#Proyecto84 | Una auditoría realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental por solicitud del Congreso estadounidense, reveló el desorden que imperó entre 2014 y 2018 entre dependencias de México y Estados Unidos, al no disponer de una estrategia para centralizar la información sobre el tráfico de armas a México y no analizar todos los datos disponibles mediante un software, cuya efectividad se vio excedida por la burocracia.
El Gobierno de los Estados Unidos cuenta con software para rastrear armas incautadas por autoridades de otros países. Sin embargo, en el caso de México, no funcionó como debería. Entre el 2014 y el 2018 los datos que recabaron, tanto funcionarios mexicanos como estadounidenses, se encuentran en un agujero negro, debido a la falta de coordinación entre dependencias. Tampoco se desarrollaron objetivos bien delimitados para aprovechar todos los datos a los que podían tener acceso y que hubieran permitido identificar con mayor precisión la cadena de operaciones ilícitas detrás del tráfico de armas.
Tanto en México como en EU, las autoridades confiaron en que la implementación de tecnología garantizaría resultados, sin considerar las circunstancias, ni el esfuerzo de colaboración binacional que se requería.
El software eTrace fue desarrollado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE, por sus siglas en inglés, comúnmente abreviado como ATF) para intercambiar datos sobre armas de fuego a través de un ecosistema seguro en la Red. Este programa está diseñado para rastrear datos de los propietarios de armas incautadas fuera de los Estados Unidos.
La ATF he llevado a cabo varias operaciones para combatir el tránsito de armas de fabricación estadounidense a México, que son utilizadas mayoritariamente por miembros de la delincuencia organizada. A través del proyecto Gunrunner, la ATF intentó interceptar a compradores para evitar que las armas ingresaran al mercado negro.
Entre 2005 y 2008, periodo en que Genaro García Luna fue titular de la Exagencia Federal de Investigación (AFI) [2001-2006] y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) [2006-2012], el proyecto recibió críticas debido a que permitió que comerciantes de armas con licencia vendieran sus productos a compradores ilegales a través de la operación Wide Receiver [2006-2007] y Rápido y Furioso (2009-2010). Sin embargo, otras operaciones de esta oficina han continuado con distintos objetivos.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), la cual depende del Congreso estadounidense, realizó una auditoría con el número de folio GAO-21-322, a petición del Poder Legislativo, en la que revisó los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar el tráfico de armas de fuego a México. La versión pública de este informe fue liberada en febrero del 2021. El periodo observado se delimitó entre los años 2014 y 2018, años de crisis y efervescencia política en México y de una escalada de homicidios debido a la violencia detonada a partir del inicio de la Guerra contra el crimen organizado.
En el documento, la agencia emitió ocho recomendaciones a la oficina de la ATF y al el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a la falta de comunicación entre dependencias a nivel binacional, desorden, contradicciones en los reportes, omisiones en el análisis de datos, entre otras circunstancies que han contribuido a que no se rastreen miles de armas que son incautas por autoridades mexicanas, tanto por dependencias militares como estatales.
La oficina de la GAO reveló que entre los años 2013 y 2018 la ATF rastreó un promedio anual de 16 mil armas que fueron recuperadas en manos de presuntos delincuentes mexicanos. De los rastreos realizados, el gobierno de EU, a través del ATF y el ICE, pudo recuperar más información de la que obtuvo para combatir el tráfico de armamento a México. Esta omisión se debió sobre todo a la burocracia y la falta de comunicación entre las dependencias encargadas de incautar armamento.
En aquellos años, México recuperaba armas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar), la exPolicía Federal, policías estatales y municipales, y otras dependencias. Sin embargo, en este reporte, que fue entregado al Congreso estadounidense, se explica que en EU solo se rastrearon armas cuyas solicitudes procedían de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y al resto de armas incautadas por otras dependencias se les perdió de vista.
Fabián Medina publicó en el artículo «Radiografía del tráfico ilícito de armas en México», que México incautó 332 mil 689 armas a criminales entre los años 2010 y 2020. Sin embargo, rastrear la totalidad de este armamento fue imposible.
Según el reporte, la ATF solo recibió solicitudes de rastreo a través de eTrace de la extinta PGR, pero no de dependencias militares, ni de seguridad pública a nivel estatal. GAO concluyó que el programa de rastreo no fue efectivo para identificar miles de armas que fueron incautadas por estas dependencias.
«La ATF recibe solicitudes de rastreo de armas de fuego de la Procuraduría General de la República de México, pero no recibe solicitudes de otras agencias federales o estatales mexicanas que también recuperan armas de fuego. Como resultado, la ATF carece de datos sobre miles de armas de fuego recuperadas en México», señaló la GAO en el reporte.
Durante el periodo de Guerra contra el narcotráfico, y hasta el 2020, las autoridades mexicanas y estadounidenses dejaron en un abismo miles de armas que pudieran brindar información de quiénes las adquirieron, quienes fueron los vendedores, cuántas veces se efectuaron transacciones con esas armas, pero también datos más precisos que pudieron aportar mayor contexto y revelar el modus operandi del contrabando de armas. Esta información pudo ser útil para controlar el tráfico de armas que generó una escalada histórica de homicidios en México.
