La libertad de expresión es un derecho humano universal. Sin embargo, no es interpretado de la misma manera por los gobiernos y actores implicados en su problematización. En medio de una intensa agenda legislativa instalada en la mayoría de los países occidentales en busca de regular la desinformación e incrementar la vigilancia de usuarios en las redes sociodigitales y la prensa, existe asimetría entre el nivel de análisis y discusión de los conceptos: libertad de expresión, desinformación y discurso de odio, entre quienes toman las decisiones y los afectados por estas.
El derecho a la libertad de expresión se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en occidente tiene pocos detractores. Sin embargo, su problematización no siempre es la misma, pues varía de acuerdo con la corriente política desde donde se interpreta el concepto.
Los contrastes se intensifican cuando se habla de regulaciones y gobernanza en las plataformas digitales. Lo que para un gobierno de derecha es natural en el ejercicio de la libertad de expresión -como el enfoque en la individualidad-, para un régimen socialdemócrata puede ser un exceso, y prefiere apostar por la vigilancia del Estado para garantizar un equilibrio.
El concepto de libertad de expresión surgió en el contexto de la Ilustración Europea, en el siglo XVII y se adoptó como un derecho en la Primera Enmienda de la Constitución de EU, en 1791. Esta interpretación ha tenido alcances internacionales.
En 1949, en el contexto de la irrupción de la radio y la televisión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consignó en el Artículo 19, a la libertad de expresión como un derecho humano.
En la actualidad, el debate sobre la regulación de la libertad de expresión, la erradicación del discurso de odio y el control de la desinformación en medios digitales ha congregado a voces diversas, e incluso contrapuestas, que aportan interpretaciones desde diferentes corrientes políticas y poderes. Mientras que se intenta impulsar una agenda regulación ya con retrasos, para hacer frente a la pérdida de control que los estados nación manifiestan en el espacio digital.
Los gobiernos de centroderecha de Europa no opinan lo mismo sobre la libertad de expresión que los gobiernos socialdemócratas o de izquierda de América Latina, no impulsan iniciativas de regulación con el mismo enfoque, ni se interpreta la expresión sobre temas de política de la misma manera. Mientras que la ubicuidad de la Internet facilita que diversas fuerzas y poderes deliberen sobre cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales más allá de los estados nación.
Una ley local puede exigir a los proveedores de Internet que registren datos de geolocalización y en el mismo país, otra ley puede exigir que los contenidos de los usuarios sean retirados de una plataforma por infringir la propiedad intelectual, o los derechos de autor, entre otras regulaciones que pertenecen a legislaciones extranjeras.
De manera que se configura un mapa global de regulaciones que atienden a preocupaciones desde diferentes escalas, legislaciones y corrientes políticas. Aquí dejamos las lecturas de algunas de ellas:
DESDE LA DERECHA
Los gobiernos y organizaciones de derecha tienden a interpretar la libertad de expresión como una libertad individual, por lo que suelen mostrar resistencia a la intervención del Estado en la regulación.
Uno de los principales defensores de estas libertades individuales fue Friedrich Hayek, referente de la Escuela Austriaca, que impulsó el neoliberalismo. Uno de sus postulados: «El fin de la democracia es la preservación de la propiedad privada, la libertad individual y la vida», inspiró a los partidarios de esta corriente para inferir que la democracia solo es un medio para alcanzar la libertad económica, que consideran la base de las libertades individuales, incluyendo la expresión. Desde esta perspectiva, no admiten injerencias en la satisfacción de necesidades individuales y únicamente aceptan un marco de responsabilidades ciudananas.
Javier Milei, presidente de Argentina, identificado con la derecha libertaria, se acerca a la premisa de Hayek, respecto a la consideración de que la democracia alberga en su interior una vena totalitarista, que brota cuando se ponderan los deseos de las masas a interferir la libertad económica.
El 10 de abril de 2024, Milei publicó un posicionamiento titulado «Libertad de expresión. Para todos», en el que condenó a los medios de comunicación por corromperse y responder a los intereses del oficialismo y de la clase política, acusándoles incluso de prácticas de extorsión.
