Ángela María Buitrago Ruíz, integrante del grupo, advirtió que existen elementos suficientes para afirmar que las autoridades orquestaron una simulación desde el primer momento en que ocurrieron las represiones del 26 de septiembre del 2014.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) dio a conocer, durante la presentación del tercer informe de la investigación sobre Ayotzinapa, nueva evidencia de que el Estado Mexicano puso en marcha una operación sistemática para falsificar documentos y testimonios en el caso, con el fin ocultar y alterar la evidencia, y apuntalar la «verdad histórica», que desde el inicio echaba agua por todos lados.
Tras siete años de peritajes, el GIEI confirmó que desde el primer día, las autoridades de los tres niveles de Gobierno pretendieron no tener información y fabricaron evidencia para no verse involucrados. Ocultaron y alteraron información, negaron tener conocimiento de los hechos, y generaron elementos para tender una puesta en escena, en la que supuestamente desconocían qué sucedió la noche de las desapariciones, así como el contexto de violencia que había generado la presencia del crimen organizado en Iguala.
AGENTES FINGEN SER TESTIGOS
A partir del 27 de septiembre del 2014, en Guerrero, y posteriormente a nivel federal, las autoridades llevaron a cabo una serie de llamadas telefónicas que supuestamente eran realizadas por personas anónimas, quienes proporcionaban información sobre el caso. De acuerdo con Buitrago, estas llamadas fueron realizadas por funcionarios de la exProcuraduría General de la República (PGR), en un momento en que tenían prisa por consolidar la «verdad histórica» respecto a que los 43 normalistas fueron asesinados por miembros del crimen organizado.
En octubre, la extinta PGR realizó atestaciones de funcionarios púbicos que fueron integradas con documentos falsos. A partir de ese mes, simularon una serie de detenciones en las que no coincidían ni las fechas de captura, ni los lugares donde fueron detenidos los sospechosos. La fabricación de evidencia llegó al punto en que se realizaron puestas a disposición ante un Ministerio Público (MP) falsas.
Los investigadores encontraron que tarjetas informativas de autoridades de la policía y bitácoras eran falsas, incluso se cambió el número de identificación de patrullas de las fuerzas policiales locales que participaron en las detenciones. Después, se fabricaron actas de diligencia de la PRG con las que se iniciaron averiguaciones contra las personas que firmaron estos documentos.
La tercera entrega del GIEI aportó elementos que evidencian que el caso de Ayotzinapa fue estructurado a partir de evidencia falsa o manipulada, y el empleo de testigos, muchos de los cuales, fueron sometidos a tortura para que dieran versiones a modo. El GIEI también señaló que como parte de esta operación sistemática de omisiones y ocultamiento de la verdad, 22 personas que tenían información clave sobre el caso, fueron asesinadas o se encuentran ilocalizables.
«Unos [sospechosos] eran del crimen organizado, otros funcionarios y otros testigos, personas que han declarado, y que ya no aparecen esas personas. No sabemos qué ha pasado con ellos, pero ya no se encuentran, y no son ubicables», afirmaron los miembros del GIEI.
El GIEI pudo obtener evidencia crucial, que debió ser entregada desde el primer día, tras siete años de investigaciones, y hasta que lograron acceder a una entidad de inteligencia. De manera reciente, han obtenido información que estaba clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se hizo referencia a que el presidente Enrique Peña Nieto se arrepintió de suscribirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que había ordenado que se desacreditaran los informes del grupo de expertos, incluso se etiquetó a algunos miembros como «revoltosos».
Ángela María Buitrago Ruíz, integrante del grupo, advirtió que existen elementos suficientes para afirmar que las autoridades orquestaron una simulación desde el primer momento en que ocurrieron las represiones del 26 de septiembre del 2014. Las torturas que se aplicaron a los detenidos fueron consignadas en informes del Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dañaron de manera considerable la investigación.
