México proyecta construir Coatlicue como una infraestructura pública de supercómputo con una potencia estimada de 314 petaflops, 14,480 unidades de procesamiento gráfico y una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos. El proyecto tiene un plazo previsto de desarrollo de 24 meses y contempla aplicaciones en modelación climática, fenómenos meteorológicos, crisis hídricas, salud pública, movilidad, energía, semiconductores, astrofísica e inteligencia artificial.
La relevancia estratégica del proyecto es difícil de discutir. México necesita capacidades propias para ejecutar simulaciones científicas, procesar imágenes, desarrollar modelos avanzados y reducir su dependencia de infraestructura extranjera. La discusión pública, sin embargo, no debería limitarse a la potencia de la máquina: también debe examinar la calidad y madurez de la información que podría alimentar sus aplicaciones gubernamentales.
Este reporte parte de una matriz de 26 hallazgos documentados en fuentes oficiales. El diagnóstico muestra que México cuenta con una importante infraestructura estadística y con grandes volúmenes de registros administrativos, pero enfrenta brechas desiguales de cobertura, actualización, interoperabilidad, preservación y trazabilidad.
La conclusión principal es la siguiente:
La capacidad de cálculo puede concentrarse en una gran instalación; la capacidad de producir datos confiables depende de miles de hospitales, fiscalías, laboratorios, escuelas, municipios, archivos y oficinas públicas.
Coatlicue puede acelerar análisis, simulaciones y búsquedas de coincidencias. No puede sustituir información que nunca fue capturada, recuperar expedientes extraviados, producir muestras forenses inexistentes ni corregir automáticamente sistemas institucionales que utilizan conceptos o identificadores incompatibles.
Una infraestructura estratégica para México
Coatlicue fue presentada como la futura supercomputadora pública más poderosa de América Latina y como cabeza de un clúster nacional articulado con universidades y centros públicos de investigación. Sus cuatro líneas generales de aplicación incluyen la atención de problemas públicos, la investigación científica, el apoyo a proyectos emprendedores y la prestación de servicios avanzados de cálculo a la iniciativa privada.
Esas funciones responden a necesidades reales. La modelación atmosférica, la simulación hidrológica, la búsqueda de nuevos materiales, la genómica, la astrofísica y determinados sistemas de inteligencia artificial pueden requerir capacidades que no están disponibles en computadoras convencionales ni en los centros públicos actualmente instalados en el país.
El acuerdo publicado en mayo de 2026 creó un comité técnico encargado de establecer las bases para la gestión, operación y aprovechamiento de Coatlicue. El órgano deberá definir mecanismos de acceso, evaluar proyectos, establecer políticas de clasificación y resguardo de información, revisar indicadores de impacto y emitir lineamientos para la asignación de capacidad. El acuerdo también dispone que al menos 25% de esa capacidad sea garantizada a instituciones de la Administración Pública Federal.
Este diseño confirma que Coatlicue no será solamente un instrumento para investigación científica. Una parte importante de su valor esperado se relaciona con el procesamiento de información gubernamental y con la atención de problemas nacionales.
Precisamente por ello, su entorno de datos debe considerarse parte del proyecto.
Tres capacidades estatales distintas
Para analizar este problema conviene distinguir tres capas que suelen confundirse.
La primera es el Estado estadístico, conformado por censos, encuestas, indicadores nacionales y sistemas geográficos. México posee aquí una capacidad considerable, encabezada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La segunda es el Estado administrativo, compuesto por los registros que se producen durante la operación cotidiana de las instituciones: expedientes clínicos, carpetas de investigación, peritajes, certificados escolares, padrones, contratos, catastros, archivos y trámites.
La tercera es el Estado computacional, entendido como la capacidad para integrar, analizar, simular y modelar información mediante infraestructura digital, inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento.
Estas capas no avanzan necesariamente al mismo ritmo. Un país puede tener buenas estadísticas agregadas y, al mismo tiempo, registros administrativos incompletos. También puede adquirir una enorme capacidad de procesamiento antes de que sus bases institucionales estén suficientemente conectadas.
El propio Programa Nacional de Estadística y Geografía 2025-2030 reconoce esta situación. Entre sus proyectos se encuentran la identificación de brechas de información, la interoperabilidad de los procesos de producción y el aprovechamiento sistemático de los registros administrativos. El documento considera que producir información con mayor granularidad, regularidad y cobertura continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema.
Por tanto, la existencia de déficits no es una hipótesis externa ni una descalificación general del aparato estadístico mexicano. Forma parte del diagnóstico oficial sobre las tareas pendientes.
El problema no es solamente la cantidad de datos
Hablar de “falta de datos” puede resultar engañoso. México genera millones de registros, pero su utilidad depende de varias condiciones. Un dato puede no existir porque el hecho nunca fue reportado. Puede existir, pero contener campos incompletos. Puede estar correctamente capturado, aunque permanecer aislado en una institución. También puede haberse producido y después perderse por falta de políticas archivísticas, o conservarse sin metadatos que permitan conocer su origen y sus modificaciones.
De esta manera, el déficit de datos adopta al menos seis formas: captura insuficiente, mala calidad, falta de interoperabilidad, actualización tardía, preservación deficiente y acceso limitado. Para Coatlicue, estas diferencias son importantes. Cada una requiere una respuesta institucional distinta y ninguna se resuelve únicamente mediante más operaciones por segundo.
