En los últimos 16 años, el cáncer , la insuficiencia renal y otras enfermedades cobraron la vida de 123 mil 717 habitantes de regiones industriales en la zona centro de México. Tras casi dos décadas, el Gobierno mexicano admite que sus muertes están relacionadas con la contaminación de las industrias.
Benjamín Ortiz Espejel, coordinador de la Unidad de Asesores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó durante la quinta reunión de trabajo entre autoridades federales y organizaciones del Toxitour avances en los estudios que se realizan para determinar el impacto ambiental que ha causado la concentración de las industrias automotriz, minera, química, plástica y textil en la región central de México, informó la dependencia a través de un comunicado.
Durante la presentación, Ortiz Espejel mostró avances en el diagnóstico de los daños medioambientales. Este informe se realiza a partir un registro cartográfico y la creación del Índice de transformación antropogénica para la región central país. Los avances de este estudio revelan que la zona presenta un deterioro crítico medioambiental, en particular en los cuerpos hídricos.
En los primeros resultados del diagnóstico se encontró que la severa contaminación generada por las actividades industriales está vinculada al fallecimiento de 123 mil 717 habitantes de la región, ocurridos entre los años 2002 y 2018.
También se encontró que la contaminación está relacionada con diversas enfermedades que padecen los habitantes de esta zona, entre ellas cáncer e insuficiencia renal, sostuvo el funcionario.»De 2002 al 2018 han ocurrido al menos 123 mil 717 defunciones asociadas a la región industrial”, señaló Ortiz.
RESARCIR 16 AÑOS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL
El registro cartográfico que forma parte de este diagnóstico está conformado por 53 capas de información científica que integran elementos ecológicos, económicos de salud y sociales.
Para reparar el daño que se generó en los últimos 16 años, el funcionario indicó que será necesario la implementación de un programa con enfoque integral, que abarque aspectos de biodiversidad, restauración, conservación y que tenga una perspectiva de carácter civilizatorio y biocéntrico.
Asimismo, indicó que será necesaria la colaboración entre coordinaciones y redes territoriales de largo plazo, que permitan el empoderamiento de las organizaciones civiles que por años han denunciado el deterioro ambiental de la región y las consecuencias en la salud de los habitantes.
DOS MIL 637 KM DE TOXICIDAD
El Toxitour fue una caravana convocada por iniciativa ciudadana durante diciembre del 2019 y estuvo integrada por observadores nacionales e internacionales, entre ellos, científicos, periodistas, académicos nacionales e internacionales, parlamentarios europeos y un legislador estadounidense.
El objetivo fue documentar y recabar información científica sobre la devastación medioambiental en la región. En total, se recorrieron 2 mil 637 kilómetros y se visitaron seis entidades que se distribuyen en el Eje-neovolcánico.
El recorrido inició a orillas del río Santiago en Jalisco, en el municipio de en de El Salto y Juanacatlán, atravesó Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y concluyó en Coatzacoalcos Veracruz. A lo largo de esta ruta se encuentran diversos corredores industriales.
DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS
Durante la quinta reunión de trabajos que derivaron del Toxitour, Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de la Semarnat, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSA) y Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) concluyeron que es necesario diseñar un programa intersecretarial para resarcir el daño.
Los funcionarios mencionaron que buscan dar certeza a los habitantes de las regiones afectadas de que los acuerdos alcanzados no serán interrumpidos en el futuro y para esto se requiere del diseño de una herramienta jurídica.
En este sentido, Ortiz Espejel, señaló que este amparo puede sustentarse en el artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 182 de la Ley General de Salud.
Toledo Manzur expuso la posibilidad de obtener además recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y consideró que las acciones inmediatas deben comenzar en los municipios más afectados.
Por su parte Álvarez-Buylla, señaló que el Conacyt tiene avances en investigaciones sobre industria y toxicología, afectaciones en los recursos hidrológicos, incidencias en la salud y otros.
La continuidad de los compromisos se estableció a partir de cuatro aspectos: el desarrollo de una alerta ciudadana para denunciar daños al medio ambiente, la creación de un sistema de investigaciones por parte del Conacyt, un sistema integral de deliberación con comunidades y organizaciones y una estrategia a largo plazo conformada por voces populares y científicas que ayuden al diseño e implementación de políticas.
