Ante la falta de garantías para salvaguardar la vida de las activistas y los pocos avances en el feminicidio de la fotógrafa, los relatores solicitaron al Estado Mexicano información y datos sobre ambos casos, así como información precisa sobre el avance de las investigaciones.
Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Estado Mexicano que proporcione información sobre los avances de las investigaciones del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista asesinada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca el 2 de junio del 2018.
La Acción Urgente Mex 7/2020 fue firmada por Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; Agnes Callamard, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Clement Nyletsossi Voule, relator especial sobre los Derechos de Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación; Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias y Elizabeth Broderick presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas.
Los relatores pidieron al Estado Mexicano avances referentes al caso de el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca) , que a raíz de que llevaron a cabo labores para exigir justicia sobre el feminicidio de Cruz Jarquín, recibieron una amenaza de muerte.
El 15 de junio del 2020, se encontró en las puertas de la oficina de la organización, una bolsa negra de nylon con pedazos de carne que parecían proceder de un animal, además de un cartel con un mensaje que contenía una amenaza firmada por un cártel del crimen organizado.
El 16 de julio del 2020, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación y se dictaron medidas de protección para los integrantes de la organización. Sin embargo, los relatores señalaron que las amenazas continúan a través de las redes sociales, donde han recibido mensajes cuestionando la veracidad de los hechos ocurridos con relación al feminicidio de la fotoperiodista.
Los funcionarios de la ONU externaron su preocupación sobre ambos casos y señalaron que la vida de los integrantes de Consorcio Oaxaca puede estar en «peligro grave»; también mencionaron que a dos años del feminicidio de Cruz Jarquín persiste la impunidad en torno a su caso, y su madre, Soledad Jarquín Edgar también ha recibido amenazas e intimidaciones.
«Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones o sacar una conclusión sobre los hechos, expresamos nuestra preocupación ante las intimidaciones a las defensoras de derechos humanos en Oaxaca y en nivel de vulnerabilidad en que se encuentran, por su labor de defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la impunidad. En particular estamos gravemente preocupados respecto a la amenaza de muerte en contra de los miembros de Consorcio Oaxaca, cuyas vidas pueden estar en peligro grave», señalaron los relatores.
Ante la falta de garantías para salvaguardar la vida de las activistas y los pocos avances en el feminicidio de la fotógrafa, los relatores solicitaron al Estado Mexicano información y datos sobre ambos casos, así como información precisa sobre el avance de las investigaciones.
En concreto, pidieron información sobre las investigaciones en torno a las amenazas que han recibido los familiares de la víctima y el Consorcio Oaxaca.
Los funcionarios de la ONU también solicitaron que el Estado Mexicano entregue información sobre la manera en que está procurando garantizar de manera segura la labor de los defensores de derechos humanos, en particular aquellos que se dedican a cuestiones de género.
Finalmente pidieron al Estado Mexicano que informe sobre las medidas que se han tomado para incorporar una perspectiva de género a los protocolos de protección de los activistas defensores de derechos humanos. El documento tiene fecha de publicación del 23 de junio del 2020.
