La agencia propone considerar engañosas las respuestas alteradas por objetivos políticos no revelados. El criterio podría proteger a los consumidores frente a manipulaciones ocultas, pero también abre la puerta a que el gobierno intervenga en una disputa que no tiene una respuesta técnica objetiva: qué debe decir una inteligencia artificial.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC, propuso utilizar las leyes de protección al consumidor para perseguir a las empresas que orienten las respuestas de sus sistemas de inteligencia artificial hacia objetivos ideológicos no revelados. La agencia sostiene que los usuarios esperan recibir la mejor respuesta posible y podrían ser engañados cuando una compañía sacrifica deliberadamente precisión para promover determinadas posiciones políticas o sociales.
La propuesta, publicada el 1 de julio, todavía se encuentra en consulta pública y no constituye una regla definitiva. La FTC recibirá comentarios hasta el 31 de julio después de que sus dos integrantes autorizaran por unanimidad la publicación del documento.
El presidente de la Comisión, Andrew Ferguson, presentó la iniciativa como parte del objetivo del gobierno de Donald Trump de fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. La declaración responde además a una orden ejecutiva que instruyó a la FTC a examinar las consecuencias legales de las leyes estatales que, según la administración, obligan a modificar los resultados “verdaderos” de los modelos.
Una respuesta incorrecta no sería suficiente
La FTC distingue entre dos problemas diferentes. Las alucinaciones producidas por limitaciones técnicas no serían por sí mismas una infracción, aunque una empresa podría violar la ley si exagera la precisión de su sistema u oculta la frecuencia con la que presenta información falsa.
El nuevo criterio se concentraría en una segunda conducta: modificar deliberadamente el comportamiento de un modelo para perseguir objetivos distintos de los solicitados o esperados por el usuario. El documento menciona como ejemplos la intención de corregir “injusticias históricas”, evitar respuestas políticamente polémicas, promover la llamada “equidad” o introducir las preferencias políticas de los empleados de una compañía.
La agencia sostiene que esa intervención puede ser engañosa cuando la empresa comercializa su sistema como una herramienta objetiva, precisa o capaz de responder fielmente a las instrucciones. Según su interpretación, el consumidor podría pagar por un producto que no actúa como fue anunciado y recibir deliberadamente una respuesta inferior para favorecer una agenda que desconoce.
Existe una parte razonable en ese planteamiento. Una compañía no debería anunciar que ofrece respuestas imparciales o exclusivamente basadas en evidencia cuando sabe que ha programado el sistema para favorecer una posición política concreta, del mismo modo que tampoco debería ocultar limitaciones materiales de cualquier otro producto.
El problema comienza cuando la autoridad intenta determinar qué respuesta habría producido el modelo sin esa supuesta interferencia.
No existe una respuesta neutral anterior al modelo
Una inteligencia artificial no dispone de una respuesta natural y objetiva que posteriormente sea contaminada por la ideología. Todas sus salidas dependen de los datos seleccionados para entrenarla, la manera en que esos datos fueron organizados, los criterios de ajuste, las instrucciones del sistema, las políticas de seguridad y las decisiones tomadas por sus desarrolladores.
Incluso el documento de la FTC reconoce que los sistemas persiguen al mismo tiempo objetivos como precisión, claridad, brevedad y relevancia. También admite que un usuario puede pedir una respuesta que privilegie el entretenimiento, la creatividad u otro propósito por encima de la exactitud.
La dificultad se vuelve evidente cuando la ideología forma parte de la solicitud. Si una persona pide analizar una política migratoria desde el liberalismo, el conservadurismo o el marxismo, el marco ideológico no constituye una manipulación oculta: es el objeto explícito del ejercicio.
Tampoco existe necesariamente una respuesta única para preguntas como si una medida es autoritaria, justa, discriminatoria o compatible con determinado sistema de valores. Resolver si la contestación fue “distorsionada” requeriría que la autoridad eligiera previamente una interpretación neutral frente a la cual medir todas las demás.
