La subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que preside Alejandro Encinas, entregó 18 folios de los 868 que solicitaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La dependencia concluyó que en estos documentos se confirma que la Sedena tuvo conocimiento de lo que sucedía minuto a minuto durante la noche de Iguala y que tenía un estudiante infiltrado, por el que no intercedió a pesar de contar con un protocolo de búsqueda y rescate.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa entregó a los padres y madres de los normalistas desaparecidos, 18 de los 868 folios correspondientes a documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Iguala, Guerrero, que solicitaron al Gobierno mexicano.
Estos documentos fueron generados entre el 20 de abril y el 22 de octubre del 2014, y los padres y madres de los estudiantes normalistas creen que en ellos se encuentran claves de lo qué sucedió con sus hijos. En septiembre pasado, los familiares pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que entregara estos documentos, los cuales, presumían que se encontraban en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 20 de septiembre, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le requirieron la entrega de los documentos en poder de la Sedena, así como la información que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que se encontraba pendiente de entrega.
Este martes [17.10.23] la subsecretaría difundió un adendum al Segundo Informe de la Covaj, en el que se agregaron los 18 folios de documentos que fueron entregados por la Sedena a la Comisión. Seis de estos folios fueron expedidos antes del 26 de septiembre del 2014, fecha en que ocurrió la desaparición de los normalistas, y describen comunicaciones de presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Otros cuatro folios corresponden a documentos con fechas entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, que contienen 196 extractos de conversaciones que narran la violencia que se generó durante la noche de Iguala, así como conversaciones de supuestos miembros del crimen organizado y de seguimientos a autoridades, «sujetos de interés» y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
El último conjunto de folios corresponde a ocho documentos de fechas posteriores a la desaparición de los normalistas, que muestran extractos de conversaciones y acciones sobre sitios de búsqueda y organizaciones sociales. Esta información fue entregada a los padres de familia e integrada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la descripción de los documentos entregados, la Subsecretaría concluyó que en los 18 folios se corroboró la información contenido en el Segundo Informe de la Covaj.
En el primer grupo de documentos, la dependencia afirma que se comprobó que la Sedena había identificado y vigilaba a sujetos considerados como objetivos prioritarios, por su relación con el crimen organizado, según la dependencia, estos documentos deben de integrarse a la investigación que lleva el Estado sobre el caso Ayotzinapa. Asimismo, se acreditó la existencia de los Organismos de Búsqueda de Información (OBI) que pertenecían al Ejército y que hacían seguimiento de estudiantes normalistas.
Estos documentos también permitieron confirmar que desde el 2012, el estudiante normalista, Julio «N», uno de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, pertenecía a la Sedena y se desempeñaba como OBI. Este caso en particular podría implicar un agravante, ya que «en el Oficio DH-7390, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, se especifica que Julio “N” fue miembro activo del ejército desde 2012, y que pudo haber generado reportes sobre la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa».
Debido a que los superiores militares de Julio «N» tuvieron conocimiento de los movimientos que realizaba el grupo de normalistas con el que se movilizaba, el documento señala que debieron activar el «Protocolo para militares desaparecidos», que requiere a los mandos superiores “implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido”.
Los documentos que revelan información durante los días 25 y 26 de septiembre reiteran que las autoridades de todos los niveles estaban enteradas de todos los movimientos que derivaron en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Estos folios confirman que la Sedena «tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron», concluye el informe.
ADENDUM AL 2DO INFORME DEL COVAJ SOBRE AYOTZINAPA
Adendum_final_completo
