La disposición surge a unos meses de las elecciones que tendrán lugar en noviembre y retoma el discurso anti inmigrante que mostró durante su campaña del 2016, que le ayudó a obtener votos conservadores.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos mantiene sus políticas restrictivas y hostiles en contra de los migrantes hispanoamericanos. Este martes, firmó un memorándum en el que pide excluir a los migrantes indocumentados del censo para reconfigurar los distritos del Congreso bajo el argumento de que tomarlos en cuenta es un «incentivo perverso».
Donald Trump, quien contiende de nueva cuenta por la silla presidencial, pidió esta semana excluir a los indocumentados del conteo para la redistribución de los distritos del Congreso porque según su planteamiento, ofrecerles representación ante el Congreso atenta contra los principios de democracia participativa que ostenta su Gobierno y a la vez «crearía incentivos perversos que alientan las violaciones de la Ley federal».
El número de curules del Congreso se redistribuye cada 10 años de acuerdo con un censo poblacional. El proceso ya se encuentra activo a pesar de la contingencia por el COVID-19. El conteo es realizado en línea.
La disposición surge a unos meses de las elecciones que tendrán lugar en noviembre y retoma el discurso anti inmigrante que mostró durante su campaña del 2016, que le ayudó a obtener votos conservadores. Según datos del a Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en EU existen 41 millones de migrantes. En tanto que el 83 por ciento de las personas que han sido deportadas no han enfrentado un proceso justo ni llevado una audiencia ante un juez. El Gobierno de EU ha gastado 1.84 billones de dólares en detener a migrantes.
NIÑOS SEPARADOS DE SUS FAMILIAS
Sus políticas restrictivas en contra de los migrantes se han mantenido durante todo su gobierno, y afectan sobretodo a los menores de edad. Una investigación de la agencia AP reveló que la Administración recluye a menores de edad sin acompañamiento en hoteles antes de deportarlos a sus países de origen, lo que se contrapone a sus derechos humanos.
Uno de los temas que más indignación ha causado entre los críticos del presidente estadounidense son las medidas que su Gobierno interpone para recluir a los migrantes en centros de detención como si fuesen delincuentes, donde los obligan a permanecer durante meses antes de ser repatriados. En muchos de estos casos los menores de edad son separados de sus familias.
ACLU denunció en el 2019 que tenía documentados al menos 900 casos de niños de familias indocumentadas que fueron separados de sus familias por las autoridades estadounidenses.
La Administración reconoció el año pasado que había perdido la pista de mil 500 menores en estas circunstancias desde finales del 2017, los menores habrían sido trasladados a hogares de acogida. También admitió en entre el 19 de abril y el 6 de junio el Gobierno estadounidense separó de sus padres a 2 mil niños, algunos de ellos aún en edad lactante.
A pesar de estas declaraciones y la indignación que ha generado el tema, el Gobierno de Trump mantiene en vigor estas políticas. Esta semana la agencia AP publicó una investigación sobre la reclusión de niños de hasta un año de edad en hoteles de la cadena Hampton Inn & Suites en Arizona, ubicados en la línea fronteriza de Texas y México.
De acuerdo con la investigación ,estos hoteles han sido utilizados más de 200 veces para recluir en ellos a niños migrantes sin la compañía de sus padres y permanecen ahí durante semanas. Según AP, esta disposición se contrapone a las leyes federales en contra la trata y a un acuerdo judicial que estipula que los niños migrantes deben ser enviados a refugios para su eventual colocación con patrocinadores familiares.
Sin embargo, la Administración de Trump ha restringido todavía más sus políticas migratorias con el pretexto de la contingencia por el COVID-19 y expulsa de inmediato a cualquier persona que busca asilo en este país, señaló AP.
PATRULLAS FRONTERIZAS CON UN LARGO EXPEDIENTE DE VIOLACIONES
Andrea R. Flores, subdirectora de Políticas de Inmigración de ACLU, señaló que los 20 mil agentes de esta corporación tienen «una larga y preocupante historia de actuar con impunidad». Cuentan tienen una jurisdicción que se extiende por 100 millas (160 mil 934 kilómetros), tanto en tierra como en mar, trabajan de manera remota y sin cámaras de vigilancia. Rastrean a traficantes de drogas pero también tratan con un grupo «increíblemente vulnerable» de personas migrantes a las que la agencia todavía se refiere como aliens.
ACLU señaló que el Departamento de Seguridad de EU llevó a cabo una investigación interna en el 2015 en la que encontró que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBS, por sus siglas en inglés) violaban la Ley y eran arrestados en mayor medida que en otras corporaciones del Gobierno. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han sido arrestados por corrupción, agresión agravada, agresión sexual y delitos sexuales en contra de niños.
Les disparan a los migrantes, los atropellan con sus vehículos y se tiene documentado que en el 2012, un agente disparó desde la valla fronteriza del lado estadounidense en contra de José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años que se encontraba en México. Desde el 2010 hay reportes de al menos seis personas que fueron asesinadas por la Patrulla Fronteriza en las mismas circunstancias, incluidos tres niños.
ACLU reportó que este mes una persecusión de la patrulla resultó en el accidente más mortal de El Paso, en donde 7 personas perdieron la vida y en otro evento, un agente atropelló a un migrante.
