La Unión Europea y los Estados participantes aportarán hasta 10 mil millones de euros mediante la compra anticipada de capacidad computacional. El mecanismo busca reducir el riesgo de proyectos industriales capaces de movilizar al menos otros 20 mil millones de inversión privada, aunque la mayor parte de los recursos europeos dependerá del próximo presupuesto comunitario.
La Unión Europea abrió una licitación para establecer hasta siete gigafábricas de inteligencia artificial, grandes instalaciones destinadas a entrenar, ajustar y ejecutar modelos avanzados. La iniciativa estará dirigida por consorcios industriales y contará con hasta 10 mil millones de euros en recursos públicos europeos y nacionales, con los que la Comisión espera movilizar al menos 20 mil millones adicionales de inversión privada. En lugar de construir directamente los centros de datos o entregar la totalidad del dinero como subsidio, las autoridades europeas se comprometerán a comprar una parte de su capacidad computacional durante varios años.
La convocatoria revela un modelo económico distinto del utilizado por las grandes plataformas estadounidenses. Empresas como Microsoft, Alphabet y Meta financian sus propios centros de datos mediante ingresos procedentes de la nube, el software empresarial o la publicidad. Europa, en cambio, busca utilizar el poder de compra del sector público para reducir el riesgo inicial de infraestructuras construidas y operadas por empresas privadas, sin asumir directamente todos los costos de instalación y funcionamiento.
Las nuevas instalaciones no serán fábricas de chips. El término “gigafábrica” se refiere a centros de cómputo que integrarán procesadores especializados, almacenamiento de alta capacidad, redes de alta velocidad, plataformas de nube, herramientas de software y sistemas de energía y enfriamiento. Deberán cubrir el ciclo completo de los modelos de IA, desde el desarrollo y entrenamiento hasta la inferencia a gran escala, y ofrecer servicios a investigadores, empresas emergentes, industrias, universidades y autoridades públicas.
El sector público funcionará como cliente ancla
El mecanismo central de la convocatoria consiste en una compra anticipada y garantizada de tiempo de cómputo. La empresa o consorcio seleccionado deberá financiar la construcción, operar la instalación y encontrar clientes comerciales; la Unión Europea y los Estados participantes se convertirán en clientes ancla, con contratos de largo plazo que aseguren una parte de la demanda desde el comienzo de las operaciones. La licitación define el acuerdo como un contrato directo de servicios y no como una transferencia para cubrir libremente los costos del proyecto.
Cada gigafábrica requerirá, de manera indicativa, una inversión de entre 4 mil y 5 mil millones de euros. La aportación europea se realizará mediante pagos periódicos a un precio previamente acordado, a cambio de capacidad computacional disponible durante un periodo fijo de cinco años. La participación de la Unión estará limitada, además, a un máximo de 17% de la inversión en la infraestructura informática de cada proyecto. Los terrenos, edificios, servicios generales, preparación del sitio, gastos operativos y cualquier costo no cubierto por esa definición deberán ser financiados por el consorcio.
El esquema busca resolver un problema que afecta a cualquier centro de datos de gran escala: las instalaciones necesitan inversiones enormes antes de contar con suficientes clientes. Al comprometerse a adquirir una parte de la capacidad, los gobiernos disminuyen el riesgo de que los procesadores permanezcan sin utilizar durante los primeros años y facilitan que los consorcios obtengan financiamiento privado. A cambio, las autoridades europeas aseguran acceso a infraestructura para investigaciones, servicios públicos, empresas emergentes y proyectos considerados estratégicos.
Los consorcios tendrán un plazo máximo de 18 meses, contado desde la firma de los primeros contratos, para instalar los procesadores correspondientes a la fase inicial y superar una auditoría técnica. A partir de ese momento comenzarán los pagos públicos y el periodo operativo de cinco años. Si se activa la segunda fase, las empresas dispondrán de hasta 12 meses adicionales para completar la ampliación de las instalaciones.
Dos tamaños de gigafábricas
La licitación está dividida en dos modalidades. La primera permitirá seleccionar hasta cuatro proyectos de escala media; la segunda, hasta tres instalaciones de gran escala. La capacidad se expresa mediante unidades equivalentes a una GPU NVIDIA H100, utilizadas como referencia para comparar el rendimiento de distintos tipos y generaciones de procesadores. El documento aclara que los consorcios no están obligados a utilizar ese modelo y deberán proponer la tecnología de última generación que se encuentre disponible cuando comience el despliegue.
En los proyectos de escala media, la Unión aportará inicialmente hasta 100 millones de euros, que deberán ser igualados al menos por uno o varios Estados participantes. Una segunda fase podría sumar hasta 400 millones adicionales por instalación. En los proyectos de gran escala, la aportación europea inicial será de hasta 200 millones y podría crecer posteriormente en otros 800 millones, también acompañados por una contribución nacional equivalente.
La referencia en número de procesadores muestra la dimensión de las instalaciones, pero no constituye un límite máximo. Los consorcios podrán proponer infraestructuras todavía mayores, aunque no recibirán recursos europeos adicionales por superar los topes establecidos. La convocatoria señala que las gigafábricas deberán alcanzar entre tres y cuatro veces la capacidad de las instalaciones europeas de IA más potentes actualmente disponibles.
Los 10 mil millones todavía no están completamente disponibles
La cifra de 30 mil millones de euros describe la inversión que la Comisión espera movilizar, no una bolsa pública que ya se encuentre completamente aprobada. La Unión Europea prevé aportar hasta 5 mil millones de euros, igualados por los Estados participantes para alcanzar hasta 10 mil millones de recursos públicos. De ese monto europeo, sólo mil millones corresponden al marco financiero vigente para 2021-2027. Los otros 4 mil millones dependerán de la aprobación del presupuesto comunitario para 2028-2034, de futuros programas de financiamiento y de que exista una institución sucesora de la actual empresa común EuroHPC.
