La presidenta presentó un proyecto de decreto que obligaría a las plataformas digitales a retirar contenidos considerados perjudiciales para menores de edad. Cuatro días después realizó su primera transmisión en vivo por TikTok e Instagram, donde defendió la regulación y negó que su gobierno pretenda censurar las redes sociales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó el 13 de octubre su primera transmisión en vivo a través de TikTok e Instagram, cuatro días después de presentar un proyecto de decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, restricción y eliminación de contenidos violentos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. La mandataria utilizó precisamente estas plataformas para explicar su propuesta, responder preguntas de los usuarios y promover un uso responsable de las redes sociales, mientras su administración negocia con las empresas tecnológicas los mecanismos que deberán implementar para cumplir con las nuevas disposiciones.
El proyecto fue presentado el 9 de octubre durante la conferencia matutina de Palacio Nacional por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján. La propuesta contempla impedir que los menores de edad accedan, sean expuestos o reciban recomendaciones algorítmicas de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso y conductas ilícitas. Además, establece la obligación de identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan actos violentos, así como implementar sistemas de clasificación por edad y mecanismos de supervisión parental.
Las medidas también incluyen obligaciones de colaboración con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de información, preservar y entregar evidencia digital a las autoridades investigadoras y notificar cuando identifiquen contenidos que representen amenazas contra la vida. El proyecto establece configuraciones de privacidad y seguridad activadas de manera predeterminada para los usuarios menores de edad, además de mecanismos accesibles para denunciar publicaciones consideradas perjudiciales.
Homicidio en Coahuila
La iniciativa surgió después de los hechos violentos registrados en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos perpetraron un ataque que dejó una persona fallecida y varios lesionados. El 2 de octubre, Sheinbaum anunció la formación de un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con especialistas e instituciones académicas, para desarrollar mecanismos de prevención y establecer obligaciones para las empresas tecnológicas.
Aunque Sheinbaum presentó el proyecto como una disposición obligatoria, reconoció que inicialmente no contempla sanciones económicas o administrativas para las plataformas que incumplan. Durante la conferencia del 9 de octubre explicó que su administración busca que las compañías adopten las medidas mediante acuerdos de colaboración y que posteriormente podría impulsar una legislación específica con sanciones. El gobierno sostiene que la propuesta encuentra sustento en el principio constitucional de protección de niñas, niños y adolescentes, aunque todavía deben precisarse los mecanismos jurídicos para exigir su cumplimiento.
El 13 de octubre, la presidenta informó que las principales plataformas digitales habían aceptado las condiciones generales de la propuesta y presentado recomendaciones adicionales. Según Sheinbaum, el acuerdo permitiría publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante los próximos días. Al cierre de esta nota, no se había confirmado su aparición en la edición matutina del DOF del 13 de octubre, y el gobierno había señalado el 14 de octubre como nueva fecha prevista para su publicación.
Ese mismo día, a las 18:00 horas, Sheinbaum inició una transmisión en vivo desde su despacho de Palacio Nacional mediante TikTok e Instagram. Durante aproximadamente media hora respondió comentarios y preguntas sobre el uso de las redes sociales, la seguridad digital y otros asuntos públicos. La mandataria aseguró que su administración no pretende prohibir estas plataformas ni restringir las opiniones políticas, sino impedir que los menores sean expuestos a contenidos que puedan promover conductas violentas. También planteó que los algoritmos de recomendación tienen responsabilidad en la exposición reiterada de niños y adolescentes a determinadas publicaciones.
La conversación, sin embargo, no se limitó a la regulación digital. Los usuarios también preguntaron sobre inseguridad, desabasto de medicamentos, servicios de salud, la crisis del agua en Jalisco y las detenciones de manifestantes en Guadalajara. Ante la cantidad de intervenciones ajenas al tema principal, Sheinbaum pidió concentrar las preguntas en las plataformas digitales. Asimismo, defendió la continuidad de sus conferencias matutinas como un mecanismo de comunicación directa con la población.
TikTok para comunicar política
La decisión de utilizar TikTok e Instagram para presentar y defender una iniciativa de regulación coloca a estas mismas plataformas en una doble posición: por una parte, son instrumentos de comunicación política utilizados por el gobierno federal; por otra, son las empresas que deberán implementar mecanismos de vigilancia, clasificación, moderación y retiro de contenidos conforme a los criterios previstos por la administración. Esta relación plantea preguntas sobre el alcance de las obligaciones, la transparencia de las decisiones automatizadas y las garantías de libertad de expresión para los usuarios.
Uno de los aspectos pendientes es determinar cómo distinguirán las plataformas entre contenidos que promueven efectivamente actos violentos y publicaciones periodísticas, documentales, educativas o de denuncia que abordan esos mismos acontecimientos. También falta conocer los procedimientos para impugnar eliminaciones indebidas, los criterios de clasificación algorítmica y las salvaguardas aplicables a la información que las empresas deberán conservar y proporcionar a las autoridades. La propuesta presentada públicamente todavía no permite conocer con precisión cómo se resolverán estos casos.
Sheinbaum ha insistido en que las medidas estarán dirigidas a proteger a menores de edad y no a establecer una prohibición general sobre el contenido de internet. No obstante, la implementación dependerá en gran medida de sistemas automatizados de moderación y recomendación administrados por empresas privadas. La publicación del texto definitivo en el DOF permitirá evaluar el alcance jurídico de las obligaciones, los mecanismos de supervisión y las garantías previstas para evitar restricciones indebidas a la circulación de información.
