La nueva mayoría demócrata del Congreso estadounidense prepara una ofensiva legislativa para regular la inteligencia artificial a partir de enero de 2027. Entre las propuestas figura una iniciativa de Bernie Sanders que contempla prohibir la superinteligencia, suspender temporalmente el desarrollo de modelos avanzados y facultar al gobierno para desactivarlos. Trump conserva mecanismos para bloquear esas medidas, mientras una encuesta de Pew Research Center revela un aumento significativo de la preocupación pública por la IA.
La victoria demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre abre una nueva etapa en la política estadounidense de inteligencia artificial. Los legisladores que asumirán el control de ambas cámaras del Congreso en enero preparan iniciativas para exigir evaluaciones independientes de modelos, establecer responsabilidades legales para las empresas tecnológicas y limitar los efectos de la expansión de centros de datos. El cambio coloca a la administración de Donald Trump frente a una agenda regulatoria que podría entrar en conflicto con su estrategia de acelerar el desarrollo estadounidense para mantener la ventaja tecnológica frente a China.
Entre las iniciativas que podrían incorporarse a ese debate destaca la Ban Artificial Superintelligence Act of 2026 (Ley para Prohibir la Superinteligencia Artificial de 2026), presentada el 23 de septiembre por el senador independiente Bernie Sanders, junto con una propuesta correspondiente del representante demócrata Greg Casar. El proyecto S. 5493 plantea crear un Departamento de Inteligencia Artificial, detener temporalmente determinados desarrollos avanzados y establecer una prohibición permanente de los sistemas clasificados como superinteligencia artificial.
Aunque la iniciativa fue presentada antes de las elecciones, adquiere una nueva dimensión tras el cambio de mayorías legislativas. Según Reuters, los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras, con al menos 54 escaños asegurados en el Senado al momento de la revisión. Sin embargo, esa mayoría no garantiza la aprobación de la propuesta de Sanders, que permanece en comisión y enfrenta obstáculos legislativos y la posible oposición presidencial.
Sanders propone prohibir sistemas capaces de superar el control humano
El proyecto S. 5493 establece una definición de superinteligencia artificial basada en sistemas capaces de superar el desempeño cognitivo humano en la mayoría de las tareas o de planear y ejecutar acciones que conduzcan a la destrucción o pérdida de poder de la humanidad.
La iniciativa también define una categoría denominada superintelligence precursor characteristics (características precursoras de superinteligencia), que comprende capacidades consideradas potencialmente peligrosas antes de que un modelo alcance una superinteligencia completa. Entre ellas se encuentran acelerar sustancialmente la investigación en inteligencia artificial, modificar sus propias funciones, resistirse a instrucciones de apagado, acceder sin autorización a infraestructura informática y engañar a los supervisores humanos.
La amplitud de esta definición introduce una cuestión técnica: algunas capacidades incluidas en el proyecto también pueden aparecer en herramientas destinadas a investigación científica, automatización informática y desarrollo de software. Por lo tanto, la aplicación de una eventual prohibición dependería de cómo las autoridades distinguieran funciones legítimas de capacidades consideradas precursoras de superinteligencia.
La propuesta establece una pausa obligatoria para determinados sistemas avanzados hasta que el nuevo Departamento de Inteligencia Artificial cuente con personal suficiente y publique regulaciones de seguridad. Esas reglas tendrían que incluir supervisión durante el entrenamiento, evaluaciones posteriores al despliegue, auditorías y autorización gubernamental previa para liberar nuevos modelos comprendidos en la ley.
El texto también contempla medidas directas sobre sistemas considerados peligrosos. La sección 10 dispone que los modelos identificados con características precursoras de superinteligencia sean aislados inmediatamente de internet. Si las autoridades no pueden verificar la eliminación de esas características dentro de un plazo de 30 días, deberán adoptar medidas para dejarlos inoperativos. Los sistemas identificados como superinteligencia estarían sujetos a una desactivación inmediata.
Las facultades propuestas también alcanzarían a las empresas desarrolladoras. Para determinados modelos avanzados, el departamento podría exigir autorizaciones para desarrollar o distribuir tecnología y acceder a sistemas, procesos, personal e infraestructura durante sus funciones de supervisión. El texto contempla sanciones penales de hasta 20 años de prisión para determinadas violaciones cometidas de manera temeraria por las categorías de responsables previstas en la iniciativa. El proyecto todavía no constituye una ley y ninguna de esas prohibiciones o facultades se encuentra vigente por su sola presentación.