La propuesta no presenta una prueba técnica para realizar esa comparación. Tampoco explica cómo separar una decisión ideológica de una política de seguridad, una interpretación histórica, una precaución frente a información incompleta o una respuesta adaptada al contexto solicitado por el usuario.
Avisos permanentes sobre los valores de cada IA
La FTC plantea que las empresas podrían evitar el engaño mediante advertencias claras sobre los objetivos que sus sistemas priorizan. No bastaría con colocar una declaración en los términos de servicio: el aviso tendría que ser visible, inequívoco y posiblemente persistente cuando contradiga lo que el usuario espera recibir.
Esta vía podría obligar a las compañías a describir de manera más abierta sus políticas editoriales y de seguridad. Un sistema podría informar que evita ciertas recomendaciones, aplica un marco religioso, prioriza la prevención de discriminación o responde desde una perspectiva ideológica específica.
Sin embargo, la obligación se volvería difícil de aplicar a sistemas de propósito general. Una IA tendría que advertir constantemente que sus respuestas reflejan decisiones sobre seguridad, derechos humanos, inclusión, lenguaje, riesgo jurídico, selección de fuentes y tratamiento de asuntos controvertidos, aunque esas condiciones formen parte inseparable de su diseño.
La transparencia permitiría que los usuarios compararan modelos y decidieran cuáles utilizar. Certificar que alguno ofrece la respuesta “neutral”, en cambio, exigiría convertir una interpretación política en estándar gubernamental de verdad.
La disputa con Colorado
La propuesta de la FTC también busca debilitar algunas regulaciones estatales. La agencia señala directamente a Colorado y sostiene que las obligaciones contra la discriminación podrían presionar a las empresas para alterar resultados y sacrificar precisión en nombre de la equidad.
No obstante, la ley reformada de Colorado se concentra principalmente en tecnologías automatizadas utilizadas para tomar decisiones importantes sobre empleo, vivienda, educación, crédito, seguros, salud y servicios públicos. La norma exige documentación técnica, avisos a los afectados, corrección de datos incorrectos y revisión humana después de una decisión adversa; sus requisitos principales comenzarán a aplicarse en enero de 2027.
La FTC sostiene que una ley estatal podría quedar desplazada cuando obligue a una empresa a engañar a sus consumidores, aun cuando la legislación federal no contenga una prohibición expresa de esas normas. La interpretación transformaría la Sección 5 de la FTC Act, creada para combatir prácticas comerciales engañosas, en una herramienta para impugnar regulaciones estatales contra la discriminación algorítmica.
En la práctica, la disputa enfrenta dos concepciones distintas de precisión. Para la FTC, modificar un resultado con el propósito de evitar impactos discriminatorios puede degradar la respuesta; para Colorado, un sistema que usa datos incorrectos o produce decisiones adversas sin posibilidad de revisión también puede perjudicar al consumidor.
El gobierno no puede fijar el equilibrio correcto
La discusión recuerda los intentos de obligar a redes sociales y medios privados a presentar un supuesto equilibrio político. En 2024, la Corte Suprema estadounidense sostuvo que seleccionar, organizar, priorizar, modificar o excluir contenidos puede constituir una decisión editorial protegida por la Primera Enmienda.
En ese caso, relacionado con leyes de Florida y Texas sobre moderación en plataformas, el tribunal señaló que no corresponde al gobierno decidir cuál es la combinación correcta de expresión privada ni eliminar el sesgo que cree detectar. La resolución no determina directamente cómo deben tratarse las respuestas generadas por inteligencia artificial, pero establece un límite relevante frente a los intentos del Estado de corregir el discurso privado según su propia idea de equilibrio.
Las empresas de IA pueden ser obligadas a demostrar las afirmaciones comerciales que realizan sobre precisión, seguridad y funcionamiento. También pueden responder cuando ocultan defectos, manipulan al consumidor o presentan como hechos capacidades que no poseen.
Eso no significa que el gobierno deba decidir qué interpretación histórica, política o cultural constituye la salida neutral. La protección legítima consiste en que las personas conozcan las condiciones bajo las cuales fue generada una respuesta y puedan contrastarla, rechazarla o elegir otro sistema.
