El presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional por los riesgos que representa para la red eléctrica de Estados Unidos la dependencia de equipos fabricados en el extranjero, una decisión que la Casa Blanca vincula expresamente con el rápido crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada y la producción militar.
La orden ejecutiva 14420, firmada el 26 de agosto, no declara una emergencia por falta de electricidad. El gobierno estadounidense sostiene que componentes extranjeros utilizados en la infraestructura eléctrica pueden incorporar vulnerabilidades capaces de facilitar sabotaje, acceso no autorizado, interrupciones de suministro o acciones remotas maliciosas. El aumento del consumo eléctrico relacionado con la IA aparece en el documento como una razón por la que las consecuencias de una eventual interrupción serían ahora mayores.
“Desde mi primer mandato, la amenaza para Estados Unidos relacionada con el suministro extranjero de equipos del sistema eléctrico a gran escala se ha vuelto aún más grave”, señala la orden. La Casa Blanca menciona específicamente el rápido crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial junto con la manufactura avanzada y la producción de defensa como actividades que han incrementado la dependencia del país de un suministro abundante y confiable de electricidad.
La declaración permite al secretario de Energía utilizar facultades derivadas de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legislación que concede amplios poderes al presidente frente a amenazas originadas total o sustancialmente fuera de Estados Unidos. Entre otras medidas, el gobierno podrá impedir determinadas adquisiciones, importaciones, transferencias o instalaciones de equipo extranjero destinado al sistema eléctrico cuando concluya que existe un riesgo inaceptable para la seguridad nacional o la infraestructura crítica.
No es una prohibición contra todo equipo extranjero
La orden no establece una prohibición automática sobre cualquier componente fabricado fuera de Estados Unidos. Para bloquear una operación, el secretario de Energía deberá determinar que el equipo, alguno de sus componentes críticos, su software, firmware, servicios digitales, mantenimiento o capacidad de acceso remoto está relacionado con una entidad extranjera cubierta por la regulación y representa un riesgo indebido.
Esos riesgos pueden incluir sabotaje, subversión, acceso no autorizado, acciones remotas maliciosas, interrupciones del suministro o consecuencias potencialmente catastróficas para la infraestructura crítica o la economía estadounidense.
La definición de “entidad extranjera cubierta” incluye países sujetos a determinados embargos de armas o regímenes de sanciones estadounidenses, así como compañías o personas controladas por ellos. Pero también permite al gobierno incorporar otras entidades cuando los responsables de Energía, inteligencia y seguridad nacional consideren que realizan actividades perjudiciales para la seguridad o la política exterior de Estados Unidos.
China no aparece mencionada por nombre en la nueva orden. Reuters, sin embargo, sitúa la decisión dentro de la preocupación estadounidense por el equipamiento energético chino y recuerda los temores por dispositivos de comunicación y accesos remotos encontrados en algunos equipos utilizados por sistemas de energía.
El antecedente es todavía más explícito. Durante el primer mandato de Trump, una orden similar de 2020 permitió al Departamento de Energía prohibir determinados equipos destinados a instalaciones eléctricas vinculadas con infraestructura de defensa cuando fueran fabricados o suministrados por entidades relacionadas con China. El propio Departamento sostuvo entonces que Pekín representaba un riesgo para el sistema eléctrico estadounidense.
Transformadores, baterías, inversores y hasta el software
El alcance de la nueva orden es considerable. Puede abarcar transformadores de subestaciones, generadores, turbinas, inversores conectados a la red, sistemas de almacenamiento mediante baterías, sistemas de alimentación ininterrumpida para infraestructura crítica, interruptores de alta tensión, equipos de medición y sistemas industriales de control.
La regulación también permite evaluar el software y firmware que acompaña a esos equipos, sus mecanismos de actualización y mantenimiento, capacidades de acceso remoto y otras dependencias de la cadena de suministro.
El concepto de sistema eléctrico a gran escala utilizado por la orden abarca, en términos generales, redes de transmisión de 69 kilovoltios o más, así como instalaciones y sistemas de control necesarios para operar esa red. La distribución eléctrica local queda expresamente fuera de esa definición.
