La organización señaló que la iniciativa reconoce problemas reales, como desinformación, deepfakes y uso antiético de IA, pero puede abrir espacios de censura indirecta, vigilancia digital y litigios electorales por conceptos ambiguos.
La Asociación Mexicana de Internet expresó preocupación por una iniciativa de reforma constitucional y legal en materia de nulidad de elecciones por presunta “intervención o injerencia extranjera”, al considerar que algunos elementos de la propuesta podrían generar riesgos para la libertad de expresión, la seguridad jurídica, los derechos digitales y el funcionamiento abierto del ecosistema democrático digital.
La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, propone incorporar al artículo 41 constitucional una nueva causal de nulidad electoral vinculada con la presunta participación de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros en procesos electorales mexicanos. También plantea modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral bajo una narrativa de defensa de la soberanía nacional.
La Asociación reconoció que existen riesgos reales asociados a operaciones de desinformación, uso antiético de inteligencia artificial, campañas coordinadas de manipulación digital, deepfakes y mecanismos de influencia indebida sobre procesos democráticos. Sin embargo, advirtió que cualquier regulación en la materia debe construirse con definiciones estrictas, criterios verificables, controles judiciales robustos y respeto al marco constitucional de derechos humanos.
El punto central de la advertencia está en la ambigüedad de conceptos como “manipulación digital”, “desinformación” e “intervención extranjera”. Para la organización, la iniciativa no delimita con precisión categorías técnicas como bots, inteligencia artificial generativa y predictiva, amplificación artificial, propaganda algorítmica, astroturfing, microtargeting o deepfakes, lo que podría abrir interpretaciones expansivas incompatibles con los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica en materia electoral.
La Asociación también señaló que internet es una infraestructura global y transnacional por diseño. En la comunicación política digital participan servidores, algoritmos, servicios de nube, almacenamiento, publicidad digital, moderación de contenidos e infraestructura tecnológica que muchas veces se ubican fuera del país. Por ello, consideró indispensable definir con claridad qué debe entenderse jurídicamente como “intervención extranjera” en un entorno digital interconectado.
Uno de los riesgos señalados es que actividades legítimas del ecosistema digital puedan quedar sujetas a litigios político-electorales. Entre ellas mencionó opiniones de personas extranjeras, investigaciones periodísticas de medios internacionales, campañas de organizaciones civiles, modificaciones algorítmicas de plataformas, consultoría política internacional, publicidad segmentada y contenidos generados con herramientas de inteligencia artificial.
La organización alertó además que la lógica de la iniciativa podría incentivar mecanismos de monitoreo, colaboración forzada con autoridades, trazabilidad amplia de campañas digitales, auditorías algorítmicas, minería de datos, análisis de redes, identificación automatizada de patrones de coordinación y remoción preventiva de contenidos. Esto, advirtió, generaría riesgos para la privacidad, la protección de datos personales, el anonimato en línea, la libertad de expresión y la discrepancia política.
Para la Asociación Mexicana de Internet, la protección de la integridad electoral y la defensa de la soberanía nacional no deben convertirse en justificación para habilitar mecanismos ambiguos que puedan derivar en censura indirecta, discrecionalidad institucional o vigilancia excesiva del espacio público digital.
La organización llamó al Congreso de la Unión, autoridades electorales, academia, especialistas técnicos, sociedad civil y organismos internacionales a abrir una discusión pública seria, interdisciplinaria y basada en evidencia sobre los desafíos de la democracia digital.
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