Mortalidad/Conjunto de datos: Defunciones por homicidios ocurridos entre el 1990 y 2020. Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
CONTRADICCIONES
El informe de la GAO también señala que las agencias estadounidenses realizaron conclusiones sobre el tráfico de armas a México a partir de información aislada, es decir, que no fue contrastada con la obtenida por otras instancias. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) afirmó que la frontera terrestre entre México y EU era el principal punto de salida de armas de contrabando. La agencia llegó a esta conclusión tomando en cuenta únicamente datos de la DHS. Mientras que la ATF tiene su propia versión.
La ausencia de datos pudo influir en inconsistencias y hallazgos contrapuestos, como el caso de la ATF que concluyó -sin tomar en cuenta todas las incautaciones que hicieron las autoridades mexicanas, ya que como se señaló, solo contaban con datos de la PGR- que el tipo de arma más frecuente en el tráfico de armas a México eran pistolas y revólveres de bajo calibre. En 2017, el HSI concluyó que el mayor porcentaje de armas incautadas eran largas o de grueso calibre; mientras que la ATF indicó que el 64 por ciento de armas recuperadas en México, que fueron rastreadas hasta EU, correspondió a armas cortas o pistolas.
De manera similar, el HSI reportó que los traficantes de armas suelen realizar compras a testaferros de licencias federales, mientras que el ATF sostiene que el tráfico de armas se compone en su mayoría de proyectiles adquiridos en el mercado secundario.
FALTA DE COORDINACIÓN EN MÉXICO
Además de las contradicciones, la ATF trabajó con vacíos de información porque México también tenía problemas para recolectarla. Según el informe de la GAO, la ATF solo rastreó el 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre los años 2014 y 2018, que corresponde a una cifra de 80 mil proyectiles, de los cuales, encontraron que 56 mil fueron fabricadas o importados a EU. En este reporte, las autoridades estadounidenses refirieron que funcionarios mexicanos informaron a las autoridades de EU que el 64 por ciento de estas armas correspondían a pistolas y revólveres, los cuales ascendían a 36 mil proyectiles.
Estas armas fueron recuperadas con mayor frecuencia al noroeste de México, en la frontera con California. A pesar de que las armas de uso exclusivo del Ejército han sido una constante en las incautaciones a miembros del crimen organizado, en este reporte, solo se informó de 19 mil armas largas, que corresponden al 34.5 por ciento del total de armas reportadas. De manera adicional se informó de 214 ametralladoras, y 121 receptores que suman 0.6 por ciento del total.
La ATF dependió durante el periodo en que se realizó esta auditoría únicamente de la información que solicitó por eTrace la PGR y el resto de dependencias quedaron en un limbo. Funcionarios tanto de EU como de México afirmaron que el acceso al software de rastreo se limitó a la PGR para tener mayor control y enfocarse en delitos federales como el tráfico de armas. Sin embargo, limitar el acceso a una sola dependencia, restringió la colaboración binacional, además de que se mantuvieron en espera de ser procesados, datos de armas de fuego recuperadas a nivel estatal hasta que no se completaban los procesos penales, que de acuerdo con funcionarios mexicanos, tomaban en ocasiones más de un año en concluirse.
La cadena de información se rompía mucho antes de que llegara a la PGR, de acuerdo con exfuncionarios mexicanos, el Ejército y otras dependencias no reportaban todas las armas que incautaban. Funcionarios estadounidenses que tenían oficinas en México tenían conocimiento de esta problemática. En febrero del 2020, agentes de la ATF reportaron que había un déficit de registro estimado en 25 mil proyectiles incautados, que no habían sido presentadas por las agencias federales y estatales para su rastreo. En ese mismo reporte, la ATF informó que existía un depósito de 13 mil armas en una instalación militar mexicana que no habían sido rastreadas.
Según la ATF existen 29 mil armas incautadas que no han podido ser analizadas. Entre los motivos señaló.
-Ausencia de números de serie en el cuerpo de los proyectiles o no son válidos.
-Los registros federales de las licencias estaban incompletos
– El arma de fuego fue fabricada antes de que se aprobara la Ley de Control de Armas de 1968 y estableciera el registro de armas.
INCAUTACIOENES EU: TAMBIÉN EN EL ABISMO
La ATF tampoco analizó datos de las armas de fuego que estaban destinadas para ser enviadas a México, y que fueron incautadas en territorio estadounidense durante el 2014 y el 2018. Según el documento expedido por la GAO, los funcionarios solo recopilan datos relacionados con violaciones dentro de sus demarcaciones, y excluyen los casos de exportaciones ilegales, así escapan de su vista las incautaciones de armas destinadas a México. La ATF informó al a GAO que a partir de una iniciativa con fecha del 2020 comenzaron a revisar estos casos, hasta antes de ese año, no se revisó esta información.
