Un tribunal federal ratificó la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al resolver que la justicia de la Unión “no ampara ni protege a las víctimas indirectas”. Con esta decisión, los padres de los estudiantes desaparecidos quedaron sin vías legales para impugnar el fallo, y la exoneración del exedil se considera definitiva.
El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito ratificó la sentencia que absuelve al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La resolución dejó sin efecto la solicitud de amparo presentada por los padres de los estudiantes desaparecidos, al considerar que la justicia federal “no ampara ni protege a las víctimas indirectas”.
En la sentencia emitida el pasado 22 de mayo, el tribunal confirmó el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, dentro de la causa penal 66/2015. La resolución fue impugnada mediante el juicio de amparo 70/2022, promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero finalmente fue ratificada por el tribunal con sede en Matamoros.
Este fallo deja firme la exoneración de Abarca Velázquez, quien enfrentaba acusaciones por secuestro agravado en relación con la desaparición de los estudiantes, así como por delincuencia organizada. También fueron absueltos su exsecretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y al menos 18 personas más implicadas en la misma causa penal.
Con esta decisión, ya no queda recurso legal alguno para revertir la absolución, ya que el caso no involucra el análisis de la constitucionalidad de una norma y, por lo tanto, no puede ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de este fallo, José Luis Abarca permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Su prisión se debe a una sentencia de 20 años por el homicidio del activista social Justino Carbajal Salgado, cometido en marzo de 2013, además de enfrentar otros procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Esta era la única causa penal en la que Abarca aparecía directamente vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. La ratificación de su absolución representa un nuevo revés legal para las familias de los normalistas, que llevan casi once años exigiendo justicia sin que se hayan esclarecido plenamente los hechos ni determinado a todos los responsables.
Con información de Proceso y La Jornada.
