La orden ejecutiva de Donald Trump evita crear licencias obligatorias, pero establece benchmarks clasificados y un marco voluntario para que el gobierno revise modelos avanzados hasta 30 días antes de su liberación a socios confiables.
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para promover la innovación y seguridad en inteligencia artificial avanzada, con un objetivo central: convertir los modelos frontera en parte de la infraestructura de ciberdefensa de Estados Unidos.
El decreto, firmado por Donald Trump el 2 de junio, no crea una licencia obligatoria para lanzar modelos de IA. Al contrario, aclara expresamente que nada en el texto debe interpretarse como autorización para imponer requisitos obligatorios de licencia, preaprobación o permiso gubernamental para desarrollar, publicar, lanzar o distribuir nuevos modelos, incluidos modelos frontera.
Pero esa renuncia a la preaprobación obligatoria no elimina la revisión. La transforma.
La orden instruye a varias agencias federales a crear un proceso clasificado de evaluación para medir las capacidades cibernéticas avanzadas de los modelos de IA. Ese proceso servirá para determinar cuándo un sistema debe ser considerado un covered frontier model, una categoría reservada para modelos frontera con capacidades relevantes para ciberseguridad nacional.
La orden de Trump no obliga formalmente a Anthropic a colaborar con usos militares irrestrictos, pero cambia el terreno político. Al convertir los modelos frontera en activos de ciberseguridad nacional, la Casa Blanca aumenta la presión sobre empresas que mantienen límites éticos propios. Anthropic puede participar en pruebas y defensa cibernética sin abandonar sus restricciones, pero si el gobierno vuelve a exigir acceso para “todo uso legal”, el conflicto con el Pentágono puede reactivarse.
La determinación quedará en manos del director de la Agencia de Seguridad Nacional, en consulta con el National Cyber Director, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, representantes del Departamento de Guerra y la oficina presidencial de ciencia y tecnología.
El punto más delicado del decreto está en el acceso anticipado. La Casa Blanca ordena diseñar un marco voluntario para que desarrolladores de IA puedan dar al gobierno federal acceso a modelos frontera cubiertos hasta 30 días antes de liberarlos a otros socios confiables. Ese acceso deberá estar sujeto a requisitos de confidencialidad, ciberseguridad, riesgo interno, protección de propiedad intelectual, uso y no divulgación.
La versión final del decreto muestra una negociación política. Días antes, Trump había frenado una versión más dura que habría abierto la puerta a una revisión gubernamental previa de modelos avanzados antes de su lanzamiento. Según reportes de prensa, la presión de la industria tecnológica y la preocupación de la Casa Blanca por no frenar la competencia con China llevaron a suavizar el alcance de la orden.
El resultado es una fórmula intermedia: no hay preaprobación obligatoria, pero sí un canal para que el gobierno vea, pruebe y clasifique modelos frontera antes de que circulen entre socios externos. En lugar de crear una licencia previa, la Casa Blanca optó por una arquitectura voluntaria, clasificada y centrada en seguridad nacional.
La orden también instruye a CISA a emitir directrices para acelerar la defensa cibernética de sistemas civiles del gobierno federal y facilitar acceso a herramientas de ciberseguridad habilitadas por IA. El texto menciona explícitamente a agencias federales, autoridades estatales y locales, y operadores de infraestructura crítica como hospitales rurales, bancos comunitarios y servicios públicos locales.
Otro componente es la creación de una cámara de compensación de ciberseguridad con IA. El Departamento del Tesoro, en consulta con la NSA, CISA y otras instancias, deberá formar un AI cybersecurity clearinghouse en colaboración voluntaria con la industria de IA y operadores de infraestructura crítica. Su función será coordinar escaneos de vulnerabilidades, validar fallas, priorizar remediación y distribuir parches.
La orden también endurece el enfoque penal contra el uso de IA en intrusiones informáticas. Instruye al fiscal general a priorizar la aplicación de leyes federales contra quienes utilicen IA para acceder ilegalmente, dañar sistemas informáticos, robar datos o facilitar otros delitos. El texto menciona de forma explícita el uso de agentes de IA para acceder ilegalmente a datos o información.
El decreto no debe leerse como una regulación general de IA. Su centro está en ciberseguridad, infraestructura crítica y seguridad nacional. La Casa Blanca no está proponiendo revisar todos los sistemas de IA antes de su lanzamiento, sino identificar modelos avanzados con capacidades cibernéticas sensibles y construir mecanismos para evaluarlos junto con la industria.
Aun así, el marco voluntario puede tener efectos prácticos importantes. Las grandes empresas de IA podrían tener incentivos para participar si quieren mantener una relación de confianza con el gobierno estadounidense, acceder a circuitos de infraestructura crítica o presentarse como proveedores seguros. Lo que formalmente no es una licencia puede convertirse en un estándar de facto para los desarrolladores de modelos frontera.
La señal de fondo es que Estados Unidos está entrando en una etapa distinta de gobernanza de IA: menos regulación pública general y más coordinación cerrada entre agencias de seguridad, proveedores de modelos frontera e infraestructura crítica. La disputa ya no se limita a quién innova más rápido, sino a quién puede ver, probar y clasificar los modelos antes de que entren en circulación.
Trump se echó para atrás de una revisión previa obligatoria. Pero no abandonó la idea de que el Estado debe tener una ventana sobre los modelos más sensibles. La cambió de forma: de preaprobación regulatoria a acceso anticipado voluntario, clasificado y orientado a ciberdefensa.
