En el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, la UNESCO organizó una mesa redonda virtual que reunió a expertos y representantes de organismos de transparencia de América Latina y el Caribe. Durante el evento, se discutieron los principales desafíos que enfrenta la región, como la falta de centralización de datos y homologación de políticas de transparencia a nivel local, la creación de estadísticas y la actualización de las legislaciones.
En el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, la UNESCO organizó una mesa redonda virtual dirigida a América Latina y el Caribe, con la participación de representantes de organismos de transparencia de diversos países. El evento, presidido por Marcos Mendiburo, consultor de la oficina regional de UNESCO en Montevideo, abordó los retos que enfrenta la región en materia de acceso a la información.
Durante la discusión, se señalaron problemas comunes como la falta de homologación y centralización de los procesos de rendición de cuentas para los sujetos obligados locales, la ausencia de actualización en las leyes de transparencia y la escasa generación de datos estadísticos. Mendiburo enfatizó que en los países federales, como Brasil y Argentina, uno de los principales desafíos es la creación de estadísticas, lo que impide una evaluación adecuada del cumplimiento de las leyes de transparencia.
Por su parte, María del Carmen Nava, comisionada de InfoCDMX, destacó los avances en la Ciudad de México, donde se han registrado más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información, con bases de datos descargables que protegen los datos personales. Sin embargo, también subrayó que México concentra muchas inconformidades a nivel local, resolviendo 7 de cada 10 recursos en instituciones estatales, en contraste con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que recibe menor cantidad de recursos de revisión.
Nava también abordó casos específicos, como el accidente del Metro de la Ciudad de México, que dio pie a la elaboración de un análisis sobre la transparencia de las autoridades y la clasificación de la información.
Desde Brasil, Greg Michener, profesor de la Fundación Getulio Vargas, expuso las dificultades del país debido a la falta de supervisión federal sobre los municipios. Explicó que la ley federal de transparencia, vigente desde 2011, no contempla la regulación de los municipios, lo que ha generado un desorden en la aplicación de la ley, siendo los tribunales la única vía de recurso para los ciudadanos. Según Michener, los procesos judiciales suelen ser largos y no necesariamente proactivos.
En Argentina, Analía Zimmerman, coordinadora del Consejo Federal para la Transparencia, describió el complejo panorama de su país, donde las 24 jurisdicciones provinciales tienen autonomía sobre la gestión de la información pública. Zimmerman resaltó que uno de los principales desafíos es lograr la colaboración de las provincias en la construcción de políticas de transparencia federales.
Natalia González, consejera del Consejo para la Transparencia de Chile, destacó los avances en su país, donde el marco normativo obliga tanto a instancias nacionales como regionales a garantizar la transparencia. Chile cuenta con un portal de transparencia que integra más de mil 250 organismos regionales y nacionales. Sin embargo, señaló que, hay un desafío nacional por los bajos niveles de confianza y destacó que pesar de que la Ley de Transparencia ha tenido avances, todavía existen municipios que, aunque cumplen con las obligaciones de transparencia activa, no revelan claramente cómo se ejercen los recursos públicos.
González mencionó que el consejo utiliza herramientas de inteligencia artificial para supervisar el cumplimiento de las obligaciones, y subrayó la importancia de la capacitación continua de los funcionarios en esta materia en colaboración con la Contraloría General de la República de Chile.
En Chile la ley de transparencia ha tenido avances. Entre las características del sistema de transparencia chileno, destaca que las regulaciones del Consejo son independientes de la Contraloría General. Desde 2013 y hasta julio de este año, se han recibido 700 mil solicitudes de acceso a la información en los municipios. En Chile, los solicitantes tienen la posibilidad de desistir si encuentran la información por sus propios medios, algo poco común en la región. En total, el Consejo ha canalizado 28 mil 336 solicitudes de amparo. El Consejo retomó la fiscalización que había sido delegada a la Contraloría General años atrás y está facultada para ampliar sanciones, como ocurrió de manera reciente con 19 municipios donde se encontró incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y se les impusieron multas.
Entre los casos representativos destacó que por el fenómeno migratorio en Chile, Antofagasta se han registrado numerosas solicitudes relacionadas con este tema. Asimismo, en Las Condes se ha despertado el interés por desviaciones e infracciones a la ley por el uso de recursos.
El evento concluyó con un llamado a fortalecer las legislaciones y mejorar los mecanismos de supervisión y generación de estadísticas en los países de la región, con el fin de garantizar un acceso más efectivo a la información pública.
Al evento también asistieron Guillermo Cejudo, profesor del Centro de Investigación Económica (CIDE); Rosa González, consejera Regional en Comuniación e Información para América Latina y el Caribe de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo; yVirginia Rocha, miembro del European University Institute.
