La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde la que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión externó su preocupación por las acciones de vigilancia que la PRG ejerció en contra de las defensoras.
Activistas y diversas organizaciones expresaron su indignación tras la publicación de un reportaje del Washington Post que reveló que la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General (FGR) intervino las comunicaciones de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la periodista Marcela Turati, y la antropóloga forense Mercedes Doretti.
De acuerdo con el reportaje firmado por Mary Beth Sheridan, la abogado logró que las autoridades mexicanas le entregaran el expediente con 271 tomos sobre la masacre de San Fernando ocurrida en 2011 y atribuida al cártel de Los Zetas, un caso al que le había dado seguimiento por una década. En el archivo encontró que ella también fue investigada como sospechosa de este caso al igual que los narcotraficantes.
En 2010 fueron ejecutados 72 migrantes provenientes de Centroamérica y América del Sur en el ejido de El Huizachal, ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Un año después ocurrió una segunda ejecución masiva en la que fueron asesinadas 193 personas y arrojados a una fosa clandestina en el mismo municipio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró irregularidades en la investigación, entre ellas, deficiencias en la identificación de víctimas. Además de que la PGR señaló en 2014, que policías de San Fernando colaboraron en las masacres.
EN LA CLANDESTINIDAD
De acuerdo con el expediente, las autoridades mexicanas llevaron a cabo una investigación clandestina en contra de Delgadillo, Turati y Doretti, en la que las autoridades estuvieron facultadas para vigilar a las mujeres y obtener registros de sus llamadas telefónicas, mensajes de texto y trazar un mapa de sus comunicaciones.
A partir del 2008 la extinta PGR fue autorizada para intervenir comunicaciones de los cárteles de la droga. Sin embargo, también han obtenido autorización para espiar a políticos acusados de corrupción, ejecutivos sospechosos de fraude, e incluso 31 científicos señalados por supuestas irregularidades presupuestarias, afirma el diario estadounidense.
La investigación en contra de las tres mujeres comenzó a raíz de que una madre de una de las víctimas presentó una denuncia en contra de Turati ante la Unidad de Delincuencia Organizada, debido a que no le habría dado autorización para publicar información sobre su caso.
La Unidad abrió una investigación por el delito de secuestro a pesar de que no se presentaron denuncias por este delito en su contra. Los investigadores de la PGR enviaron una orden con carácter de «extra-urgente» a las compañías telefónicas para que entregaran los registros de todas las llamadas y mensajes de texto (SMS) enviados por Turati, Delgadillo y Doretti a partir del 2015. También solicitaron las ubicaciones desde las que realizaron llamadas telefónicas.
De acuerdo con el Washington Post, este es el primer caso en que el Gobierno de México emplea mecanismos para combatir al crimen organizado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, negó al Washington Post que el Gobierno mexicano persiga a sus críticos y se deslindó de la intervención de las comunicaciones a las tres mujeres, al atribuirlas al sexenio anterior y calificarlas como una «muestra de la arbitrariedad que reinaba bajo el antiguo régimen».
ONGS CONDENAN LAS ACCIONES
A través de las redes sociales, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, condenó la impunidad en la que permanecen los responsables de las masacres, en contraste con las acciones de persecución en contra de Delgadillo, directora de esta organización.
En lugar de dar con los responsables de la masacre de 196 personas, entre elles migrantes, cuyos restos fueron hallados en «Fosas Clandestinas» (2011), la entonces PGR investigó a @analorenadp , directora de @FJEDD https://t.co/H71YyYOiaR
— Fundación Justicia (@FJEDD) November 23, 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde la que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión externó su preocupación por las acciones de vigilancia que la PRG ejerció en contra de las defensoras y la periodista.
#México🇲🇽 La Relatoría manifiesta preocupación ante los reportes recibidos sobre acciones de vigilancia estatal de las comunicaciones contra mujeres defensoras y periodistas que investigaban la masacre y desaparición de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) November 23, 2021
Artículo 19 condenó el empelo del aparato de justicia para criminalizar la libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos y externó su solidaridad con las afectadas.
📢 Desde ARTICLE 19 condenamos la utilización del aparato penal para criminalizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos.
Externamos nuestra solidaridad con @analorenadp, @marcelaturati y Mercedes Doretti (@eaafoficial).
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) November 24, 2021
Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional manifestó su solidaridad y condenó las acciones de persecución en contra de las mujeres mediante el uso del aparato del Estado.
Toda mi solidaridad con @analorenadp, @marcelaturati y Mercedes del EAAF. Increíble el uso del aparato del Estado para investigar a quienes quieren verdad en lugar de esclarecer los hechos de las masacres en San Fernando. https://t.co/WzMJb5iTK6
— Marcela Villalobos (@MarceVillalobs) November 24, 2021
Este miércoles, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las organizaciones Fundación Para la Justicia, Equipo Argentino de Antropología Forense, Instituto Para las Mujeres Migrantes y Refugios, Búscame, Centro Fray Juan de Lagos, Colectivo Justicia y Esperanza, convocan a una rueda de prensa para dar a conocer más detalles del caso.
