Durante décadas, México enfrentó desafíos históricos para abrir las puertas de la información pública. Episodios como la masacre de Tlatelolco en 1968, el manejo opaco de la reconstrucción tras el terremoto de 1985 y las controvertidas elecciones presidenciales de 1988 evidenciaron la urgencia de contar con mecanismos que garantizaran el acceso a la verdad y la rendición de cuentas.
Fue hasta finales del siglo XX, en un contexto de creciente exigencia ciudadana, que comenzó a gestarse un marco legal en materia de transparencia, marcando el inicio de una transformación que cambiaría la relación entre el poder y la sociedad. La desaparición del INAI implica desafíos para no retroceder.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) marca un punto de inflexión en la historia reciente de la transparencia en México. Para entender la magnitud de este hecho, es necesario reflexionar sobre el largo y sinuoso camino que el país ha recorrido en materia de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el artículo «El Acceso a la Información Pública en México: Antecedentes, Conquistas y Retosurante gran parte del siglo XX», de Edgar Franco Vivanco y Juan E. Pardinas, la opacidad definió la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Casos emblemáticos como la matanza de Tlatelolco en 1968, el terremoto de 1985 y las elecciones de 1988 reflejan una constante: la ausencia de mecanismos que garantizaran el acceso público a información crucial. En estos años, el ejercicio del poder se mantuvo al amparo del secretismo, y conceptos como la «partida secreta» o el desconocimiento de las percepciones salariales de altos funcionarios eran la norma.
La presión social y política por una mayor rendición de cuentas comenzó a consolidarse con la transición democrática en las décadas de 1980 y 1990. En este contexto, las demandas de académicos, periodistas y activistas convergieron con la necesidad de legitimidad del naciente sistema de partidos.
La consolidación del derecho a saber
El verdadero impulso llegó en 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Este marco normativo, producto de un consenso político inusual, fue complementado con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Su misión: garantizar que cualquier ciudadano pudiera solicitar información del gobierno federal sin necesidad de justificar su petición. La reforma constitucional de 2007 fortaleció este derecho al establecer los principios básicos del acceso a la información y la protección de datos personales, extendiéndolos a los estados y municipios.
El 6 de diciembre de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia legislativa y democrática de México. Ese día, el Grupo Oaxaca, una coalición de intelectuales, periodistas, académicos y activistas, presentó su iniciativa de Ley de Transparencia a la Cámara de Diputados. La propuesta, respaldada por múltiples fracciones parlamentarias, obligó al gobierno del entonces presidente Vicente Fox a entrar en un ejercicio de diálogo sin precedentes, cuyo objetivo era consolidar un proyecto de ley unificado que reflejara tanto la iniciativa ciudadana como la oficial.
Un movimiento social sin precedente
El Grupo Oaxaca, integrado por figuras como Ernesto Villanueva, Roberto Rock Lechón, Jenaro Villamil, Issa Luna Pla y Salvador Nava Gomar, entre otros, no solo propuso una legislación, sino que articuló un movimiento social. Este movimiento transformó la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos al establecer el acceso a la información como un derecho fundamental. Este proceso también sentó las bases para lo que hoy se conoce como parlamento abierto, al incluir la participación ciudadana en el trabajo legislativo.
La Ley Federal de Transparencia: un logro histórico
En junio de 2002, y tras intensas negociaciones en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Este hecho marcó el inicio de un cambio estructural en la gobernanza del país. Apenas un año después, el 12 de junio de 2003, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo encargado de garantizar el derecho a la información y la transparencia gubernamental.
Factores clave en su éxito
El éxito del Grupo Oaxaca se debió, en parte, al respaldo de líderes políticos de distintos partidos, como Diego Fernández de Cevallos (PAN), Amalia García (PRD) y Dulce María Sauri Riancho (PRI). Este apoyo permitió superar las barreras iniciales en el Senado y consolidar una ley que respondiera a las demandas sociales. Además, los integrantes del Grupo redactaron un anteproyecto que se negoció tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un ejercicio de colaboración inédito en la historia legislativa del país.
Hacia una nueva cultura de rendición de cuentas
La Ley de Transparencia de 2002 no solo representó un logro legislativo, sino también un cambio cultural. Por primera vez, se colocó al ciudadano como eje central de la rendición de cuentas. Este legado histórico, impulsado por el Grupo Oaxaca, sigue marcando la vida política e institucional del país, recordándonos que la democracia no se limita al voto, sino que se construye día a día mediante el acceso a la información y la participación ciudadana.
En 2014, el IFAI fue transformado en el INAI, una institución con facultades ampliadas para proteger datos personales y garantizar la transparencia. Este cambio reflejaba un diseño institucional sólido, que sobrevivió múltiples transiciones políticas y consolidó avances significativos en la construcción de una cultura de apertura gubernamental.