Esto significa que la emergencia no está orientada directamente a los servidores dentro de un centro de datos ni a las GPU con las que se entrenan los modelos de IA. Actúa sobre una capa anterior y cada vez más estratégica: la infraestructura eléctrica que permite mantenerlos funcionando.
Estados Unidos podrá revisar equipos que ya están instalados
Una de las facultades más importantes de la orden afecta a equipos comprados antes de su entrada en vigor. Si el Departamento de Energía determina que algún componente extranjero ya instalado representa un riesgo para la seguridad nacional, podrá imponer condiciones para continuar utilizándolo.
Las medidas contempladas incluyen identificar, aislar, monitorear y proteger los equipos, pero llegan también a permitir su desconexión, sustitución o retirada. Antes de ordenar alguna de estas últimas acciones, Energía deberá considerar sus efectos sobre la estabilidad de la red, la disponibilidad de alternativas seguras y la continuidad de servicios esenciales. También podrá implementar reemplazos gradualmente.
El mecanismo convierte así componentes tecnológicos que durante años pudieron ser tratados principalmente como decisiones de compra en posibles activos de seguridad nacional. Un transformador, un inversor o un controlador industrial puede ser evaluado no sólo por sus especificaciones técnicas y precio, sino por quién lo fabricó, qué código utiliza, cómo recibe actualizaciones y si existe alguna capacidad para acceder a él desde el exterior.
Las primeras reglas deberán aparecer en 120 días
La orden todavía necesita regulación para definir buena parte de su aplicación. El secretario de Energía tiene un plazo de 120 días para publicar las reglas necesarias y podrá establecer qué países o empresas deben ser considerados entidades extranjeras cubiertas, qué fabricantes o componentes merecen mayor escrutinio y bajo qué condiciones se podrían autorizar operaciones que de otro modo quedarían prohibidas.
El Departamento también podrá crear una lista de fabricantes y equipos previamente aprobados para futuras compras.
En paralelo, el gobierno comenzará a identificar equipos actualmente instalados que considere susceptibles de sabotaje, acceso remoto o interrupción y deberá formular recomendaciones para inventariarlos, aislarlos, monitorearlos o sustituirlos.
La orden incorpora además un componente explícitamente industrial. En 180 días, el Departamento de Energía deberá presentar recomendaciones para modificar las reglas federales de contratación y priorizar la compra de infraestructura energética fabricada en Estados Unidos. El Consejo de Regulación de Adquisiciones Federales tendrá otros 90 días para considerar las modificaciones.
La seguridad de la red queda así unida a otra política central de Washington: reducir la dependencia tecnológica del extranjero y trasladar cadenas de suministro estratégicas hacia territorio estadounidense.
Una política que regresa con una diferencia: ahora está la IA
Trump ya había utilizado prácticamente la misma lógica durante su primer gobierno. En mayo de 2020 declaró que la dependencia de equipos eléctricos controlados por adversarios extranjeros constituía una amenaza extraordinaria y otorgó al Departamento de Energía facultades para restringirlos.
Tras asumir la presidencia en enero de 2021, Joe Biden suspendió aquella orden durante 90 días mientras su gobierno revisaba la política. El Departamento de Energía posteriormente retiró la prohibición específica aprobada en diciembre de 2020 y abrió un proceso para desarrollar una estrategia diferente de seguridad de las cadenas de suministro energéticas.
La preocupación por la vulnerabilidad de la red eléctrica frente a actores extranjeros, por tanto, no es nueva. Lo que cambió entre ambas órdenes es el contexto tecnológico.
En 2020, la inteligencia artificial y los centros de datos no aparecían como uno de los principales argumentos para justificar la emergencia. En 2026, la Casa Blanca los coloca directamente entre las actividades que están elevando el valor estratégico de la electricidad.
El crecimiento de la IA está obligando a construir centros de datos con demandas energéticas cada vez mayores, pero también está convirtiendo en infraestructura estratégica nacional a elementos mucho menos visibles: transformadores, inversores, baterías, turbinas, controladores industriales y el código que permite operarlos.
La preocupación de Washington ya no consiste únicamente en producir suficientes chips o conseguir suficiente energía para la carrera de inteligencia artificial. También debe preguntarse quién fabricó la infraestructura que transporta esa electricidad, qué software la controla y quién podría acceder a ella desde fuera del país.
