América Latina comienza a construir modelos distintos, y en ocasiones opuestos, para gobernar la relación de niñas, niños y adolescentes con redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial.
México inició una consulta nacional para elaborar una propuesta de regulación sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. A poco más de 1,200 kilómetros de su frontera sur, El Salvador avanza en una dirección distinta: prepara la introducción de Grok, el modelo de inteligencia artificial de xAI, como tutor educativo en todas las escuelas públicas del país.
Las dos decisiones parten de una preocupación semejante: las tecnologías digitales ya intervienen de manera directa en la formación, la atención y la vida cotidiana de las infancias. Sin embargo, ofrecen respuestas casi opuestas. México abre una discusión sobre los límites que deberían imponerse a las plataformas; El Salvador apuesta por incorporar una de ellas como infraestructura del sistema educativo.
El Gobierno mexicano anunció que organizará foros regionales para recopilar opiniones de especialistas, docentes, estudiantes y familias antes de presentar una propuesta al Congreso. La discusión incluirá los efectos de las redes sociales sobre la salud mental, la educación digital, la inteligencia artificial y los mecanismos algorítmicos que favorecen el uso continuo de las plataformas. Por ahora, no existe un proyecto de ley ni se han definido edades mínimas, sistemas de verificación o sanciones para las empresas.
Grok entra al sistema educativo salvadoreño
En diciembre de 2025, el gobierno de Nayib Bukele y xAI anunciaron un programa para utilizar Grok como tutor de inteligencia artificial en las más de 5,000 escuelas públicas de El Salvador.
La herramienta ofrecerá experiencias de aprendizaje adaptadas al ritmo y nivel de cada estudiante, alineadas con el currículo nacional. El proyecto también busca asistir a docentes y extender el acceso a tutorías personalizadas tanto en zonas urbanas como rurales.
El anuncio fue presentado como el primer despliegue nacional de un sistema educativo basado en IA. Sin embargo, el comunicado oficial no detalla qué versión de Grok se utilizará, qué mecanismos independientes evaluarán sus respuestas ni cómo se administrarán los datos generados por más de un millón de estudiantes.
Tampoco explica con precisión qué contenidos estarán bloqueados, quién auditará los posibles sesgos del modelo o qué posibilidades tendrán las familias para rechazar su utilización.
La apuesta resulta particularmente relevante porque Grok es desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk vinculada a la red social X. El modelo no ingresaría únicamente como una herramienta ocasional dentro de una clase, sino como una plataforma capaz de acompañar el aprendizaje individual dentro de todo el sistema público.
En ese escenario, la inteligencia artificial adquiere una función que tradicionalmente pertenecía a instituciones educativas, editoriales, docentes y autoridades curriculares: decidir qué explicación ofrecer, qué ejemplos seleccionar y cómo responder cuando un estudiante formula una pregunta.
Brasil obliga a las plataformas a proteger a los menores
Brasil representa el modelo regulatorio más avanzado de la región. En septiembre de 2025 promulgó la Ley 15.211, conocida como Estatuto Digital de la Niña, el Niño y el Adolescente, y considerada una de las más estrictas del mundo, que establece obligaciones específicas para aplicaciones, redes sociales, videojuegos y otros servicios digitales utilizados por menores.
La legislación fue reglamentada en 2026 y dio origen a una política nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. El decreto también autoriza la creación de un centro nacional para recibir y procesar notificaciones relacionadas con posibles vulneraciones.
El enfoque brasileño no descansa únicamente en la vigilancia familiar. Traslada responsabilidades hacia las compañías que diseñan y operan los servicios digitales, con reglas sobre privacidad, tratamiento de datos, contenidos peligrosos y protección por defecto. Las redes sociales y plataformas de videojuegos deben aplicar mecanismos seguros y auditables, y las cuentas de menores de 16 años requieren vinculación con un tutor legal y obliga a desactivar funciones diseñadas para prolongar la permanencia de los menores, como el desplazamiento infinito.
Brasil parte de la idea de que una niña o un adolescente no se encuentra en igualdad de condiciones frente a empresas que conocen su comportamiento, predicen sus intereses y optimizan algoritmos para mantener su atención.
Argentina lleva al Congreso los límites de edad
Argentina todavía no cuenta con una ley nacional específica, pero durante 2026 se presentaron proyectos que buscan regular directamente el acceso de menores a las redes sociales.
Una de las iniciativas prohíbe a las empresas habilitar cuentas a personas menores de 13 años y exige consentimiento parental para parte de la adolescencia. También propone sistemas robustos de verificación de edad y sanciones que podrían alcanzar hasta el 30 por ciento de la facturación mensual de las plataformas.
Otro proyecto plantea configuraciones reforzadas de seguridad y privacidad por defecto, además de límites a funciones como las recomendaciones algorítmicas, la reproducción automática y las métricas de popularidad en cuentas de menores. Sus fundamentos sostienen que las interfaces no son neutrales y que muchas fueron diseñadas para capturar y monetizar la atención.
La discusión argentina se aproxima así al modelo brasileño: no considera suficiente pedir a las familias que supervisen a sus hijos, sino que propone intervenir sobre las decisiones técnicas y comerciales de las plataformas.
Tres modelos para una misma infancia digital
Las estrategias de México, Brasil y El Salvador muestran que América Latina todavía no tiene una posición común frente a la infancia digital.
Brasil impone obligaciones a las compañías. Argentina discute edades mínimas, verificación y diseño seguro. México abre una consulta nacional antes de formular una propuesta. El Salvador, en cambio, convierte a un modelo privado de inteligencia artificial en parte de su infraestructura educativa.
Las diferencias también revelan una pregunta que todavía no ha sido resuelta: por qué una plataforma puede ser considerada un riesgo para la salud mental y la autonomía infantil en un país, mientras en otro se le asigna la función de orientar el aprendizaje de millones de estudiantes.
Redes sociales y tutores educativos no son exactamente la misma clase de servicio. Grok dentro de una escuela podría operar bajo restricciones distintas de las que aplica en X o en su versión pública. Aun así, ambos entornos dependen de modelos algorítmicos desarrollados por empresas privadas, cuyos datos de entrenamiento, criterios internos y procesos de decisión no son completamente visibles para estudiantes, familias o docentes.
El problema regional no consiste solamente en decidir a qué edad puede abrirse una cuenta. También implica definir qué sistemas pueden intervenir en la educación de un menor, qué información pueden recopilar, quién evalúa sus respuestas y qué autoridad responde cuando la tecnología se equivoca.
Los próximos foros mexicanos tendrán que resolver si la futura propuesta se limitará a establecer controles familiares y restricciones de acceso o si, como Brasil y algunos proyectos argentinos, colocará obligaciones directas sobre el diseño de las plataformas.
El caso salvadoreño añade una pregunta más incómoda: mientras unos gobiernos buscan proteger a las infancias de los algoritmos, otros comienzan a delegarles una parte de su educación.