Frente al quinto poder, Milei se posicionó junto con su partido, como un contrapeso que resiste y que reclama un ejercicio de la libertad de expresión desde la individualidad del ciudadano, sin conceder autoridad a los medios masivos de ser las únicas voces.
Milei sostuvo un posicionamiento similar al prohibir la toma de calles y desciudadanizar la protesta. En el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” justificó la vulneración de la libre reunión, asociación y libertad de expresión para garantizar que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”.
Para Milei, el derecho a la libertad de expresión no es exclusivo de las masas, sino una libertad individual. En su texto sobre la libertad de expresión concluyó: «Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas».
1 lata de gas pimienta = 12 kg de arroz
1 cartucho de bala de goma = 4 paquetes de fideos
1 hora de operativo de represión = 420 jubilaciones mínimasMilei, Pettovello, Bullrich. PLATA HAY… pic.twitter.com/KbWr4GbqNe
— M (@MConurbasic) April 10, 2024
DEMOCRACIA LIBERAL
La democracia liberal busca un equilibrio en el que la libertad individual coexista en un entorno donde se garantice el bien común. En los últimos años, Europa ha iniciado un proceso en el que busca regular la libertad de expresión. Estas iniciativas, en algunas ocasiones han derivado en excesos bajo fundamentaciones ideológicas e interpretaciones subjetivas y vagas de la desinformación.
En marzo, la Eurocámara dio luz verde a la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, que incrementa los mecanismos de seguridad para periodistas y evita la censura de las plataformas digitales. Sin embargo, también obliga a los medios a revelar sus fuentes de financiación y mantener en sus cargos a directivos y miembros del consejo por tiempos determinados, con el objetivo de evitar la manipulación política. Se ha prohibido que los portales informativos sean anónimos y deben transparentar los fondos públicos que han recibido.
La nueva ley apunta para todas direcciones. Por un lado, incrementa los mecanismos de seguridad y libertad de prensa; por el otro, impone más regulaciones y vigilancia a la prensa para evitar la instrumentalización y manipulación políticas.
En la Ley de Inteligencia Artificial se justificó la exigencia de implementación de soluciones técnicas para identificar contenidos creados por IA con el objetivo de reducir el riesgo de desinformación. El concepto de desinformación a manudo es definido de manera unilateral y desde un posicionamiento político. Esta interpretación puede llegar a ser demasiado rígida e impedir la libre expresión a partir de criterios subjetivos.
La interpretación que la democracia liberal hace de la libertad de expresión permite regulaciones limitadas y específicas que buscan frenar las expresiones catalogadas como desinformación, o reforzar el combate a la seguridad nacional, aunque mantienen un limite para evitar que la censura sea generalizada.
SOCIALDEMOCRACIA
La socialdemocracia tiene un enfoque similar a la democracia liberal sobre la libertad de expresión, en específico, respecto a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación y las libertades individuales, pero difieren en el enfoque. La democracia liberal prioriza la autonomía individual, opta por intervenciones limitadas del Estado y considera que la autorregulación es parte importante en el ejercicio de la libertad de expresión; en tanto que la socialdemocracia se enfoca en el bien común y promueve una regulación más amplia para garantizar que la desinformación no afecte a los ciudadanos.
Una ley emblemática promovida desde la socialdemocracia fue la Ley de Aplicación de Redes conocida como NetzDG o Ley Facebook, que fue aprobada en el 2017 por el Parlamento Alemán. Esta legislación implicó una serie de medidas para regular el discurso de odio y la desinformación, entre las que destacaron: que las plataformas digitales con más de 2 millones de usuarios en Alemania, debían eliminar contenido considerado como ilegal en un plazo de 24 horas. Se impusieron multas desproporcionadas. Las empresas que no cumplieran, recibían multas por hasta 50 millones de euros. Las plataformas también debían entregar informes bianuales sobre el contenido ilegal.
Esta ley surgió del reclamo del exministro de Justicia, Heiko Maas, quien consideró que la eliminación de comentarios de odio en plataformas digitales con presencia en Alemania era insuficiente y pidió mayor presión a los corporativos. Aunque el objetivo era combatir el crecimiento del discurso de odio, la desinformación y evitar que las personas se radicalizaran, diversas organización civiles se posicionaron en contra de la iniciativa, al considerar que podría fomentar prácticas de censura excesivas.
