Burocracia e indiferencia por los Derechos Humanos, claves en crisis forense de Jalisco, revela investigación

Burocracia e indiferencia por los Derechos Humanos, claves en crisis forense de Jalisco, revela investigación

Lo que Cotero hizo para dar salida al trabajo diario y mantener en operaciones la morgue a pesar de su colapso fue resolverlo todo de manera administrativa y sin considerar en ningún los derechos humanos.

Una investigación realizada por  Darwin Franco, Fara González, Fernanda Tapia, Aranza Gallardo y Samantha Vargas,  titulada «Jalisco: La verdad de los ‘tráileres de la muerte’” reveló que la crisis forense que padece Jalisco y que en el 2015 llevó  al empleo de tráileres para almacenar cadáveres no identificados en bolsas de basura implicó  la responsabilidad de diversas áreas que nunca asumieron sus errores y que a la fecha permanecen impunes ya que solo a una exfuncionaria se le procesó penalmente y enfrenta su proceso en libertad.

En una extensa entrevista realizada para esta investigación,  Luis Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF) narró uno de los episodios más negros en la historia del sistema forense mexicano.

En la entrevista Cotero reiteró que el exceso en el número de cadáveres que se acumularon entre los años 2015 y 2018 en el anfiteatro del IJCF excedió su jurisprudencia, detalló cómo es que antes del hallazgo del primer trailer de la muerte en septiembre del 2018, la crisis ya había rebasado al sistema, y agregó que problemas internos entre este funcionario y las autoridades estatales intensificaron el problema.

En agosto del 2015 comenzaron a acumularse los cadáveres en la morgue del  IJCF. De acuerdo con el testimonio de Cotero, en un espacio destinado para 78 cuerpos cada semana llegaban decenas. La cumulación era de tal magnitur que  los líquidos que desprendían los cadáveres causaron que las tuberías del Semefo se «tronaran».

Lo que Cotero hizo para dar salida al trabajo diario y mantener en operaciones la morgue a pesar de su colapso fue resolverlo todo de manera administrativa y sin considerar en ningún los derechos humanos. Los cadáveres sin reconocer por sus familiares, fueron tratados como piezas que tenían que ser almacenadas de alguna manera pero para las que no se quiso invertir en la compra de criptas, o en instalaciones apropiadas.

2015 EL INICIO DE LA CRISIS

Algo sucedió en el 2015, cuando el número de cadáveres que recibía la institución se multiplicó en el primer trimestre del año. Según la investigación, entre enero y marzo se realizaron mil 119 autopsias, una cifra equiparable a la que se había realizado en todo el 2014. El aumento de esta tendencia se mantuvo un par de años más, en ese periodo la salida que encontró el Gobierno de Jalisco fue incinerar los cuerpos. Sin embargo, a raíz de que la Ley General de Víctimas  les impidió continuar con esta práctica.

En el 2015 se dispuso de un almacén que no cubría con las condiciones necesarias para almacenar los cuerpos pero, según Cotero esa solución era mejor que mantenerlos apilados en los pasillos. Para mayo del 2016, el lugar se había convertido en un foco de infección.

La siguiente solución provisional fue la disposición de 200 criptas en un panteón del municipio de Tonalá, donde se colocaron de manera oficial 262 cuerpos. Los investigadores encontraron que en este sitio se depositaron 95 cuerpos que no fueron contabilizados.

De acuerdo con Cotero, fue idea del fiscal depositar los cuerpos de manera provisional en un frigorífico, entonces se realizó el contrato con la empresa  Logística Montes S.A. de C.V.

«TRÁILER DE LA MUERTE»

El 2 de mayo se introdujo el camión a las instalaciones donde se tenían 352 cadáveres almacenados en un sitio para 78. El trailer permitió apilar a 273 de los cuerpos de seres humanos que se tenían en la morgue improvisada, 9 de ellos correspondían a mujeres y el resto a hombres. Hasta el 2 de enero del 2017 se firmó un  “Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres” con el que se normalizó el procedimiento.

Se dio un plazo de un año para conseguir un sitio definitivo para el alojamiento de los cuerpos, pero para el 2018 la situación no mejoró. Los cadáveres continuaron apilándose. En ese año se acumularon mil 468 cuerpos, en la sede oficial del instituto y en 8 oficinas regionales, señalaron los investigadores.

Cotero intentó persuadir a Roberto López Lara, exsecretario de general del Gobierno del Estado de que iniciara el procedimiento para que trabajara en un solución, pero de acuerdo con el exfuncionario, la relación con su superior se desgastó a raíz de que contradijo la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco sobre el caso de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) respecto a que habrían sido disueltos en ácido por miembros del crimen organizado.

Tres meses después de ese episodio, la hija de Cotero desapareció y no recibió apoyo de las autoridades, el propio Cotero estuvo a la espera de ver llegar el cuerpo de su hija a las instalaciones.

En agosto de 2018 las condiciones se tornaron más críticas. Los trabajadores del Semefo temían sufrir contagios debido a la acumulación de cadáveres, la refrigeración fallaba, los cuerpos emanaban fluidos y los peritos temían que la concentración de gases provocara un incendio.

La solución del exsecretario de Gobierno fue contratar un tráiler adicional. Cotero lo aceptó con la condición de que el primero fuera retirado de las instalaciones del IJCF. El vehículo fue sacado del lugar y abandonado cerca de un fraccionamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ahí permaneció abandonado por 16 horas con la cámara de refrigeración averiada.

La investigación completa se encuentra en este enlace:

Jalisco: La verdad de los “tráileres de la muerte”

 

 

 

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