La empresa Audi, que fabrica vehículos de alta gama en Puebla, ofreció a los trabajadores un aumento por 6.5 por ciento, que implica una diferencia notable con la exigencia de los trabajadores, quienes desde 2023 habían advertido que se irían a paro si no se alcanzaba un acuerdo. Las negociaciones fallidas fueron supervisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los trabajadores de la planta automotriz Volkswagen de México S.A de C.V, de nombre comercial Audi, emplazaron a huelga al no llegar a un acuerdo salarial entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) y la unidad local de la empresa fabricante de vehículos de alta gama.
La huelga estalló este miércoles [24.1.24], a las 11:00 horas, al fracasar las negociaciones de un aumento salarial y otros desacuerdos en la revisión del contrato. Los trabajadores habían advertido que podrían irse a paro desde enero de 2023. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo laboral.
Así estalló la huelga en AUDI México, tras no llegar a un acuerdo salarial. La primera en Puebla y la primera importancia en el país.#Mexico #ParoGeneral pic.twitter.com/vecpROS3sT
— Helisut Córdova (@HelisutCordova) January 24, 2024
Sin embargo, en el arranque del 2024, la empresa solo ha autorizado un incremento del 6.5 por ciento (5 por ciento aplicado al salario y 1 por ciento en prestaciones), mientras que la demanda de los agremiados es por 14 por ciento.
Las banderas rojinegras fueron colocadas en la fachada de la planta automotriz en cuenta se escucharon las alarmas para iniciar la jornada.
Las instalaciones ubicada en San José Chiapa, en Puebla, cuentan con una plantilla laboral de más de 4 mil trabajadores de los cuales 800 son eventuales, según explicó un líder sindical a medios de comunicación.
Los trabajadores dijeron a La Jornada que no tienen certeza de que la empresa germana reconozca la legitimidad de la huelga. Las negociaciones que fracasaron fueron supervisadas por Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social.
Tras el estallido de la huelga, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un comunicado en el que expresó que a pesar de que es un recurso legítimo, «pone en riesgo la estabilidad laboral de la empresa» y afecta futuras inversiones en Puebla.
