Un mes después de renunciar como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra se incorporó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del presidente Hugo Aguilar Ortiz, con un sueldo neto mensual de 118 mil pesos y diversas prestaciones.
Un mes después de renunciar como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra se incorporó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales, estatales y federales en complicidad con miembros del cártel de Guerreros Unidos, un caso que a casi 11 años sigue sin resolverse.
De acuerdo con el portal oficial del Alto Tribunal, Rosales Sierra fue designado Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, con un sueldo neto mensual de 118 mil 138 pesos, además de prestaciones que incluyen seguro de gastos médicos mayores, apoyo para lentes, estímulo por el Día del Padre y seguro de separación individualizada.
En agosto pasado, Rosales Sierra había dejado la representación legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014 y su puesto en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, citando “cuestiones personales y de salud”. En su carta de renuncia del 19 de agosto, señaló: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Mi compromiso con los pueblos indígenas sigue incólume”.
Nacido en 1976 en Totomixtlahuaca, Guerrero, Rosales Sierra colaboró durante 24 años con el Centro Tlachinollan, asesorando a la policía comunitaria de Guerrero, a campesinos despojados de tierras y a mujeres víctimas de tortura. Asimismo, encabezó la asesoría jurídica de los familiares del Caso Iguala, donde policías locales entregaron a los estudiantes desaparecidos a integrantes del cártel de Guerreros Unidos.
Antes de su integración formal a la SCJN, Rosales reconoció haber recibido una invitación del ministro Hugo Aguilar Ortiz y mantener conversaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, así como sobre los nuevos criterios que la Corte estaría sentando en este ámbito.
