El organismo internacional encontró que agentes públicos tanto del ámbito federal, como estatal, y municipal, muchas veces en contubernio con miembros del crimen organizado, han sido perpetradores de este crimen de manera sistemática.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó su informe sobre su visita a México en el que revisó la crisis en esta materia que atraviesa el país, así como las omisiones, negligencias e inacciones del Estado, y su responsabilidad en la comisión de estos crímenes.
Entre los hallazgos, el Comité identificó una tendencia en la participación directa o indirecta del Estado en las desapariciones, la cual tiene un parteaguas importante durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tras la implementación de la Guerra contra el narcotráfico. En este sexenio, el Estado comenzó a desplazar las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública.
UNA DESAPARICIÓN POR DÍA DURANTE UNA DÉCADA
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre los años 2011 y 2021, se registraron 95 mil 121 personas desaparecidas en México. De acuerdo con esta base de datos, durante la última década la crisis fue tan grave que desaparecieron 26 víctimas por día, y una cada hora.
La Comisión puntualizó el hecho de que en México, las autoridades de los tres niveles de Gobierno, se consolidaron en los últimos 10 años, como responsables centrales de las desapariciones forzosas. El organismo internacional encontró que agentes públicos tanto del ámbito federal, como estatal, y municipal, muchas veces en contubernio con miembros del crimen organizado, han sido perpetradores de este crimen de manera sistemática.
En este contexto, se ha presentado una evolución en la modalidad del delito, ya que durante la segunda mitad del siglo pasado, las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, tenían como fin la persecución de grupos sociales de oposición, pero a partir del 2006, las modalidades del delito se diversificaron, así como los perpetradores y las víctimas.
IMPUNIDAD SIN TREGUA
El Comité encontró que prevalece la impunidad y la déficit de denuncias. Según su investigación, existe una tendencia a que las desapariciones se reportan entre uno o dos años después. Además, solo entre el 2 y el 6 por ciento de las desapariciones han sido judicializadas, y solo se han emitido 36 sentencias en este delito a nivel nacional.
A la falta de denuncias y judicialización de casos, se suma la crisis forense. El Comité externó su preocupación debido a que existen 52 mil personas fallecidas sin identificar en diversos tipos de instalaciones. Además, miles de cuerpos que aun no han sido localizados.
La situación es particularmente grave en los casos de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, donde se concentra el 71.73 por ciento de los cuerpos no identificados. De acuerdo con la Comisión, la falta de recursos obliga a las autoridades a que las labores de identificación requieran un estimado de 120 años.
Otra característica es que el principal perfil de víctima son hombres de entre 15 y 40 años de edad. Aunque han comenzado a presentarse patrones en donde los casos de víctimas mujeres y menores de edad se han incrementado de manera gradual.
VÍCTIMAS EN EL CONTEXTO DE LAS DESAPARICIONES
El Comité puntualizó la situación de vulnerabilidad que presentan las mujeres, cuyos familiares son desaparecidos y ellas asumen por su cuenta la subsistencia de sus familias y las acciones de búsqueda, en medio de un contexto de abandono, tanto de la sociedad, como de las autoridades. Además, «en muchos casos son víctimas de
violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias».
En medio de la crisis de desapariciones, grupos específicos de población han sido asesinadas por su cercanía con los casos, entre ellos periodistas que entre el 2003 y el 2021 fueron asesinados 30 de ellos.
Debido a la inacción de las autoridades, las familias de los desaparecidos asumen funciones de búsqueda, a pesar de los riesgos que enfrentan. Desde diciembre del 2010, hasta el corte de este reporte, 13 personas que buscaban a sus seres queridos sin ayuda del Estado, fueron asesinadas presuntamente en represalia a sus labores. También han padecido otras acciones de represión, entre ellas amenazas, acciones de vigilancia, e incluso tortura.
La falta de garantías del Estado para proveer de seguridad a quienes buscan a personas desaparecidas, en contextos de alto riesgo, por presencia del crimen organizado u otras amenazas, ha llegado al punto en que los mismos funcionarios que integran las comisiones de búsqueda han sido amenazados o torturados, por lo que la Comisión Nacional de Búsqueda ha suspendido acciones en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
PENDIENTES
Entre los pendientes aun faltan fiscalías especializadas y 5 estados aun no tienen comisión de búsqueda. Tampoco se ha publicado el Reglamento de Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas. Asimismo, falta poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses, el registro de personas fallecidas y de fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones.
El Comité también manifestó su preocupación por la falta de independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las comisiones locales, con respecto a los Gobiernos.
También consideró delicado que a la Comisión Nacional de Búsqueda se le redujo el presupuesto, del 29 por ciento, que concentraba durante el 2020, al 12 por ciento en el 2021.
amparo del artículo 33 de la Convención.
