Estados Unidos incluye a Brasil en nuevos controles sobre chips de IA para limitar el acceso remoto desde China

Estados Unidos incluye a Brasil en nuevos controles sobre chips de IA para limitar el acceso remoto desde China

El Departamento de Comercio estadounidense introduce licencias para exportar semiconductores avanzados a cinco países y restringe el acceso a capacidad computacional desde territorios sujetos a controles. La medida coincide con la entrada en vigor de incentivos fiscales brasileños para desarrollar centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el 16 de noviembre de 2026 nuevas restricciones sobre semiconductores avanzados y servicios de computación destinados a empresas ubicadas en países sujetos a controles tecnológicos. Según la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), la disposición incluye a Brasil, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia entre los destinos que deberán obtener licencias para determinadas importaciones, reexportaciones y transferencias de chips de inteligencia artificial. La medida también busca impedir que empresas chinas utilicen centros de datos establecidos en terceros países para acceder de forma remota a capacidad computacional estadounidense restringida.

La disposición, titulada Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors, modifica los Reglamentos de Administración de Exportaciones (EAR) mediante dos mecanismos principales: nuevos requisitos de licencia para determinados destinos y restricciones al uso final de infraestructura de computación avanzada. El documento establece que estas medidas responden a preocupaciones de seguridad nacional y política exterior, particularmente por el posible empleo de sistemas estadounidenses para desarrollar modelos de IA con aplicaciones militares o de inteligencia.

Brasil entra en una nueva categoría de controles

Según el texto regulatorio, los cinco países fueron seleccionados porque presentan un riesgo de desvío de tecnología superior al habitual. La clasificación introduce un requisito de licencia para exportar, reexportar o transferir dentro de esos territorios determinados circuitos integrados, equipos de computación avanzada y otros productos tecnológicos sujetos a los controles estadounidenses. El reglamento no presenta públicamente pruebas individualizadas de que empresas brasileñas hayan participado en operaciones ilegales de suministro de chips a China.

Las solicitudes serán evaluadas caso por caso. De acuerdo con la sección 742.6 del documento, el BIS considerará si las operaciones son contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, así como la efectividad de los mecanismos nacionales de control de exportaciones y la cooperación de cada país con las autoridades estadounidenses. La inclusión de Brasil no constituye, por tanto, una prohibición general de importar chips de IA, sino la incorporación de nuevas condiciones administrativas para acceder a determinados productos.

El reglamento contempla una excepción para las operaciones destinadas a empresas cuya sede principal o matriz última se encuentra en Estados Unidos. En esos casos, el nuevo requisito de licencia aplicable a los cinco países no se exige cuando los exportadores cumplen las obligaciones de información establecidas en la sección 743.10. Estas incluyen reportes mensuales con datos de las empresas participantes, destinos, clasificación de los productos, cantidades y capacidad de procesamiento. La excepción no elimina otras restricciones que pudieran corresponder a la operación.

Esta distinción podría tener consecuencias para el desarrollo de infraestructura brasileña: una empresa nacional y una filial de una compañía estadounidense podrían enfrentar requisitos diferentes para adquirir determinados aceleradores de IA, aun cuando ambas operen centros de datos en Brasil. Sin embargo, el documento no permite establecer todavía cuántos proyectos resultarían afectados ni cuáles serían sus costos adicionales.

El acceso remoto también queda bajo control

La segunda parte de la disposición amplía los controles estadounidenses más allá del traslado físico de semiconductores. Según la nueva sección 744.24, se requerirá una licencia cuando determinados equipos avanzados estén destinados a centros de datos, ubicados en cualquier país, que proporcionen acceso a más de 12 millones de unidades agregadas de rendimiento total de procesamiento, conocidas como TPP, a empresas establecidas en Macao o en países del Grupo D:5, entre ellos China. El umbral puede alcanzarse mediante un solo centro de datos o varios centros conectados digitalmente.

El indicador TPP es una medida regulatoria de capacidad de procesamiento asociada con los circuitos integrados sujetos a control. No representa una cantidad fija de servidores ni una equivalencia universal entre diferentes generaciones de GPU. Para determinar su aplicación deben examinarse las características técnicas de los equipos y la capacidad agregada disponible para los usuarios comprendidos en la disposición.

