Con el impulso de leyes restrictivas y el cierre de APIs de plataformas digitales, el acceso a la información abierta se ha convertido en un campo de disputa. Desde restricciones legales hasta bloqueos algorítmicos, distintas formas de cierre digital están debilitando el uso del OSINT (Open Source Intelligence), una metodología clave para periodistas, activistas y analistas. Este artículo explora los riesgos que amenazan la investigación en fuentes abiertas y las herramientas que permiten resistir en tiempos de opacidad informativa.
En distintos rincones del mundo, gobiernos han endurecido las restricciones al acceso de la información digital. Desde bloqueos a medios independientes hasta la criminalización de la recopilación de datos abiertos, estas acciones configuran una tendencia global preocupante: el debilitamiento de las condiciones para realizar investigaciones OSINT (Open Source Intelligence), es decir, aquellas que se nutren de fuentes abiertas y accesibles en línea.
Durante 2023 y 2024, la Unión Europea y países como Venezuela, Argentina, El Salvador, México, Corea del Sur y Turkmenistán han implementado medidas que obstaculizan directamente el trabajo de periodistas, activistas, analistas de amenazas y organizaciones de derechos humanos. En algunos casos, como el de Venezuela, se ha bloqueado el acceso a más de 60 páginas web, usuarios de redes sociales y canales de YouTube, incluyendo plataformas de verificación como EsPaja o Cazadores de Fake News. La organizacion Ve sin filtro, informó que en el segundo semestre de 2024 los bloqueos se han sumado a cortes de internent.
En Argentina, un decreto presidencial permite negar información de interés público por considerarla «de naturaleza privada». En el decreto 780/2024, que fue publicado durante el gobierno de Javier Milei se precisió en el artículo 3, inciso «a»:
«No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria».
En El Salvador, nuevas leyes de ciberseguridad otorgan al gobierno el poder de eliminar información personal en internet, lo que podría usarse para silenciar críticas, conocida como «derecho al olvido». La organización Human Rights Watch expresó que
«La ley de protección de datos establece un “derecho al olvido” que permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos de internet, incluyendo motores de búsqueda y hasta medios de comunicación, cuando consideren que estos datos son “inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos” (…) podría permitir al gobierno presionar a los medios de comunicación para eliminar información de interés público sobre funcionarios o sus aliados alegando que la información es inexacta o incompleta», señaló Human Rights Watch.
En paralelo, se ha identificado una tendencia más estructural y silenciosa: el cierre algorítmico de internet. Plataformas globales como X (antes Twitter), Facebook o YouTube han reconfigurado sus algoritmos y políticas de acceso a datos públicos, lo que limita profundamente la visibilidad y accesibilidad de la información en tiempo real. La eliminación de herramientas como TweetDeck, el cierre de APIs gratuitas y la priorización de contenidos pagos o de grandes cuentas afectan directamente la capacidad de acceder a información útil para investigaciones OSINT.
Además, desde la Unión Europea se han aprobado marcos regulatorios como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que si bien buscan fortalecer la protección de datos y combatir la desinformación, también han derivado en nuevas restricciones para investigadores. Por ejemplo, algunas plataformas han limitado el acceso a datos geolocalizados, eliminado funciones de búsqueda avanzada o dejado de almacenar contenido por periodos largos, por temor a sanciones regulatorias.
Privatización de la recolección de datos con fines periodísticos
Estas restricciones tienen un impacto directo sobre el ecosistema OSINT. En primer lugar, reducen las fuentes disponibles y aumentan los riesgos legales para quienes recolectan y analizan datos abiertos. Además, dificultan el uso de herramientas técnicas como APIs, impiden el scraping automatizado o imponen geobloqueos que hacen inaccesibles ciertas plataformas desde determinados países. También generan efectos más difusos pero igual de graves, como la autocensura o la desconfianza en la veracidad de lo que circula en la red.