El exrelator Especial de las Naciones Unidas para la Protección de la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, consideró que algunas partes de la ley se contraponían al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el diplomático, entre los problemas que presentó esta ley se encontraron los criterios ambiguos para que los proveedores de los servicios calificaran como ilegal un contenido y las multas máximas desproporcionadas.
Aunque esta ley fue desarrollada por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), en colaboración con la coalición Partidos de la Unión, la centroderecha ha impulsado leyes similares en otros países, es el caso de la «Ley para Combatir el Odio en Internet», conocida como Ley Avia, impulsada por el partido La République En Marche! (LREM), de centroderecha, que fue aprobada por el Parlamento Francés en 2020, que más tarde fue declarada inconstitucional. Esta ley recibió críticas por sus definiciones amplias sobre el discurso de odio, que podrían incurrir en censura.
En México han surgido iniciativas para intentar regular las redes sociodigitales en el marco de la 4T. Sin embargo, las leyes en materia de libertad de expresión que han sido ratificadas por el Poder Judicial son más precisas que en los casos de Europa, donde se ha justificado la regulación desde criterios políticos vagos sobre la desinformación y el discurso de odio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 30 de mayo la norma que faculta a las plataformas para retirar contenidos que considere que violan el Derecho de Autor, después de que se presentaron impugnaciones. En este caso, los ministros concluyeron que hay claridad en la norma y la disputa por los derechos de autor no lo resuelven los proveedores del servicio, sino que se requiere de un procedimiento judicial. Por lo consideraron que hay certeza jurídica.
LEY ANTIFASCISMO
En el extremo opuesto a la derecha liberal que pondera la libertad individual, el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela impulsa una iniciativa para salvaguardar la voluntad popular y castigar lo que define como prácticas fascistas. La ley propuesta en Venezuela se acerca a la iniciativa de Milei en Argentina, al fundamentar la penalización de manifestaciones en el espacio público con el fin de salvaguardar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública; pero va más allá al sostener que su finalidad también es preservar la voluntad popular y condena las acciones violentas, no por su naturaleza agresora sino por su motivación política.
GLOBALISMO
El globalismo pasa por encima de todas las demás corrientes y busca generar una Gobernanza de Internet, que regule la libertad de expresión y contenga la desinformación, mediante la colaboración de los estados, las organizaciones, los organismos internacionales, las universidades, los proveedores del servicio y otros actores como las personas que se definen como defensores de Derechos Digitales.
Entra las acciones que se han impulsado desde el globalismo destaca la Agenda 2030 con la que la ONU busca que lograr la conectividad digital universal incluyente. Asimismo, en el marco de la Guerra en Ucrania, la Unión Europea impulsó la Declaración para el futuro de Internet para prevenir ciberataques y desinformación frente a la amenaza de Rusia de desconectarse de la red global.
Aunque el globalismo busca integrar todas las voces, ha recibido críticas debido a que intenta establecer estándares internacionales a los contenidos en línea, que pueden resultar demasiado restrictivos e incurrir en censura o en limitaciones a la libertad de expresión, con el pretexto de combatir la desinformación en todo el mundo.
El globalismo ha sido señalado de promover la imposición de la cultura occidental frente a las culturas y normas locales. La visión integral globalista puede derivar en centralización del poder por parte de actores predominantes que controlarían de manera indebida la información.
Al menos en Europa, esta corriente ha retrocedido en las recientes elecciones frente al avance del conservadurismo y sus ideas europeístas. En lo que respecta a la libertad de expresión, la imposición de una agenda globalista ha generado preocupación sobre las implicaciones que tendría en la pérdida de soberanía nacional, al priorizar la cooperación internacional en los intentos por regular las redes sociodigitales y otras plataformas en línea. Al impulsar políticas globales sobre libertad de expresión existe el riesgo de que los gigantes tecnológicos y algunos gobiernos puedan instrumentalizarlas.
Con información del Parlamento Europeo, la Unión Europea, la ONU, Wikipedia, y medios.