Lo mismo sucedió con el caso de armas destinadas al contrabando hacia México, que fueron incautadas por agencias distintas a la ATF, como es el caso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el ICE. En agosto del 2020 la ATF colaboró con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) para producir una base de datos con las tendencias de incautaciones. Al concluir este proyecto, la ATF no analizó los datos sobre incautaciones de la CBP, al omitir esta información, la agencia perdió la oportunidad de saber más acerca de cómo se desviaron las armas de fuego a México desde EU, un panorama más amplio que solo identificar a los compradores iniciales, que es la información que ha priorizado la ATF.
Una segunda oportunidad de adentrarse en el modus operandi del tráfico de armas con destino a México, en las entrañas de EU, la tuvo el ICE, que analizó datos que recuperó el DHS sobre armas incautadas en territorio estadounidense con destino a México. En este caso, la agencia tampoco revisó datos adicionales a sus archivos.
En este caso, funcionarios del HSI admitieron a la GAO que la ATF sí les compartió información sobre incautaciones de armas en México, pero la dependencia no la utilizó para identificar tendencias en el tráfico de armas, ya que la agencia se enfocó en realizar investigaciones sobre casos específicos. De acuerdo con la auditoría de la GAO, la HSI no analizó datos que recolectó la ATF de aproximadamente 56 mil armas de fuego de origen estadounidense que fueron recuperadas en México entre 2014 y 2018, las cuales pudieron ser movilizadas a través del contrabando.
2020: RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA Y OPERACIONES
En febrero del 2020, la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera Suroeste ordenó a las agencias estadounidenses que incrementaran el intercambio de información sobre armas de procedencia ilícita, entre ellos, los datos que recolectó la ATF sobre los lugares donde se recuperaron las armas de fuego, tanto en México como en EU, y hasta dónde fueron rastreadas, esto permitiría identificar rutas de contrabando. Sin embargo, hasta agosto del 2020 la ATF y la HSI no acordaron la manera en qué compartirían los datos.
En abril del 2020, la ATF implementó la Operación Hacia el Sur para interrumpir el flujo de armas estadounidenses con destino a México. Sin embargo, la agencia no logró identificar el número total de investigaciones que llevó a cabo. También se coordinaron la ATF, ICE y CBP, así como agencias policiales para analizar la información y desarrollar inteligencia acerca del tráfico de armas. Para llevar a cabo esta tarea se iniciaron operaciones como Southbound, mediante el que se ha realizado intercambio de inteligencia. Esta operación requiere de reuniones trimestrales de ATF con ICE y CBP, así como otras entidades. Sin embargo, los funcionarios de la ATF no pudieron indicar a la GAO, cuándo iniciaron estas reuniones.
Otras acciones incluyen la incautación de armas de grueso calibre recuperadas en México y enviadas a rastreo, así como de municiones y componentes. A partir del 2020, también se recolecta información de personas involucradas en el contrabando de armas a través de la frontera suroeste de EU.
Los informes de la ATF revelaron que en el año 2018 se iniciaron 35 mil 839 investigaciones de armas de fuego en territorio estadounidense y se recomendaron 10 mil 691 casos para su procesamiento, de los cuales, 7 mil 630 dieron lugar a acusaciones.
El ICE inició la Operación Strawman con el objetivo de investigar actividades criminales relacionadas con el contrabando de armas a México. La CBP coordinó inspecciones en colaboración con el Gobierno mexicano en puertos de entrada terrestres. El HSI envió unidades BEST a lo largo de la frontera suroeste para investigar actividades criminales y la CBP realizó inspecciones para identificar armas de fuego, drogas o dinero comercializado en el mercado negro.
De acuerdo con documentos oficiales, la operación Strawman tuvo como objetivo:
- Identificar y rastrear armas recuperadas en escenas de crimen en México
- Analizar información de rastreo de posibles pistas que coadyuvaran en la investigación de compradores de armas en los EU y quienes eran sus receptores en México.
En febrero del 2020, el ICE había identificado 271 pistas de armas y había realizado 69 solicitudes para su investigación. Según la CBP, durante los primeros 10 meses del 2020, incautó un total de 321 armas de fuego; además de 3 mil 53 piezas y accesorios para proyectiles y 167 mil 915 cartuchos de municiones en la frontera. En contraste, durante los años 2014 a 2019, la CBP reportó un promedio de 115 armas incautadas cada año. A pesar del aumento de las incautaciones, la CBP y algunos funcionarios de la Embajada de EU en México, declararon que la efectividad de las inspecciones se vio disminuida por los observadores del lado mexicano que advirtieron a los traficantes que acercaban los inspectores estadounidenses.
Durante el 2020, las incautaciones de armas de fuego disminuyeron, mientras que las de municiones aumentaron ya que entre el 2015 y el 2017, las unidades BEST incautaron 2 mil 512 armas de fuego a nivel nacional, incluidas mil 104 armas incautadas en el territorio suroeste de EU.
