Iniciativa de Reforma a la Ley Minera presentada por AMLO es señalada de supuesto plagio

Iniciativa de Reforma a la Ley Minera presentada por AMLO es señalada de supuesto plagio

En las redes sociales señalan 14 párrafos de la iniciativa presentada por el presidente al Congreso de la Unión, que son idénticos a los que contiene el texto de Jaime Cárdenas, extitular del Indep.

El usuario de Twitter Eduardo Saavedra acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de plagiar la exposición de motivos en la iniciativa de Reforma a la Ley Minera, aprobada este lunes en lo general por la Cámara de Diputados, y con la que se busca nacionalizar el litio.

Según el usuario, en el documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria hay líneas completas copiadas del texto «El saqueo continuo de las riquezas mineras», de Jaime Cárdenas García, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tiene fecha de publicación de febrero de este año.

Jaime Cárdenas García fue ex diputado del Partido del Trabajo (PT) del 2009 al 2012, y exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), cargo que solo ocupó unos meses durante el 2020, debido a que renunció por sostener diferencias con el presidente López Obrador.

Tras renunciar a la titularidad del Indep, Cárdenas sostuvo en una entrevista radiofónica que » [AMLO] cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos, y yo decidí que lo mejor para el bien de la institución [era presentar la renuncia]».

En las redes sociales señalan 14 párrafos de la iniciativa presentada por el presidente al Congreso de la Unión, que habrían sido plagiados del texto de Cárdenas publicado en febrero pasado.

«La minería en México ha representado en los últimos treinta años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros. 1 Se ha permitido sin restricciones la minería a cielo abierto, se han contaminado ríos y mantos freáticos, se ha utilizado irracional e irresponsablemente el agua superficial y subterránea, se han causado daños al medio ambiente y a la salud de miles de personas. El beneficio para los mexicanos y para los trabajadores del sector ha sido magro, pues los derechos laborales y a la seguridad social previstos en la Constitución, en los tratados y en las leyes son muchas veces letra muerta —se aplican normas oficiales de carácter administrativo por encima y en contra de los derechos humanos reconocidos en los principios supremos del ordenamiento jurídico nacional y supranacional—. La nación y sus integrantes han perdido con políticas extractivistas que no respetan a las poblaciones, a los territorios de los pueblos ni a la naturaleza. Casi el 60% del territorio nacional se encuentra concesionado a las actividades mineras. Los titulares de las concesiones especulan con ellas y obtienen créditos —otorgan como garantía del pago los títulos de concesión entregados por el gobierno mexicano— en el mercado bancario y financiero nacional e internacional, y en demérito de los derechos al territorio de los pueblos originarios y de los intereses nacionales. En la explotación minera, las contribuciones se pagan exclusivamente al fisco federal —y no al de las entidades federativas y municipios— y son proporcionalmente exiguas en relación con la riqueza particular obtenida. 2 Es momento de poner alto a tan grave despojo a la nación.

Jurídicamente, debemos asumir que el modelo económico de nuestra Constitución —artículos 25, 26, 27 y 28— no es enteramente de economía de mercado, sino de economía mixta, según la reforma constitucional de 1983. Eso significa que los principios de la economía de mercado no son absolutos en nuestro orden constitucional. En México existen actividades que por su importancia corresponden a la nación […]», señala uno de los párrafos que habrían sido plagiados en la iniciativa.

La reforma a la Ley Minera fue aprobada este lunes en la sesión ordinaria con 298 votos a favor y 197 abstenciones, debido a que los diputados de oposición abandonaron el recinto tras ser rechazada una moción suspensiva para exigir que la iniciativa fuera analizada en comisiones. Tras ser aprobado en la Cámara Baja, el dictamen fue turnado a comisiones del Senado de la República para su análisis.