue iniciar negociaciones para un tratado vinculante. México, Brasil y otros cinco países impulsaron una propuesta más ambiciosa para limitar las decisiones militares tomadas por sistemas autónomos.
La Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) concluyó sin aprobar el inicio inmediato de negociaciones para establecer un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomas letales. Después de una semana de discusiones, los Estados participantes acordaron elaborar un instrumento para regular estas tecnologías durante 2027 y 2028, aunque dejaron pendiente determinar si sus disposiciones tendrán carácter obligatorio.
El acuerdo se alcanzó durante las primeras horas del sábado 21 de noviembre, después de que las negociaciones se prolongaran más allá del cierre previsto. Según el Gobierno de Suiza, que presidió la conferencia, el resultado representa un avance significativo después de más de una década de discusiones. Sin embargo, reconoció que no fue posible alcanzar un consenso para iniciar inmediatamente la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante, como solicitaba la mayoría de los Estados.
«Tras más de diez años de debates sobre los sistemas de armas autónomas letales durante la conferencia de revisión, el acuerdo alcanzado en Ginebra supone un importante avance. Sus 128 Estados signatarios, entre los que se incluyen todas las principales potencias militares, han acordado la necesidad de elaborar un instrumento que regule el uso de dichos sistemas. Este instrumento se elaborará en los próximos dos años (2027-2028)», señala el documento emitido por el gobierno suizo.
La decisión pone de manifiesto la distancia entre los avances técnicos alcanzados en septiembre por el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales (GGE-LAWS) y la disposición política de los gobiernos para transformarlos en nuevas obligaciones internacionales. Aunque el grupo había acordado por consenso un conjunto de elementos para un posible instrumento, la conferencia no consiguió aprobar un mandato para negociar un nuevo protocolo vinculante de la Convención.
México y Brasil impulsan una propuesta que no consigue consenso
México, Brasil, Austria, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda y Panamá presentaron una propuesta conjunta para iniciar negociaciones sobre un nuevo protocolo jurídicamente vinculante. El documento, identificado como CCW/CONF.VII/WP.7, planteaba establecer un mandato explícito y limitado en el tiempo, con tres sesiones de negociación durante 2027 que sumarían 25 días de trabajo.
El objetivo era presentar ese mismo año un proyecto de protocolo que estableciera prohibiciones y restricciones específicas sobre los sistemas de armas autónomas letales. La propuesta sostenía que, después de trece años de deliberaciones, los Estados debían avanzar hacia reglas concretas en lugar de mantener otro ciclo de discusiones sin obligaciones nuevas.
Los siete países también propusieron abordar los riesgos asociados con los sesgos algorítmicos, las evaluaciones de seguridad, las pruebas de los sistemas y la preservación del juicio y el control humanos sobre el uso de la fuerza. El documento defendía que la responsabilidad por estas decisiones no puede transferirse a las máquinas.
La iniciativa no consiguió el consenso necesario. De acuerdo con Associated Press, las objeciones de potencias militares dificultaron la aprobación de un mandato más ambicioso. Rusia fue señalada particularmente por su resistencia al establecimiento de nuevas restricciones, mientras que Estados Unidos también mostró reticencias ante la posibilidad de comprometerse con un protocolo vinculante.
El procedimiento de la CCW exige que las decisiones se adopten por consenso. Esta característica permite que la oposición de una delegación impida la aprobación de una propuesta, incluso cuando existe un respaldo mayoritario. En consecuencia, las negociaciones terminaron con una fórmula de compromiso que mantiene abierto el proceso, pero deja sin resolver el carácter jurídico del futuro instrumento.
Los avances de septiembre no se traducen en un tratado
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, el Grupo de Expertos Gubernamentales completó la última sesión de su mandato trienal y adoptó por consenso un conjunto de elementos para un posible instrumento internacional. El documento incluyó una caracterización de trabajo de los sistemas de armas autónomas letales y elementos relativos a su regulación.
Ese acuerdo técnico constituyó una base para continuar las negociaciones, pero no estableció que el futuro instrumento debiera convertirse necesariamente en un tratado. La cuestión quedó reservada para las decisiones políticas de los Estados participantes en la conferencia de noviembre.
La propuesta de los siete países consideraba que esos trabajos proporcionaban fundamentos suficientes para negociar nuevas prohibiciones y restricciones. Su planteamiento buscaba avanzar desde la identificación de principios y riesgos hacia obligaciones específicas para los Estados, tomando como referencia los protocolos existentes de la Convención.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también había considerado que los avances del grupo de expertos permitían iniciar negociaciones sobre un nuevo protocolo. Durante la conferencia, el organismo defendió un mandato de un año para elaborar disposiciones vinculantes que respondieran a los riesgos humanitarios, jurídicos y éticos de estas tecnologías.