El nuevo control también considera los servicios prestados mediante intermediarios. De acuerdo con el BIS, una empresa que no pertenece al Grupo D:5 podría quedar comprendida si utiliza infraestructura avanzada para entrenar modelos por encargo de compañías establecidas en territorios restringidos. Por ello, operadores de centros de datos, fabricantes y exportadores deberán realizar verificaciones sobre sus clientes, incluidas las estructuras de propiedad y control empresarial. El reglamento excluye de este nuevo requisito ciertos sistemas comerciales de recomendación, como los utilizados en comercio electrónico y redes sociales.

Brasil acaba de aprobar incentivos para atraer centros de datos

El anuncio estadounidense coincide con una etapa de expansión de la política brasileña de infraestructura digital. El 15 de septiembre de 2026, Brasil sancionó el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centros de Datos (REDATA), una legislación orientada a estimular inversiones nacionales y extranjeras mediante incentivos fiscales para equipos tecnológicos. Según el Ministerio de Hacienda brasileño, el programa incluye instalaciones destinadas al almacenamiento de información, computación en la nube, procesamiento de alto rendimiento y entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial.

REDATA contempla cinco años de suspensión de determinados tributos sobre la adquisición de componentes electrónicos y equipos informáticos, tanto nacionales como importados. A cambio, las empresas beneficiarias deben asumir compromisos de sostenibilidad, suministro eléctrico mediante fuentes limpias, eficiencia hídrica e inversión local. El régimen también exige destinar al mercado brasileño al menos el 10% de la capacidad efectiva de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos, además de realizar inversiones nacionales equivalentes al 2% del valor de los productos adquiridos con los beneficios fiscales.

La interacción de ambas políticas abre una cuestión para la industria tecnológica brasileña. Mientras el Gobierno de Brasil busca reducir los costos de instalación y adquisición de equipos para centros de datos, Estados Unidos introduce controles adicionales sobre el acceso a determinados semiconductores utilizados en esas instalaciones. REDATA no queda suspendido ni invalidado por la disposición estadounidense, pero los proyectos que dependan de tecnología comprendida en los nuevos controles podrían necesitar autorizaciones adicionales para adquirirla.

Washington sustituye la política de difusión de IA de Biden

El reglamento también formaliza la revocación de la AI Diffusion Rule, publicada durante la administración de Joe Biden en enero de 2025. Según el BIS, aquella disposición nunca llegó a aplicarse y su retirada había sido anunciada en mayo de ese año. El nuevo texto elimina la clasificación previa de países por niveles de acceso a tecnología avanzada y retira los controles específicos sobre los pesos de modelos de inteligencia artificial establecidos en aquella regulación, para concentrarse en requisitos vinculados con destinos, usuarios y usos finales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva disposición fue elaborada por instrucción del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El BIS sostiene que su propósito es impedir que las restricciones existentes sean eludidas mediante contratos de computación remota en terceros países, sin obstaculizar los usos comerciales legítimos de la tecnología estadounidense.

Una regulación pendiente de publicación definitiva

El documento fue presentado como una regla final provisional (interim final rule), pero la versión publicada por el BIS todavía conserva campos pendientes para su fecha de aparición en el Federal Register. El texto señala que las nuevas disposiciones entrarán en vigor cuando se publiquen oficialmente en ese registro y contempla un periodo de 60 días para recibir comentarios. Los centros de datos que ya proporcionen servicios sujetos al nuevo control de acceso remoto deberán obtener una licencia dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor si desean continuar esas operaciones. Ese plazo no equivale a una suspensión general de la regulación durante 90 días.

La inclusión de Brasil entre los destinos sujetos a licencias introduce así un nuevo factor regulatorio para los proyectos regionales de infraestructura de IA. La medida no establece una prohibición general de desarrollar centros de datos ni demuestra que las empresas brasileñas estén desviando tecnología hacia China. Sin embargo, documenta la creciente intervención de Estados Unidos sobre las condiciones de adquisición y utilización de capacidad computacional avanzada, incluso cuando los centros de datos se encuentran fuera de su territorio.

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