La CNDH admitió que la recomendación 15VG/2018 sobre el Caso Iguala no cumplió con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, revictimizó y fue insuficientes para señalar a instituciones gubernamentales que tuvieron una mayor participación en los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que admitió que la recomendación 15VG/2018 sobre el caso Iguala no fue contundente, y no se llevó a cabo una investigación a profundidad sobre la participación de autoridades, entre ellas del Ejército mexicano en los actos de violación de derechos humanos en contra de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
La recomendación fue emitida a finales de 2018 como resultado de una investigación que la CNDH llevó a cabo sobre el caso Iguala, en la que encontró que el Estado mexicano llevó a cabo graves violaciones a los derechos humanos la noche del 26 de septiembre del 2014 en que fueron reprimidos los normalistas de Ayotzinapa y 43 de ellos víctimas de desaparición forzosa.
En 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, el organismo presidido por Raúl González Pérez se refirió al caso como «abominable», e informó que en su investigación encontró relación entre las autoridades mexicanas y organizaciones criminales. Dos años después, la Oficina Especial para el caso Iguala ha sido disuelta, y la misma CNDH emitió este jueves una crítica sobre sus propias recomendaciones a instancias gubernamentales.
En el documento, la CNDH admite que la recomendación 15VG/2018 no cumplió con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y revictimizó a las personas afectadas. El organismo también admitió que las recomendaciones fueron insuficientes o poco contundentes en el caso de instituciones gubernamentales de las que se constató que tuvieron una mayor participación en los hechos.
Entre las instituciones que en 2018 fueron protegidas desde la CNDH, al no señalar con contundencia sus fallas, destaca la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entonces a cargo de Salvador Cienfuegos Zepeda. También se menciona a la Fiscalía del Estado de Guerrero, dirigida por Miguel Ángel Godínez Muñoz.
A nivel municipal se mencionan omisiones similares que favorecieron a los gobiernos de Iguala, en donde José Luis Abarca Velázquez era Alcalde, y Cocula, cuya alcaldía correspondía a César Miguel Peñaloza Santana, ambos presidentes municipales estuvieron bajo arresto.
SEDENA OCULTÓ INFORMACIÓN
La CNDH también admitió que la Sedena ocultó al organismo información relacionada con violaciones de los derechos humanos. Según la CNDH se entorpeció la investigación de elementos del 27 Batallón de Infantería, quienes tuvieron participación protagónica en los hechos, ya que no proporcionaron información suficiente.
«Los puntos recomendatorios dirigidos en específico a la Secretaría de la Defensa Nacional no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, ya que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por esta Comisión Nacional, tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los elementos castrenses», expresó la CNDH.
Como parte de las mismas omisiones se señalan los casos de los ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano. Estos ayuntamientos no fueron parte de la lista de autoridades a las que se les emitió recomendaciones. En el caso de Huitzuco se omitió que algunos de los 43 normalistas desaparecidos fueron trasladados a este municipio donde tuvieron participación en los hechos elementos de la extinta Policía Federal, estatal y municipal.
La investigación de la CNDH también descartó los testimonios que señalaron la relación del traslado de droga de Iguala a Chicago, asunto que pudo ser el móvil de la agresión. Por el contrario, se criminalizó a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, al relacionarlos con el tráfico de estupefacientes.
6 AÑOS SIN AVANCES CONTUNDENTES
Durante la conmemoración del sexto aniversario de la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno Federal preparaba varias órdenes de aprehensión en contra de militares que se mantienen pendientes. En el mismo evento Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, señaló que cuenta con 80 millones de registros de telecomunicaciones llevadas a cabo entre los años 2014 y 2018, mediante las que se ha constatado que los 43 estudiantes desaparecidos nunca estuvieron juntos.
Encinas agregó que la Sedena entregó información del 27 y 35 Batallón, ubicado en Iguala para que las autoridades investiguen la posible participación de miembros del Ejército en la comisión de este delito. Esta información corresponde a bitácoras, bases de datos, fotos y videos.
Hasta septiembre del 2020 se habían llevado a cabo 80 arrestos relacionados con el caso Iguala. Sin embargo, este año no se han dado avances significativos, a lo que se suma que un grupo de jueces han liberado a sujetos clave de la investigación y otros se encuentran prófugos.
Es el caso de Tomás Zerón, exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tiene una orden de aprehensión por el delito de tortura de sospechosos de este caso, desaparición forzada y malversación de 55 millones de pesos del erario público.
