Un juez del Estado de México vinculó a proceso este jueves a Carlota “N”, la mujer de 70 años que disparó contra presuntos ocupantes de su vivienda en el municipio de Chalco, dejando un saldo de dos personas muertas. La medida también se impuso a sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, quienes estuvieron presentes durante el ataque ocurrido el pasado 1 de abril.
La Fiscalía mexiquense imputó a la adulta mayor por homicidio calificado con ventaja en contra de un adolescente de 19 años y un hombre de 51. Sus hijos fueron procesados por tentativa de homicidio, y todos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el juicio.
Durante la audiencia celebrada el 10 de abril, la defensa de Carlota argumentó que la mujer actuó en legítima defensa, pues abrió fuego solo después de escuchar una detonación dentro del domicilio en disputa. No obstante, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para proceder penalmente contra los tres.
El caso ha generado una intensa movilización en redes sociales y en calles del Estado de México y la capital del país. Este miércoles, vecinos de Iztapalapa se manifestaron afuera del penal estatal de Huitzilzingo, donde está recluida la acusada, exigiendo su liberación.
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se sumó públicamente a la causa y ofreció asistencia legal para Carlota. A través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó:
“Voy a pedirle a mi equipo legal que se ponga en contacto con la señora para ayudarla, hay que establecer un precedente: en este México corrupto en el que vivimos, DEBEMOS y TENEMOS EL DERECHO de defender nuestra propiedad y a nuestras familias, porque los delincuentes que nos gobiernan NO HACEN SU TRABAJO, no garantizan nuestra seguridad y los derechos humanos solo sirve. para proteger a los criminales. Si están de acuerdo y quieren unirse a la defensa del derecho a protegernos y proteger nuestra propiedad, son bienvenidos al lado del bien”.
Salinas Pliego recibió numerosas críticas en días pasados debido a que intentó realizar cobros excesivos a los usuarios de los servicios de Internet que ofrece su empresa TotalPlay a partir de un esquema que llamó Internet Simétrico, mediante el que limitaría el número de megas consumidos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino y revirtió la medida.
El caso comenzó a escalar tras la difusión de un video grabado por la propia Carlota el 1 de abril, minutos antes del tiroteo. En las imágenes se ve a la mujer reclamando la recuperación de su vivienda, presuntamente ocupada por inquilinos a los que, según dijo, no rentó directamente.
En esa misma grabación, Carlota denuncia un presunto despojo y el robo de muebles y pertenencias, como una recámara de más de 25 mil pesos, ropa de marca y dinero en efectivo. La denuncia había sido formalizada por su hija Mariana el 27 de marzo.
Aunque algunos testimonios de los ocupantes indicaban que contaban con un contrato de arrendamiento, la tensión escaló cuando se negaron a abandonar el inmueble sin pruebas fehacientes de propiedad. Minutos después, se registraron las detonaciones que dejaron a dos personas sin vida.
El hijo de Carlota, el exdiputado y actual integrante de Morena, Arturo Santana Alfaro, asistió a la audiencia y aseguró que su familia seguirá el proceso legal conforme a derecho.
“Aquí vamos a estar con ella hasta el final (…) los verdaderos delincuentes están gozando de su libertad”, declaró a medios.
El proceso continúa mientras crece el debate nacional sobre el derecho a la legítima defensa frente a ocupaciones ilegales y sobre la criminalización de adultos mayores en conflictos por la propiedad.