La Cruz Roja lamenta la ausencia de obligaciones vinculantes
Tras conocerse el resultado, el Comité Internacional de la Cruz Roja lamentó que la conferencia no consiguiera aprobar un mandato claro e inmediato para negociar un instrumento jurídicamente vinculante. El organismo sostuvo que los riesgos asociados con los sistemas autónomos aumentan conforme las tecnologías de inteligencia artificial adquieren capacidades que pueden superar el control de quienes las desarrollan, prueban o utilizan.
El CICR reiteró su propuesta de prohibir los sistemas de armas autónomas que representen riesgos inaceptables de violar el derecho internacional humanitario, incluidos aquellos cuyo comportamiento resulte impredecible y los diseñados para atacar directamente a seres humanos. Para los demás sistemas, planteó establecer restricciones sobre su desarrollo y utilización.
La organización advirtió que las decisiones sobre el uso de la fuerza deben permanecer bajo control humano y pidió a los gobiernos encontrar una vía para adoptar nuevas reglas internacionales. Su posición contrasta con la valoración del Gobierno suizo, que considera el mandato de 2027 y 2028 un avance diplomático, aunque reconoce las limitaciones del acuerdo.
La regulación queda por debajo del objetivo de Naciones Unidas
El resultado también representa un incumplimiento del calendario político defendido por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien había pedido avanzar hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre armas autónomas para 2026.
De acuerdo con Associated Press, la alta representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, reconoció el compromiso alcanzado como un resultado significativo, pero admitió que podía interpretarse tanto como un avance como una oportunidad insuficientemente aprovechada.
El embajador de Brasil, Frederico Meyer, resumió la preocupación por el ritmo de las negociaciones al señalar que la tecnología avanza más rápidamente que la diplomacia. La declaración refleja una de las tensiones centrales del proceso: mientras aumentan las capacidades de autonomía incorporadas a sistemas militares, los mecanismos multilaterales continúan discutiendo qué decisiones deben reservarse a operadores humanos.
Qué significa el acuerdo para las armas autónomas
Los sistemas de armas autónomas plantean desafíos particulares porque pueden incorporar capacidades para identificar, seleccionar y atacar objetivos sin requerir una decisión humana específica en cada intervención. El grado de autonomía varía según el diseño, el contexto operativo y las funciones asignadas a cada sistema.
La ausencia de un nuevo protocolo internacional no significa que estas armas estén excluidas del derecho vigente. Naciones Unidas señala que el derecho internacional humanitario se aplica también a los sistemas autónomos, incluidos los principios relativos a la distinción entre objetivos militares y civiles, la proporcionalidad de los ataques y las precauciones necesarias durante las operaciones.
Sin embargo, todavía no existe un protocolo específico de la CCW que establezca prohibiciones y restricciones internacionales particulares para estos sistemas. La discusión se concentra precisamente en determinar qué capacidades o usos deberían prohibirse y bajo qué condiciones podrían emplearse otras formas de autonomía militar.
Dos años más para definir las reglas
El mandato aprobado en Ginebra establece un nuevo periodo de trabajo durante 2027 y 2028 para elaborar un instrumento destinado a regular los sistemas de armas autónomas letales. Según el Gobierno suizo, su naturaleza jurídica se determinará al concluir las negociaciones.
La conferencia estuvo presidida por el embajador suizo Julien Thöni, con la participación del diplomático peruano Elmer Schialer Salcedo en la búsqueda de una fórmula de compromiso. Ambos trabajaron para acercar las posiciones de las delegaciones y permitir la adopción de un mandato que mantuviera las discusiones dentro de la Convención.
El acuerdo evita la interrupción del proceso multilateral, pero tampoco garantiza que en 2028 exista un tratado jurídicamente vinculante. Las futuras negociaciones deberán resolver tanto el contenido de las posibles prohibiciones y restricciones como el grado de obligatoriedad que los Estados estén dispuestos a aceptar.
Después de trece años de deliberaciones, la conferencia consiguió acordar la continuación de los trabajos, pero no establecer nuevas obligaciones específicas sobre el desarrollo y uso de armas autónomas letales. El resultado deja abierta una cuestión central para el derecho internacional y el futuro de la automatización militar: hasta dónde puede delegarse en una máquina la selección de objetivos y el uso de fuerza letal, y qué límites obligatorios deben preservar la responsabilidad humana.
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