Durante años hemos imaginado el futuro de los robots pensando en lo que harán mientras estén activos: trabajar en fábricas, entregar paquetes, cuidar personas mayores, limpiar casas, conducir vehículos o realizar tareas peligrosas. Mucho menos hemos pensado en lo que ocurrirá cuando esas máquinas lleguen al final de su vida útil. Un robot averiado no desaparece cuando deja de moverse. Se convierte en una combinación compleja de batería, computadora, motores, sensores, metales, plásticos y sustancias químicas que habrá que desmontar, recuperar o desechar.
Ese problema todavía parece lejano porque los robots humanoides y de servicio apenas comienzan a desplegarse a gran escala, pero sus componentes ya existen en otros flujos de residuos. El mundo produjo 62 millones de toneladas de basura electrónica en 2022 y sólo 22.3% fue documentada como correctamente recolectada y reciclada. La generación de estos residuos continúa aumentando mucho más rápido que la capacidad formal para procesarlos.
Un robot no es una sola pieza
Por fuera, un robot puede parecer una máquina relativamente compacta. Por dentro es un pequeño sistema industrial. Puede llevar paquetes de baterías de ion-litio, placas electrónicas, procesadores, cámaras, sensores, cableado de cobre, motores eléctricos, actuadores, rodamientos, imanes, lubricantes y carcasas fabricadas con distintos polímeros.
Cada uno de esos materiales plantea un problema diferente cuando termina su vida útil. Las baterías pueden incendiarse si se perforan, aplastan o almacenan incorrectamente; por eso la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda mantenerlas fuera del flujo municipal normal de residuos. Las placas electrónicas, por su parte, forman parte de una corriente de e-waste que puede contener sustancias peligrosas como plomo, mercurio y otros compuestos tóxicos.
Al mismo tiempo, muchas de esas piezas poseen un enorme valor económico. El cobre puede recuperarse, lo mismo que acero, aluminio y algunos materiales presentes en baterías y componentes electrónicos. Motores e imanes pueden contener materiales estratégicos cuya extracción primaria requiere minería y procesamiento intensivos. En ese sentido, un robot desechado sería simultáneamente residuo peligroso y mina urbana.
La primera tarea de cualquier sistema de reciclaje robótico tendría que ser, por ello, desmontar la máquina antes de tratarla como basura. Separar las baterías, retirar módulos electrónicos, clasificar motores, recuperar metales y aislar sustancias peligrosas evitaría que componentes con comportamientos completamente distintos terminaran triturados o enterrados juntos.
Cuando el robot comienza a contaminar
El verdadero problema aparece cuando ese desmontaje no ocurre.
Un cementerio de robots abandonado a la intemperie no sería simplemente un paisaje de metal oxidándose. La lluvia atravesaría lentamente los dispositivos rotos y arrastraría partículas y compuestos hacia el suelo. Los residuos electrónicos manejados mediante vertido, quema, trituración rudimentaria o tratamientos químicos inadecuados pueden liberar contaminantes al aire, al polvo, a la tierra y al agua, advierte la Organización Mundial de la Salud.
Las baterías añadirían otro riesgo. Una celda dañada puede provocar incendios difíciles de controlar o liberar electrolitos, mientras que la quema informal de cables, plásticos y placas para recuperar metales produciría humos y cenizas contaminantes. Lo que empezó como una máquina abandonada podría convertirse gradualmente en una fuente de exposición ambiental.
Y debajo del cementerio habría otro problema menos visible. Cuando sustancias liberadas por los residuos atraviesan el suelo con el agua de lluvia pueden formar lixiviados y alcanzar cuerpos de agua o capas subterráneas. Naciones Unidas ha advertido específicamente que los residuos electrónicos depositados en rellenos pueden contaminar suelo y agua subterránea y poner en riesgo fuentes de agua y sistemas alimentarios. El Servicio Geológico de Estados Unidos también señala que los sitios de disposición de residuos pueden afectar la calidad del agua subterránea mediante la migración de sustancias químicas y lixiviados.
Así, el riesgo no terminaría en el perímetro del depósito. Una corriente subterránea puede transportar contaminantes lejos del lugar original; el polvo puede desplazarse con el viento y los incendios liberar partículas que alcanzan comunidades vecinas. El cementerio de robots dejaría entonces de ser un problema de residuos tecnológicos para convertirse en un problema de salud pública.
El futuro también dependerá de dónde muera el robot
No todos los países llegarían a esa transición con las mismas capacidades.
La Unión Europea parte con una ventaja regulatoria importante. Su legislación sobre baterías ya intenta cubrir todo su ciclo de vida, desde la obtención de materiales hasta la recolección, reutilización y reciclaje, y ha desarrollado reglas específicas para medir la eficiencia con la que se recuperan materiales de baterías usadas.
China tiene otra ventaja: escala industrial. Su posición dentro de la manufactura de baterías, vehículos eléctricos y electrónica la coloca también en una posición relevante para desarrollar cadenas de recuperación de materiales. Un análisis conjunto de la Oficina Europea de Patentes y la Agencia Internacional de Energía encontró que las empresas asiáticas concentraban 63% de las familias internacionales de patentes relacionadas con circularidad de baterías en 2023; China, Japón y Corea del Sur aparecen entre los polos tecnológicos más importantes de este sector.
Japón y Corea del Sur aportan décadas de experiencia en electrónica, baterías, motores y recuperación de materiales. Muchos países de la OCDE cuentan además con esquemas de responsabilidad extendida del productor, una política que obliga o incentiva a fabricantes a asumir parte de los costos de gestionar sus productos cuando dejan de utilizarse. Esos sistemas ya cubren en numerosos casos electrónicos, baterías y vehículos.
El escenario sería muy distinto en regiones donde el reciclaje electrónico depende en gran medida de trabajadores informales, donde no existen instalaciones capaces de procesar baterías o donde la regulación ambiental es débil. La OMS advierte que las poblaciones de países de ingresos bajos y medios enfrentan los mayores riesgos asociados al e-waste precisamente por la falta de infraestructura, capacitación y cumplimiento normativo. También continúa el traslado ilegal de residuos electrónicos desde economías más ricas hacia países con menor capacidad para gestionarlos.
Eso abre una pregunta incómoda para la futura industria robótica: ¿quién será responsable del robot cuando ya nadie lo quiera?
Fabricarlo y venderlo es sólo la primera mitad de su ciclo de vida. La otra mitad comienza cuando sus baterías pierden capacidad, sus motores dejan de funcionar, sus sensores quedan obsoletos o reparar la máquina resulta más caro que sustituirla.
Si millones de robots llegan a hogares, fábricas, hospitales y almacenes, también será necesario construir una infraestructura paralela para recogerlos, desmontarlos y recuperar sus materiales. Probablemente tendrán que diseñarse desde el inicio para poder abrirse fácilmente, sustituir baterías, identificar materiales y reutilizar módulos completos. La responsabilidad del productor podría extenderse también a estas máquinas, obligando a fabricantes a recibirlas de vuelta o financiar su tratamiento.
El cementerio de robots, por tanto, no es sólo una imagen melancólica del futuro. Es una advertencia sobre una infraestructura que todavía no existe a la escala que podría ser necesaria.
La era de los robots no terminará cuando las máquinas dejen de funcionar. También tendremos que aprender a desmontarlas.
