La corrupción es uno de los delitos en los que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfoca sus mayores esfuerzos. Sin embargo, aun quedan pendientes por resolver. Entre 2019 y 2020 la unidad presentó cientos de denuncias por este delito, en marzo de este año, tres casos más de corrupción, que involucran a exfuncionarios, salieron a la luz.
En la «Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México 2019-2020», la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que para el 2019 había presentado 164 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); y que entre 2018 y marzo del 2020, la unidad dirigida por Santiago Nieto Castillo, sumó 16 denuncias por corrupción.
De acuerdo con las cifras de esta dependencia, los delitos de corrupción que involucran a funcionarios es un tema prioritario en su agenda, aunque arrastra casos pendientes que han puesto a México en el centro de grandes redes de corrupción a nivel internacional, como el caso Odebrecht.
La lista de funcionarios y exfuncionarios públicos que la UIF ha relacionado con delitos de corrupción se ha multiplicado a raíz del 2019. Casos como el de La Estafa Maestra y el de la constructora brasileña, han exhibido la sofisticación que en México alcanzaron las operaciones de triangulación de fondos y lavado de dinero durante el sexenio anterior.
LOS MÁS BUSCADOS DE MARZO
Este mes, la UIF sumó otros tres casos más a la lista de escándalos que involucra a funcionarios de alto nivel: el congelamiento de cuentas de 43 personas vinculadas a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente de la sede de la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado por trata de personas, asociación delictuosa, y lavado de dinero.
Asimismo, la UIF solicitó a las autoridades de Andorra información de Sylvana Beltrones Sánchez, hija del priísta Manlio Fabio Beltrones, señalada en una investigación periodística por ocultar 10.4 millones de dólares en una banca privada de ese país, durante los años 2009 y 2010.
En tanto que Nieto Castillo solicitó el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, al que señaló de utilizar un esquema de lavado de dinero en el que habrían participado empresas ligadas a cárteles de droga mexicanos. Por medio de estas operaciones financieras, el mandatario estatal pudo haber recibido 14.3 millones de pesos en 2016 para adquirir una propiedad.
LOS CASOS PENDIENTES
De acuerdo con la UIF, entre el 2016 y el 2018 incautó 10 mil 442 millones 795 mil 737 pesos. De acuerdo con el reporte de denuncias, con corte al mes de marzo del 2020, la unidad rompió un récord histórico en 2019 en presentación de denuncias. Ese año, presentó 164 procedimientos ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cifra más alta acumulada desde el 2004.
La corrupción también fue el delito más perseguido por esta dependencia durante el primer trienio del 2020. Según los datos disponibles, de los 281 sujetos investigados por la unidad, 170 [el 60.5 por ciento] correspondió a investigaciones relacionadas con este delito.
De acuerdo con información que la SHCP proporcionó a la solicitud de transparencia 0000600018821, en el 2020 la UIF presentó 261 querellas por delitos fiscales. Otro reporte de transparencia señala que entre el 2019 y el 2021 la unidad presentó un total de 122 denuncias ante la FGR por operaciones de procedencia ilícita cometidos por servidores públicos.
A pesar de los avances, la UIF reconoce en su reporte que México aun no ha castigado casos de cohecho internacional, de los que existen 10 en proceso de investigación con los que se busca recuperar los activos o la jurisdicción de origen de servidor público.
Entre los pendientes que han generado más expectativa, se encuentra el caso de Emilio Lozoya Austin, expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien se declaró culpable ante la FGR de formar parte de la red de sobornos de Odebrecht.
De acuerdo con Santiago Nieto, la UIF ya presentó cinco denuncias en su contra y a finales del 2020 anunció que preparaba una sexta relacionada con una adquisición a Odebrecht durante el periodo en que Lozoya se desempeñó como director de la empresa petrolera. En marzo, el exfuncionario quien se encuentra bajo arresto domiciliario, solicitó una prórroga de tres meses para resolver su situación jurídica.
