La Suprema Corte de Justicia de la Nación se instalará el próximo 1 de septiembre bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortíz, mientras dos de los casos más emblemáticos de corrupción y violaciones a derechos humanos en México, los de Emilio Lozoya y Tomás Zerón, permanecerán pendientes de resolución, generando incertidumbre sobre el rumbo de la justicia en el país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se instalará el próximo 1 de septiembre por la noche en una sesión solemne y republicana, anunció el ministro electo Hugo Aguilar Ortíz, quien asumirá la presidencia del máximo tribunal del país a partir de esa fecha.
A poco más de una semana de la ceremonia, dos de los casos más emblemáticos de la corrupción y la impunidad del antiguo régimen seguirán pendientes: el de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pieza clave en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
Con la instalación de la nueva presidencia de Hugo Aguilar Ortíz, la SCJN enfrentará de inmediato la responsabilidad de dar seguimiento a casos de alto perfil, como los de Emilio Lozoya y Tomás Zerón.
La forma en que la SCJN maneje estos casos puede reforzar o debilitar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, especialmente en temas de corrupción y derechos humanos.
La percepción de impunidad o retrasos prolongados podría alimentar críticas sobre la efectividad del máximo tribunal.
El caso de Emilio Lozoya
Lozoya, único implicado aún con proceso abierto por la trama de Odebrecht, ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
De acuerdo con Milenio, Lozoya presentó un escrito ante la SCJN solicitando la recusación de dos ministros, a quienes acusó de tener vínculos con el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. La medida busca que estos ministros no participen en el análisis de un amparo promovido por Lozoya para impugnar la condena civil por daño moral impuesta en su contra tras un litigio con la periodista Lourdes Mendoza.
El expediente, identificado como 555/2024, corresponde a un juicio ordinario civil por daño moral, pago de indemnización económica y otras prestaciones, en el marco de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, así como de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información.
El caso de Tomás Zerón
Por su parte, la Primera Sala de la SCJN rechazó estudiar el amparo promovido por Zerón de Lucio, con el que buscaba anular la orden de aprehensión en su contra dictada en abril de 2021, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El acuerdo, firmado el 13 de junio por la ministra presidenta de la sala, Loretta Ortiz Ahlf, instruye devolver el expediente al primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, para que esa instancia resuelva el caso. Las razones de la Corte no fueron publicadas.
Zerón, actualmente prófugo en Israel, había impugnado la constitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), fundamento de la orden de captura emitida el 23 de abril de 2021, por delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos vinculado al caso Ayotzinapa.
Con la renovación de la SCJN, ambos casos quedarán en espera de resolución, mientras el nuevo presidente, Hugo Aguilar Ortíz, asume la conducción del tribunal en un contexto marcado por la revisión de procesos clave de la justicia mexicana.
Con información de Milenio y La Jornada.
