La agenda presentada por Ed Markey plantea límites a los “jefes algorítmicos”, protección para menores y pacientes, controles contra la discriminación y nuevas obligaciones ambientales para los centros de datos.
El senador demócrata Edward Markey presentó una agenda legislativa para reducir el poder acumulado por las grandes empresas tecnológicas y responder a los efectos inmediatos de la inteligencia artificial sobre trabajadores, menores de edad, pacientes y comunidades. El documento propone que el Congreso de Estados Unidos deje de tratar a la IA solamente como una promesa económica y establezca obligaciones exigibles para las compañías que desarrollan y utilizan estos sistemas.
La AI Accountability Agenda, publicada el 10 de julio, reúne proyectos legislativos previamente presentados por Markey y añade una propuesta para regular la construcción y operación de centros de datos. Sus seis ejes son la protección laboral, la privacidad y seguridad de menores, los derechos civiles, la supervisión humana en la salud, los impactos energéticos de la infraestructura y la distribución de la riqueza generada por la IA.
Uno de los apartados busca impedir que las empresas entreguen decisiones laborales enteramente a sistemas automatizados. La propuesta conocida como No Robot Bosses Act obligaría a informar a los empleados cuando se utilicen algoritmos para contratar, despedir o promover personal, realizar evaluaciones de impacto y permitir que las decisiones sean apeladas ante una persona.
La agenda también incorpora el Stop Spying Bosses Act, destinado a limitar la información personal que los empleadores pueden recopilar sobre sus trabajadores, y una iniciativa contra las cuotas de productividad que pueden elevar el riesgo de lesiones en almacenes. Markey sostiene que la automatización no debe convertirse en un mecanismo para intensificar la vigilancia, eliminar la capacidad de impugnar decisiones o trasladar a los trabajadores los costos de los aumentos de productividad.
En materia de infancia, el senador propone prohibir la publicidad dirigida a menores dentro de los chatbots, impedir diseños manipulativos y exigir que los sistemas informen claramente que no son seres humanos. El proyecto Youth AI Privacy Act también limitaría la memoria que los asistentes pueden conservar durante sus conversaciones con menores, con el propósito de reducir la dependencia emocional y la explotación de información íntima.
Otro bloque se concentra en los algoritmos utilizados para tomar decisiones sobre empleo, vivienda, crédito, educación, salud y justicia. El AI Civil Rights Act exigiría evaluaciones independientes de discriminación antes y después del despliegue de estos sistemas, prohibiría el uso de algoritmos discriminatorios y concedería a las personas el derecho a solicitar una revisión humana.
La intervención humana también sería obligatoria en hospitales y aseguradoras. El Right to Override Act requeriría que las instituciones médicas permitan que profesionales de la salud anulen una recomendación automatizada cuando consideren que pone en riesgo al paciente, además de protegerlos contra represalias por apartarse del criterio de la IA.
La principal propuesta nueva de la agenda se dirige a los centros de datos. El borrador de la Protecting Communities from Data Center Impacts Act exigiría un certificado federal de interés público antes de construir estas instalaciones y obligaría a los operadores a pagar la infraestructura eléctrica adicional que necesiten, aportar nueva generación limpia y almacenamiento, cumplir estándares laborales y responder por los efectos sobre el agua, el aire y el ruido.
Esta iniciativa complementaría la AI Environmental Impacts Act, reintroducida por Markey en junio, que plantea un sistema estandarizado para reportar el consumo energético y los efectos ambientales de los centros de datos, con sanciones para las empresas que incumplan. La intención es evitar que los costos de la expansión de la infraestructura sean absorbidos por usuarios residenciales y comunidades que no participaron en las decisiones sobre su instalación.
En su sexto eje, la agenda vincula el auge de la IA con la concentración de la riqueza y recupera una propuesta tributaria más amplia. La Equal Tax Act gravaría los ingresos por inversiones a la misma tasa que los ingresos laborales para las personas que ganen más de un millón de dólares, bajo el argumento de que ejecutivos e inversionistas no deben concentrar las ganancias mientras trabajadores y comunidades absorben los costos de la automatización.
El documento funciona por ahora como una plataforma política y no como una sola ley que esté cerca de entrar en vigor. Varias de sus iniciativas tendrían que superar comités y votaciones en un Congreso dividido, mientras que la propuesta para centros de datos todavía es presentada como borrador de discusión.
La agenda representa además una respuesta directa a la política de la administración de Donald Trump, que ha defendido una regulación federal “mínimamente onerosa” y la limitación de algunas leyes estatales sobre inteligencia artificial. Una orden ejecutiva de diciembre de 2025 creó un grupo encargado de impugnar normas estatales consideradas incompatibles con la política federal, mientras que el marco legislativo publicado por la Casa Blanca en marzo de 2026 recomendó al Congreso impedir que los estados regulen el desarrollo de IA.
El Senado ya había rechazado en julio de 2025, por 99 votos contra uno, una moratoria que habría limitado durante una década la capacidad de los estados para regular la inteligencia artificial. Markey retoma ahora esa disputa y sostiene que el gobierno federal no debe eliminar la autoridad local, sino construir protecciones nacionales que permitan a trabajadores, consumidores y comunidades disputar las decisiones tomadas por las compañías tecnológicas.