Uno de los desafíos más significativos para las investigaciones OSINT en los últimos años ha sido la creciente hostilidad de las plataformas hacia la automatización del acceso a datos públicos. El scraping —una técnica fundamental para recolectar grandes volúmenes de información en sitios web— ha sido objeto de restricciones legales y técnicas cada vez más severas. Muchas plataformas ahora incluyen cláusulas en sus términos de servicio que prohíben expresamente esta práctica, lo que expone a investigadores a posibles demandas por “acceso no autorizado”, especialmente en jurisdicciones con leyes como el CFAA (Computer Fraud and Abuse Act) de Estados Unidos.
Un caso paradigmático es el de X (antes Twitter), que desde su adquisición por Elon Musk ha implementado múltiples medidas para restringir el acceso programático a su contenido. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de la API gratuita y la introducción de planes pagos con limitaciones drásticas, que imposibilitan el monitoreo a gran escala. Además, se han aplicado bloqueos contra usuarios no registrados, desactivado el uso de herramientas como TweetDeck y CrowdTangle, para cuentas gratuitas, y se ha dificultado el scraping mediante técnicas como el rate limiting (limitación de consultas por minuto) o la ofuscación de datos HTML.
Estas decisiones han roto flujos de trabajo fundamentales para analistas, periodistas y activistas que utilizaban X como fuente en tiempo real para seguir conflictos armados, protestas o emergencias. Aunque aún existen alternativas técnicas —como el scraping con rotación de IPs, el uso de proxies o herramientas como snscrape—, el riesgo legal y la inestabilidad de estas soluciones aumentan la dependencia de fuentes descentralizadas o archivadas. Así, se configura un entorno donde el acceso libre a la información ya no está garantizado ni por la tecnología ni por las plataformas que la albergan.
Ante este panorama, existen herramientas y estrategias que pueden ayudar a mitigar las consecuencias del cierre de internet y sostener el trabajo OSINT:
- Elusión de bloqueos y censura: el uso de VPNs confiables (como Mullvad, ProtonVPN o IVPN), el navegador Tor o herramientas como Psiphon y Lantern permiten sortear restricciones geográficas y acceder a contenidos bloqueados.
- Protección de la identidad digital: sistemas operativos como Tails o Whonix y navegadores seguros como Brave o Firefox con extensiones de privacidad ayudan a preservar el anonimato durante la recolección de datos.
- Obtención de datos sin APIs oficiales: frameworks de scraping como Scrapy o BeautifulSoup, así como herramientas como gallery-dl o Wayback Machine, permiten recuperar información incluso cuando ha sido eliminada o archivada.
- Análisis y verificación: plataformas como Maltego, Spiderfoot o Aleph (de OCCRP) permiten estructurar y visualizar datos, mientras que herramientas como Hunchly, Check o Forensically ayudan a verificar la autenticidad de imágenes, videos y documentos.
- Almacenamiento seguro: opciones como CryptPad, Standard Notes o MEGA ofrecen almacenamiento cifrado para proteger los hallazgos de posibles intrusiones o censura.
Frente al avance de legislaciones que buscan acotar la esfera pública digital, la inteligencia de fuentes abiertas enfrenta una paradoja: cuanto más necesarias son sus metodologías para documentar abusos, desinformación o corrupción, mayores son los intentos por sofocarlas. Por eso, fortalecer la autonomía técnica, el trabajo en red y la conciencia legal de quienes practican OSINT es una forma de resistir frente al apagón informativo que se avecina.
En el taller “OSINT + IA para periodistas”, que se impartirá de 21 al 25 de mayo, se abrirá un espacio de discusión y análisis de estos desafíos: desde la erosión del acceso a fuentes abiertas hasta las nuevas restricciones algorítmicas impuestas por plataformas y gobiernos. En el taller también se explorarán herramientas éticas para recolectar, verificar y analizar información en contextos de censura o vigilancia. Una oportunidad para fortalecer capacidades ante el cierre progresivo de internet y defender el derecho a saber en la era digital.
Soli
