La primera entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió alertas en algunos de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del país. Las revisiones dejaron al descubierto montos por aclarar en obras de transporte, agua y energía que, en conjunto, reflejan riesgos de ejecución y posibles retrasos en la entrega de capital público. Al mismo tiempo, el Banco de México (Banxico), en su Informe Trimestral correspondiente al primer trimestre de 2025 publicado en mayo, confirmó que la inversión fija bruta mantiene una trayectoria negativa, con una obra pública que sigue perdiendo fuerza desde mediados de 2023, particularmente en transporte y urbanización. Es decir, justo en los sectores donde más observaciones hizo la Auditoría.
En materia hídrica, la ASF documentó inconsistencias en proyectos estratégicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El programa Agua Saludable para La Laguna, con una muestra auditada de 2,444 millones de pesos, dejó sin comprobar 85.7 millones. El Acueducto Yaqui, en Sonora, arrojó observaciones por 10.9 millones sobre un gasto revisado de 552.2 millones, mientras que el Acueducto El Cuchillo II, en Nuevo León, registró 27.9 millones pendientes de justificar de un universo auditado de 654.9 millones. Incluso la modernización del acueducto Río Colorado-Tijuana presentó irregularidades: aunque se lograron recuperar 475.5 miles de pesos durante la auditoría, quedaron 1.2 millones por aclarar.
El transporte no se quedó atrás. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acumuló montos por aclarar que alcanzan 70.7 millones de pesos en total. En el Tren Suburbano Lechería-AIFA, sobre una muestra de 1,408 millones de pesos, se detectaron inconsistencias por 27.2 millones. El Tren Interurbano México-Toluca sumó dos frentes con problemas: la estación Vasco de Quiroga y adecuaciones asociadas, que dejaron 6.1 millones sin justificar de un gasto auditado de 291.6 millones; y el viaducto atirantado del Manantial y el doble voladizo, que concentraron 13.8 millones en observaciones sobre un presupuesto revisado de 466.1 millones. A esto se añaden los 10.5 millones pendientes en la modernización de la estación de combustibles del Aeropuerto de Cancún, cuya muestra ascendió a 182.3 millones, y los casi 13 millones detectados en la reubicación de la plaza de cobro 127 de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en Querétaro, donde se auditó un gasto de 256.2 millones.
En términos contables, la ASF aclara que estas cantidades no representan aún recuperaciones plenas, sino “montos por aclarar”, es decir, recursos que no fueron suficientemente justificados o documentados al cierre de la auditoría. El procedimiento subsecuente puede derivar en la presentación de pliegos de observaciones, el instrumento mediante el cual se notifica un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública. En otras palabras, se trata de focos amarillos que, si no se solventan, pueden transformarse en focos rojos.
La lectura de Banxico confirma que estas irregularidades no se producen en el vacío. El banco central observa que, a inicios de 2025, la inversión fija bruta se debilitó tanto en construcción como en maquinaria y equipo. Dentro del sector construcción, la edificación privada mostró un ligero repunte, pero la obra no residencia, que incluye la obra pública, acentuó su tendencia a la baja. El informe destaca que las construcciones impulsadas por el sector público mantienen una trayectoria descendente desde los picos alcanzados a mediados de 2023, con una contracción más marcada en transporte y urbanización, así como en proyectos de petróleo y petroquímica. A ello se suma que los indicadores de confianza empresarial se mantienen por debajo de los 50 puntos, reflejando el pesimismo de los industriales respecto al clima de inversión.
La coincidencia entre ambas fuentes es evidente: mientras la ASF revela fallas de planeación, supervisión o documentación en proyectos clave de transporte y agua, Banxico apunta a estos mismos rubros como los que más lastran la inversión. La consecuencia inmediata es doble. Por un lado, se compromete la eficacia del gasto público como palanca contracíclica en un año en que el propio banco central recortó su previsión de crecimiento del PIB 2025 a apenas 0.1 por ciento, con un intervalo que incluso permite terreno negativo. Por el otro, se erosiona la confianza de contratistas y proveedores que dependen de pagos y cronogramas ciertos para sostener su actividad.
Los efectos económicos no son menores. En el sector de transporte, las observaciones en el Suburbano hacia el AIFA y en los viaductos del Tren Interurbano sugieren que los retrasos podrían posponer beneficios de movilidad urbana y regional, además de diluir los encadenamientos productivos en industrias como cemento, acero y servicios de ingeniería. En el caso de los acueductos, la falta de ejecución oportuna en proyectos como Agua Saludable o El Cuchillo II implica costos de oportunidad elevados para la productividad agrícola e industrial, justo en un contexto en el que el propio Banxico advierte niveles bajos de almacenamiento en presas y un impacto creciente de la sequía sobre la inflación no subyacente, especialmente en alimentos.
Hacia adelante, el reto para el gobierno es doble: solventar los montos observados por la Auditoría y reactivar la obra pública en los rubros estratégicos que hoy frenan la inversión. De lograrse, el impacto negativo podría moderarse en el segundo semestre de 2025 y ayudar a sostener la demanda agregada en un año en que el crecimiento económico luce prácticamente estancado. Si no, las obras seguirán avanzando a trompicones, y la inversión pública continuará perdiendo capacidad para apuntalar el desarrollo en un entorno de alta incertidumbre.