La nueva mayoría demócrata prepara más legislación para la industria
La iniciativa de Sanders forma parte de un debate regulatorio más amplio, aunque no representa una posición unificada de todos los legisladores demócratas. Según una investigación de Reuters publicada el 6 de noviembre, la representante Lori Trahan prepara propuestas para exigir que especialistas independientes evalúen los sistemas de inteligencia artificial más avanzados conforme a estándares de seguridad. También busca clarificar cuándo las empresas deben responder legalmente por daños ocasionados por sus productos.
Por su parte, el senador Chuck Schumer identificó como una de sus prioridades proteger a los consumidores frente a posibles incrementos en las tarifas eléctricas asociados con la expansión de centros de datos. La representante Zoe Lofgren plantea combinar regulaciones con mecanismos para preservar la innovación, mientras que Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan, propuso durante su campaña establecer una agencia independiente de supervisión de inteligencia artificial.
Las diferencias son sustanciales. Exigir pruebas de seguridad antes del lanzamiento de determinados sistemas no equivale a prohibir su desarrollo, mientras que regular la responsabilidad empresarial o el consumo energético de los centros de datos implica intervenir sobre aspectos diferentes de la industria.
Sin embargo, el control de las comisiones legislativas permitirá a la nueva mayoría convocar audiencias, solicitar documentación y exigir explicaciones a los responsables de compañías tecnológicas. Reuters informó que legisladores demócratas ya solicitaron a OpenAI, Anthropic, Meta, Google y SpaceX información relacionada con incidentes en los que sus sistemas de IA realizaron acciones no previstas por sus desarrolladores.
Pew Research Center registra un cambio en la opinión pública
La nueva agenda legislativa coincide con un aumento documentado de la preocupación estadounidense por la inteligencia artificial. Una encuesta de Pew Research Center publicada el 16 de septiembre encontró que el 52% de los adultos estadounidenses siente más preocupación que entusiasmo ante el uso creciente de IA en la vida cotidiana. En 2021, esa proporción era del 37%. El estudio se realizó entre el 22 y el 28 de junio de 2026 con una muestra de 3,488 adultos estadounidenses.
El cambio es especialmente notable entre los simpatizantes demócratas. Según Pew, el porcentaje que declara sentir más preocupación que entusiasmo aumentó del 31% en 2021 al 56% en 2026, un incremento de 25 puntos porcentuales. En el mismo periodo, entre los republicanos pasó del 45% al 49%. Ambas categorías incluyen a independientes que se identifican con cada partido.
Entre los demócratas liberales, la preocupación alcanzó el 63%, frente al 45% registrado en 2023. El resultado refleja una transformación de las actitudes hacia una tecnología que durante años estuvo asociada principalmente con innovación, productividad y competitividad económica.
La investigación identifica otra diferencia significativa relacionada con el empleo. El 75% de los demócratas considera que la inteligencia artificial provocará una reducción del número de puestos de trabajo en Estados Unidos durante los próximos veinte años, frente al 68% de los republicanos.
Entre los demócratas, esa percepción aumentó 17 puntos porcentuales desde 2024, cuando el 58% esperaba una reducción del empleo. Para el conjunto de los adultos estadounidenses, el porcentaje que anticipa menos puestos de trabajo llegó al 71% en 2026.
Estos resultados ofrecen un contexto para comprender la creciente importancia política de la regulación de IA, pero requieren una distinción. Expresar preocupación por la tecnología o anticipar pérdidas laborales no equivale a respaldar una prohibición de la superinteligencia. La encuesta de Pew no preguntó a los participantes si apoyaban la iniciativa de Sanders. Tampoco permite atribuir directamente el resultado de las elecciones a las preocupaciones por la IA. El estudio documenta cambios en las percepciones públicas, no las causas del voto de noviembre.
Trump dispone de mecanismos para resistir las restricciones
La llegada de una mayoría demócrata al Congreso no implica que la administración de Donald Trump deba abandonar su estrategia de expansión tecnológica. El presidente conserva la facultad constitucional de vetar proyectos aprobados por el Congreso. Para superar un veto, los legisladores necesitan reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. Además, en el Senado siguen existiendo mecanismos de obstrucción legislativa que normalmente requieren 60 votos para cerrar el debate de la mayoría de los proyectos.
Trump también ha utilizado instrumentos ejecutivos para favorecer el desarrollo de inteligencia artificial. En diciembre de 2025 firmó una orden que instruyó al Departamento de Justicia a establecer un equipo especializado en impugnar leyes estatales consideradas incompatibles con la política nacional de IA. La medida busca reducir las diferencias regulatorias entre estados y evitar restricciones que, según la administración, dificulten la innovación.
Esa estrategia no permite invalidar automáticamente las normas estatales. Las impugnaciones deben sostenerse jurídicamente y están sujetas a revisión judicial. En materia de infraestructura, Trump firmó el 23 de julio de 2025 una orden para acelerar los procedimientos federales relacionados con la construcción de centros de datos y sus instalaciones energéticas. La medida contempla facilitar permisos y utilizar terrenos federales para proyectos que cumplan las condiciones establecidas, aunque no elimina todas las autorizaciones estatales o municipales.
