El Gobierno de España aprobó el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial y lo remitió al Congreso de los Diputados. La norma todavía debe completar su trámite parlamentario, pero ya marca la ruta con la que España busca adaptar a su legislación nacional el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
El proyecto no crea desde cero el marco europeo de IA. Ese papel corresponde al Reglamento de IA de la Unión Europea, aprobado en 2024, que establece obligaciones para proveedores y responsables del despliegue de sistemas de inteligencia artificial dentro del mercado europeo. Lo que hace España es construir la arquitectura nacional para aplicarlo: autoridades de supervisión, régimen sancionador, coordinación institucional y reglas para el uso de IA en el sector público.
De acuerdo con el Gobierno español, el proyecto identifica a los organismos encargados de supervisar el cumplimiento del Reglamento de IA y establece las sanciones aplicables. También incorpora medidas para fomentar la adopción de inteligencia artificial en el sector público estatal bajo criterios de seguridad, supervisión humana y confianza.
Uno de los puntos centrales es la creación de un sistema nacional de vigilancia. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá un papel relevante en los ámbitos no cubiertos por autoridades sectoriales específicas. En otros sectores, como productos sanitarios, vehículos, juguetes, maquinaria o protección de datos, intervendrán los organismos competentes ya existentes. La intención es que la IA no sea tratada como una categoría abstracta, sino según el ámbito donde produce efectos.
El proyecto también establece un régimen de sanciones. En los casos más graves, las multas pueden llegar hasta 35 millones de euros o 7% del volumen de negocio global de la empresa infractora. La lógica es similar a otras regulaciones europeas de alto impacto: las sanciones deben ser suficientemente fuertes para alcanzar a grandes compañías tecnológicas, no solo a pequeños operadores.
Otro aspecto relevante es el tratamiento de los contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial. El marco europeo ya contempla obligaciones de transparencia para ciertos sistemas y contenidos sintéticos, incluidos deepfakes y textos generados con IA cuando sean publicados para informar al público sobre asuntos de interés general. España incorpora esta lógica dentro de su proyecto nacional y la vincula con la supervisión de usos considerados especialmente sensibles.
La norma también pone atención en los deepfakes sexuales y en las herramientas de “nudificación”. El Gobierno español ha destacado la prohibición de sistemas de IA destinados a generar contenido sexual explícito o íntimo no consentido, así como material de abuso sexual infantil. Esta parte del proyecto responde a una preocupación creciente por el uso de IA generativa para fabricar imágenes íntimas falsas, especialmente contra mujeres, adolescentes y niñas.
La discusión, sin embargo, no se limita al territorio español. El Reglamento Europeo de IA contempla supuestos de aplicación a proveedores o responsables ubicados fuera de la Unión Europea cuando sus sistemas se comercialicen, se pongan en servicio o generen resultados utilizados dentro de la Unión. Esto no significa que cualquier contenido extranjero leído en España quede automáticamente sometido a sanciones, pero sí muestra que la regulación europea está pensada para operar sobre sistemas y resultados que producen efectos dentro del espacio europeo.
Ese punto es importante para medios, creadores, plataformas y empresas tecnológicas fuera de Europa. La pregunta no se reduce a si una noticia, una imagen o un video fue producido en otro país, sino a cómo circula, si fue generado o manipulado con IA, si puede confundirse con contenido real, si se dirige a usuarios europeos o si forma parte de un servicio automatizado utilizado dentro de la Unión.
En términos prácticos, el debate abre una nueva etapa para la circulación internacional de contenidos sintéticos. Una imagen generada con IA, un audio clonado, un video manipulado, una pieza publicitaria o una herramienta automatizada pueden producir efectos fuera del país donde fueron creados. La regulación europea intenta responder a esa realidad ampliando el foco desde el lugar de producción hacia el lugar de uso o impacto.
El proyecto español también mira hacia dentro del Estado. Además de regular empresas y proveedores, incorpora medidas para la adopción de IA en el sector público estatal. Entre ellas está la creación de inventarios de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos. Esa parte es relevante porque reconoce que el Estado no solo debe vigilar la inteligencia artificial usada por particulares o empresas, sino también identificar y ordenar sus propios usos automatizados.
En conjunto, la ley española busca convertir el Reglamento Europeo de IA en una estructura nacional de aplicación. Sus ejes principales son supervisión, sanciones, transparencia, protección frente a usos prohibidos y gobernanza pública. Su importancia no está únicamente en lo que regula, sino en el modelo institucional que empieza a construir: una administración capaz de ubicar sistemas de IA, asignar responsabilidades y sancionar incumplimientos.
Para América Latina, el caso español poría ser observado como referencia. México, por ejemplo, ya ha visto reformas locales sobre inteligencia artificial, como la llamada Ley Serrano en San Luis Potosí, presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como una solución punitivista para el uso indebido de IA al suplantar identidad o generar alarma social. Organizaciones y periodistas han advertido que ese tipo de normas pueden afectar la libertad de expresión si se construyen con categorías amplias o se aplican de manera punitiva.
Ese contexto no convierte a la ley española en un modelo automático para México, pero sí vuelve relevante seguir su trámite. La diferencia entre una arquitectura de gobernanza y una legislación punitiva puede estar en los detalles: autoridades independientes, definiciones precisas, mecanismos de defensa, proporcionalidad de sanciones, límites al uso estatal de IA y garantías para la libertad de expresión.
España todavía no tiene una ley definitiva. Tiene un proyecto aprobado por el Gobierno y enviado al Congreso. Pero el debate que abre ya rebasa sus fronteras: cómo regular la inteligencia artificial cuando los sistemas, los contenidos y sus efectos circulan por internet más rápido que las jurisdicciones nacionales.
