Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para medir el impacto laboral de la inteligencia artificial y preparar apoyos para trabajadores y pequeños negocios. La medida llega mientras Meta recorta miles de empleos para compensar sus inversiones en IA.
California, el territorio donde Silicon Valley construyó buena parte de la revolución de inteligencia artificial, empieza a prepararse para una de sus consecuencias más incómodas: el desplazamiento laboral.
El gobernador Gavin Newsom firmó este jueves una orden ejecutiva para que el estado confronte los impactos económicos de la inteligencia artificial sobre trabajadores, pequeños negocios y comunidades. La medida ordena a agencias estatales, expertos laborales, economistas, universidades y líderes de la industria desarrollar políticas, recopilar datos e identificar señales tempranas de disrupción laboral.
El gobierno de California presentó la orden como la primera de su tipo en Estados Unidos. Su objetivo no es solo estudiar la adopción de IA, sino preparar respuestas ante los cambios que esta tecnología puede provocar en el empleo. El comunicado oficial señala que el estado buscará apoyar a trabajadores en sectores afectados por la transición, así como diseñar políticas para que los beneficios económicos de la IA no queden únicamente en manos de las grandes tecnológicas.
La orden incluye varias líneas de trabajo: evaluar modelos de propiedad laboral, apoyar a pequeños negocios en el uso de tecnologías emergentes, ampliar la formación en IA, revisar programas de capacitación, crear un tablero sobre impacto sectorial de la IA y producir recomendaciones sobre señales tempranas de disrupción económica. También instruye revisar redes de protección para trabajadores desplazados, incluidas indemnizaciones, compensaciones, seguros de empleo y apoyos de transición.
La decisión tiene un peso particular porque California no observa la inteligencia artificial desde lejos. El propio gobierno estatal afirma que 33 de las 50 principales compañías privadas de IA del mundo tienen sede en California. Es decir, la orden no proviene de una economía periférica frente a la tecnología, sino del estado que aloja buena parte del laboratorio global de la IA.
Newsom planteó la medida como parte de una discusión más amplia sobre el futuro del trabajo. “California nunca se ha sentado a mirar cómo el futuro nos ocurre”, dijo el gobernador, al presentar la orden como un primer paso para reimaginar cómo se trabaja, se gobierna y se prepara a la población ante la economía que viene.
La orden no aparece en el vacío. Llega en medio de una nueva ola de recortes en grandes tecnológicas asociada al giro hacia inteligencia artificial. Meta, una de las compañías más importantes de Silicon Valley, notificó esta semana despidos que afectarían a aproximadamente 8,000 empleados, alrededor de 10% de una plantilla de 78,000 personas, según reportó The Verge con base en memorandos internos y reportes de Business Insider y Bloomberg.
La compañía explicó en un correo interno que la reducción forma parte de un esfuerzo para operar de manera más eficiente y “compensar” otras inversiones. The Verge recordó que Meta proyectó para 2026 gastos de capital por entre 115,000 y 135,000 millones de dólares, casi el doble de los 72,220 millones gastados en 2025, con recursos dirigidos a Meta Superintelligence Labs y otras áreas centrales del negocio.
El ajuste no se limita a los despidos. Meta también estaría moviendo a más de 7,000 empleados hacia nuevas iniciativas de IA y cerrando 6,000 vacantes abiertas. La lectura laboral es clara: la empresa no solo reduce personal; reorganiza su fuerza de trabajo alrededor de la inteligencia artificial.
Ahí está el punto político de la orden de California. La discusión sobre IA ya no puede limitarse a innovación, productividad o competencia con China. Las decisiones empresariales muestran que la transición también puede implicar recortes, reasignaciones, cancelación de contrataciones y presión sobre trabajadores que no encajan en las nuevas prioridades tecnológicas.
California empieza a reconocer ese problema desde el Estado. Mientras las grandes empresas presentan la IA como motor de eficiencia, el gobierno estatal busca construir instrumentos para saber qué sectores serán más afectados, qué trabajadores quedarán expuestos y qué redes de protección deberán actualizarse.
La medida tampoco implica una postura contra la inteligencia artificial. El documento oficial mantiene el lenguaje de innovación, productividad y oportunidad económica. Pero introduce una pregunta que Silicon Valley suele dejar fuera de sus presentaciones: quién paga el costo laboral cuando la productividad aumenta.
Ese cambio de enfoque importa. Durante años, la narrativa dominante de la IA ha estado marcada por promesas de crecimiento, automatización de tareas repetitivas y nuevos empleos de alta especialización. La orden de Newsom añade otra capa: si la IA genera riqueza, el Estado debe medir también los daños, anticipar desplazamientos y diseñar mecanismos para que los beneficios no queden concentrados en las compañías que controlan la tecnología.
El caso de Meta funciona como advertencia inmediata. Una de las empresas más ricas del mundo puede gastar más de 100,000 millones de dólares en infraestructura y laboratorios de IA, mientras reduce miles de empleos para operar con más eficiencia. Esa combinación resume la tensión de la nueva economía: más inversión tecnológica no significa automáticamente más estabilidad laboral.