La administración también presentó el 20 de marzo de 2026 un marco legislativo nacional que propone proteger a los menores, atender problemas de propiedad intelectual, enfrentar estafas y limitar los costos energéticos trasladados a los consumidores. Al mismo tiempo, solicita eliminar obstáculos regulatorios y acelerar la adopción de la IA en diferentes industrias. Estas medidas muestran que la administración no propone necesariamente eliminar toda regulación, sino establecer un marco que permita atender determinados riesgos sin interrumpir la expansión de la industria.
China aparece como argumento central de la estrategia presidencial
El 8 de noviembre, durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, Donald Trump manifestó que estaba dispuesto a considerar salvaguardas para la inteligencia artificial e incluso trabajar con los demócratas en determinadas medidas.
«Absolutamente lo haría. No me importan las barreras (salvaguardas), pero no quiero ponernos en una segunda posición muy rezagada. Estamos liderando en el número uno. Y China no tiene salvaguardas, por cierto», expresó Trump.
Sin embargo, advirtió que la regulación no debía colocar a Estados Unidos en una posición de desventaja frente a China. Según Reuters, el presidente considera que los riesgos de la tecnología pueden administrarse, pero rechaza restricciones que comprometan la competitividad estadounidense.
La posición es consistente con la estrategia tecnológica de la Casa Blanca, que presenta el liderazgo estadounidense en IA como un objetivo de seguridad nacional y crecimiento económico. La administración impulsa la expansión de centros de datos, la disponibilidad de infraestructura informática y la adopción de sistemas avanzados tanto en el sector privado como en dependencias públicas.
La competencia con China introduce una dificultad adicional para las propuestas de suspensión tecnológica. Una restricción aplicada exclusivamente a desarrolladores estadounidenses no garantiza que compañías y laboratorios de otros países adopten las mismas limitaciones. Por su parte, la propuesta de Sanders contempla que Estados Unidos busque acuerdos internacionales para impedir el desarrollo de superinteligencia fuera de sus fronteras.
La discusión no consiste únicamente en decidir cuánto debe regularse la inteligencia artificial. También comprende si una suspensión nacional tendría efectos reales sobre el desarrollo global de la tecnología y cómo podrían coordinarse las obligaciones de seguridad entre países que mantienen una competencia estratégica.
¿Puede aprobarse la prohibición de Sanders?
La nueva mayoría demócrata proporciona condiciones institucionales para ampliar el debate, pero no garantiza la aprobación del proyecto. La iniciativa S. 5493 fue presentada durante el 119.º Congreso, cuyo mandato terminará el 3 de enero de 2027. Si no supera el procedimiento legislativo antes de esa fecha, tendrá que presentarse nuevamente durante el siguiente Congreso.
Incluso con el control de ambas cámaras, los demócratas necesitarían superar los obstáculos del Senado, negociar con legisladores que mantienen posiciones distintas sobre la regulación de IA y enfrentar un eventual veto de Trump.
Otra posibilidad institucional sería alcanzar acuerdos sobre medidas más delimitadas, como evaluaciones independientes, transparencia, responsabilidad empresarial, protección de menores o costos energéticos. Sin embargo, la existencia de propuestas sobre esos asuntos no significa que haya un acuerdo legislativo definido.
Las declaraciones de Trump sobre posibles salvaguardas permiten identificar un espacio de negociación, aunque el presidente no ha expresado respaldo a las prohibiciones y facultades de intervención contenidas en la iniciativa de Sanders.
El resultado electoral del 3 de noviembre coloca así a Estados Unidos ante dos enfoques de regulación tecnológica que comparten algunas preocupaciones, pero difieren en el alcance de la intervención gubernamental.
Mientras Sanders propone establecer límites directos al desarrollo de capacidades consideradas peligrosas, la administración Trump sostiene que la seguridad debe atenderse sin comprometer la carrera tecnológica internacional.
La creciente preocupación pública, documentada por Pew Research Center, añade una nueva dimensión a este conflicto. La regulación de inteligencia artificial ya no se discute únicamente en términos de riesgos hipotéticos asociados con futuros sistemas superinteligentes, sino también a partir de sus efectos sobre el empleo, los consumidores, la infraestructura y la concentración del poder tecnológico.
La cuestión que deberá enfrentar el nuevo Congreso no será solamente si Estados Unidos necesita reglas para la inteligencia artificial, sino qué capacidades deben quedar sujetas a autorización, quién puede determinar cuándo un sistema representa un riesgo y hasta dónde debe llegar la autoridad del gobierno sobre su desarrollo.
