Jeanine Añez es arrestada y trasladada a la Fiscalía de La Paz para rendir declaración

Jeanine Añez es arrestada y trasladada a la Fiscalía de La Paz para rendir declaración

El ministro de Gobierno de Bolivia confirmó el arresto de Jeanine Añez, ex presidenta interina de Bolivia. Este sábado fue trasladada a la Fiscalía de La Paz para que presente su declaración. 

Jeanine Añez calificó la orden de aprehensión en su contra y de sus colaboradores como un acto de persecución política a pesar de que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó las represiones que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas bajo en su mando en contra de manifestantes.

La madrugada del sábado Carlos Eduardo del Castillo, ministro del Gobierno de Bolivia confirmó la detención de Jeanine Añez Chávez, expresidenta interina de Bolivia con cargos de terrorismo, sedición y conspiración. De acuerdo con medios locales, la exintegrante del partido Unidad Democrática fue detenida en un domicilio de la ciudad de Beni donde se habría ocultado en el interior de una cama.

La expresidenta interina fue trasladada a la sede de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen (Felcc) y más tarde enviada en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a la Fiscalía de La Paz en donde se encuentra en espera de rendir su declaración.

Previo a su detención, Añez Chávez publicó a través de las redes sociales la orden de aprehensión en su contra, así como de exmilitares, exfuncionarios de su gabinete y miembros del partido Unidad Democrática al que renunció hace unos meses.


En el documento se señala que los delitos por los que se le acusa a ella y sus colaboradores son terrorismo, sedición y conspiración. Añez negó los cargos y sostiene que es víctima de persecución política llevado a cabo por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político al que pertenece Evo Morales  y al que señaló de llevar una dictadura en Bolivia.

Entre los señalados por  la Fiscalía Especializada de Anticorrupción y Legitimación de ganancias ilícitas, Delitos aduaneros, y tributarios, también se menciona a Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz y expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien es señalado por su probable participación en la ejecución del golpe de Estado llevado a cabo en 2019, y que orilló al expresidente Evo Morales a renunciar a su cargo y exiliarse del país.

«La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones», expresó la expresidenta interina.

Un día antes de que Añez fuera arrestada, las autoridades bolivianas también lograron la captura de Rodrigo Guzmán, exministro de Energía, y Álvaro Coimbra, extitular de Justicia.

En tanto que varios mandos militares, entre ellos, Palmiro Jarjuri, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Mendieta se mantienen prófugos de la justicia. En el documento, se requiere su presencia ante las autoridades de Bolivia al señalar que se han reunido elementos suficientes para probar su participación en los delitos señalados, así como por el alto riesgo de fuga que presentan.

Durante el 2019, Añez fue señalada por ordenar represiones violentas en contra de los manifestantes que se opusieron al golpe de Estado y al nombramiento de Añez como presidenta interina de Bolivia.

Al respecto, la CIDH documentó que las Fuerzas Armadas reprimieron de manera violenta las movilizaciones llevadas a cabo en diversas ciudades del país. Estas represiones tuvieron como saldo decenas de muertos y heridos por armas de fuego y el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y objetos contundentes.

Las protestas se llevaron a cabo en un contexto generalizado de represión que dio lugar a dos hechos de extrema violencia conocidos como las masacres de Sacaba y Senkata.

El 15 de noviembre del 2019, 11 personas fueron asesinadas por mandos policiales de Bolivia en Sacaba y otras 120 resultaron heridas. El 19 de noviembre del mismo año, se registraron otras 11 muertes y 78 heridos en Senkata. La defensoría del Pueblo calificó estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

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