La primera fase cuenta, por tanto, con compromisos más firmes. La expansión posterior permanece sujeta tanto a las decisiones presupuestarias de la Unión como al cumplimiento de los objetivos técnicos y contractuales de cada consorcio. Las aportaciones proyectadas después de 2027 son indicativas y todavía deberán atravesar negociaciones entre las instituciones europeas y los Estados miembros.
Esta estructura permite que la Unión inicie los proyectos con recursos disponibles y seleccione desde ahora instalaciones capaces de crecer, pero también introduce incertidumbre sobre la escala final. Un proyecto podrá ser aprobado con la obligación de presentar un plan vinculante para alcanzar entre 75 mil y 100 mil aceleradores, aunque los contratos de la segunda fase sólo se activarán si los recursos futuros son autorizados.
Soberanía europea con procesadores extranjeros
La convocatoria está diseñada como una política de soberanía tecnológica. La entidad coordinadora de cada proyecto deberá estar constituida en la Unión Europea y encontrarse efectivamente controlada por empresas europeas o ciudadanos de Estados miembros. Los datos operativos, metadatos y sistemas centrales deberán permanecer bajo jurisdicción europea y quedar protegidos frente a solicitudes o interferencias derivadas de legislaciones extraterritoriales.
Los consorcios podrán contratar proveedores o adquirir tecnologías extranjeras, pero deberán demostrar que esas relaciones no comprometen la administración de las instalaciones, la protección de los datos ni el control estratégico. La Unión exige que las funciones centrales de orquestación, administración y supervisión permanezcan bajo responsabilidad europea, incluso cuando una parte del hardware, el software o los servicios especializados proceda de terceros países.
Esa condición muestra también los límites actuales de la autonomía europea. La región busca controlar la ubicación, los datos, el acceso y la gobernanza de sus centros de cómputo, pero todavía depende de cadenas internacionales para obtener muchos de los aceleradores, sistemas de red y componentes de memoria necesarios. La propia convocatoria utiliza el rendimiento de la NVIDIA H100 como unidad de medida, aunque permite emplear GPU, TPU u otras arquitecturas equivalentes o superiores.
La soberanía planteada por la UE no significa, por tanto, fabricar en Europa cada componente del sistema. Consiste principalmente en mantener bajo control europeo la infraestructura crítica, las decisiones de operación, el acceso a la capacidad y la información producida por las instalaciones, mientras se intenta fortalecer gradualmente la cadena regional de software y hardware.
La infraestructura también requerirá energía a gran escala
Las gigafábricas deberán demostrar que cuentan con conexiones eléctricas, sistemas de enfriamiento y capacidad de expansión suficientes. En la segunda fase, los proyectos de escala media deberán prepararse para una carga informática mínima de 120 megavatios y los de gran escala para al menos 150 megavatios. Las propuestas tendrán que presentar acuerdos de conexión con las redes eléctricas, calendarios de energización, sistemas de redundancia y previsiones sobre enfriamiento y rechazo de calor.
La evaluación otorgará importancia al uso de energía renovable o baja en carbono, la reducción del consumo de agua, la reutilización del calor y la eficiencia de los centros de datos. La convocatoria también contempla que los entrenamientos menos urgentes puedan desplazarse hacia horarios con mayor disponibilidad de electricidad limpia, una posibilidad que convierte la operación de los modelos en una variable de gestión energética.
La necesidad de asegurar entre 120 y 150 megavatios muestra que la selección de sedes no dependerá únicamente del talento tecnológico o de los incentivos económicos. Los proyectos requerirán acceso estable a redes eléctricas, agua o sistemas alternativos de enfriamiento, terrenos, conectividad y permisos de construcción. En ese sentido, la política europea de IA se convierte también en una política industrial, territorial y energética.
Una infraestructura superior a las actuales fábricas de IA
Europa ya opera una red de 19 fábricas de IA asociadas con sus supercomputadoras, además de centros regionales que facilitan el acceso a empresas emergentes, pequeñas compañías e investigadores. Las nuevas gigafábricas ocuparán un nivel superior: estarán diseñadas para manejar modelos de frontera, entrenamientos extensos e inferencia a gran escala, además de ofrecer entornos seguros de nube y servicios especializados.
La convocatoria fue publicada el 30 de julio y permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre de 2026. EuroHPC evaluará las propuestas con especialistas técnicos y financieros, elaborará una clasificación para cada modalidad y ofrecerá contratos a los proyectos mejor evaluados dentro de los límites presupuestarios disponibles.
La iniciativa muestra que la carrera mundial por la IA no se limita a desarrollar mejores modelos. Estados y empresas también compiten por asegurar procesadores, electricidad, centros de datos, redes y clientes capaces de financiar esas instalaciones durante varios años. Estados Unidos ha dejado gran parte de esa expansión en manos de las grandes plataformas tecnológicas; Europa intenta construir una alternativa mediante consorcios industriales respaldados por compras públicas.
El modelo no elimina el riesgo ni garantiza que los 30 mil millones de euros previstos lleguen a materializarse. La inversión privada dependerá de que los proyectos encuentren suficientes clientes comerciales, la ampliación estará condicionada por presupuestos todavía no aprobados y una parte importante del hardware continuará procediendo de proveedores extranjeros. Sin embargo, la licitación introduce una decisión económica concreta: Europa no esperará a que aparezca espontáneamente un mercado regional de cómputo avanzado, sino que utilizará la demanda pública para ayudar a construirlo.