Justicia: los hechos que nunca entran al sistema
En 2024 ocurrieron aproximadamente 33.5 millones de delitos en México. Solo 9.6% fue denunciado y el Ministerio Público abrió una carpeta en 70.5% de esas denuncias. En conjunto, 93.2% de los delitos no fue investigado, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Este dato muestra un límite elemental para cualquier sistema de análisis criminal. Una supercomputadora puede estudiar todas las carpetas disponibles y encontrar patrones complejos, pero las bases de las fiscalías seguirán representando una fracción del fenómeno.
La ausencia de una denuncia no equivale a la ausencia de un delito. Si un modelo se alimenta exclusivamente con registros ministeriales, puede interpretar territorios con poca capacidad de denuncia como territorios con poca criminalidad.
El cómputo avanzado podría ayudar a combinar información de fiscalías con encuestas de victimización, llamadas de emergencia, datos territoriales y otras fuentes. Sin embargo, ese proceso debe conservar la distinción entre hechos observados, estimaciones estadísticas e inferencias algorítmicas.
Servicios forenses: la potencia no sustituye las muestras
El sistema forense representa uno de los casos donde el supercómputo podría producir beneficios públicos directos. La comparación masiva de perfiles genéticos, huellas, registros odontológicos, imágenes, descripciones físicas y expedientes de desaparición puede acelerar identificaciones que hoy requieren búsquedas distribuidas entre numerosas instituciones.
La situación de partida, no obstante, es compleja. Durante 2024 las instituciones mexicanas admitieron 5,069,925 solicitudes de intervención pericial y concluyeron 4,912,087. Al cierre del año permanecían pendientes 557,962 solicitudes, aunque el propio reporte advierte que una parte del aumento respecto de años anteriores se relaciona con la incorporación de información que Veracruz no había proporcionado previamente.
En el mismo periodo egresaron de los servicios forenses 7,174 cadáveres sin identificar. De ellos, 35.2% fue almacenado en anfiteatros y 32.5% fue inhumado en panteones, dentro de fosas comunes individuales.
Coatlicue podría buscar coincidencias a una escala difícil de alcanzar con infraestructura convencional. Para ello, cada cuerpo tendría que contar con muestras utilizables, identificadores, información sobre el hallazgo, ubicación verificable y vínculos con expedientes de búsqueda.
La máquina no puede obtener una muestra que nunca fue tomada. Tampoco puede reparar una cadena de custodia rota, conocer la ubicación de un cuerpo mal registrado ni conectar automáticamente dos sistemas que utilizan criterios distintos para describir a una persona.
Aquí se observa con claridad la diferencia entre capacidad de comparación y capacidad de producir evidencia. La primera puede ampliarse mediante cómputo; la segunda depende de laboratorios, personal, protocolos y registros consistentes.
Salud: analizar una historia clínica requiere que exista una historia común
La información sanitaria podría ser otro de los grandes campos de aplicación. El análisis de historiales clínicos, imágenes médicas, disponibilidad hospitalaria, tratamientos y patrones epidemiológicos puede mejorar el diagnóstico, la planeación y la distribución de recursos.
La Secretaría de Salud reconoce, sin embargo, que la transformación digital exige consolidar sistemas interoperables y un expediente clínico electrónico único. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 plantea precisamente que la información acompañe al paciente sin importar la institución pública donde reciba atención.
Esto supone que la integración todavía constituye un objetivo en desarrollo. Una persona atendida por distintas instituciones puede tener registros clínicos separados, con diferentes estructuras, niveles de detalle y mecanismos de acceso.
Coatlicue podría analizar grandes historiales longitudinales, pero primero tendría que existir un método seguro para reconocer que varios expedientes pertenecen a una misma persona. También serían necesarias reglas sobre consentimiento, corrección, confidencialidad, trazabilidad y usos secundarios.
Unir bases clínicas no es solamente una operación informática. Es un proceso sanitario, jurídico e institucional.
Archivos: antes del dato abierto está el documento conservado
La preservación documental es una de las capas menos visibles de la infraestructura de datos. Para que una contratación, decisión administrativa o actuación pública pueda analizarse, primero debe haber sido documentada, clasificada, conservada y localizada.
El diagnóstico del INEGI sobre gestión documental muestra diferencias profundas entre órdenes de gobierno. Al cierre de 2022, 78.8% de las instituciones federales y 61.6% de las estatales contaban con una persona coordinadora general de archivos, frente a 38% de las administraciones municipales. También se observaron carencias en archivos históricos, inventarios y sistemas automatizados de gestión documental.
El mismo reporte señala que entre 30% y 40% de las instituciones utilizaron criterios de organización distintos de los previstos por la legislación y que 18% de los municipios no contó con algún criterio para organizar sus archivos históricos. En materia de automatización, alrededor de cuatro de cada diez instituciones federales y administraciones municipales tenían un sistema de gestión documental o estaban en proceso de implementarlo.
Una supercomputadora podría aplicar búsqueda semántica y clasificación a millones de documentos digitalizados. Pero no puede analizar un expediente destruido, una versión histórica eliminada o un acto gubernamental que nunca fue documentado. Esto también condiciona la transparencia. Un portal puede facilitar la consulta de información, pero depende de que el documento de origen haya sobrevivido y pueda encontrarse.
Transiciones digitales que también producen riesgo de fragmentación
Otros sistemas mexicanos atraviesan procesos de construcción o migración. La nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas sustituirá progresivamente a CompraNet, con un plazo legal de hasta 30 meses para entrar plenamente en operación. La Cámara de Diputados señaló además que la información de procedimientos y contratos publicados desde 2020 debía revisarse antes de su migración para asegurar su congruencia.
La migración puede mejorar la contratación pública y permitir análisis más completos. Al mismo tiempo, requiere preservar contratos, anexos, modificaciones, identificadores y vínculos entre los distintos momentos del proceso.
En educación, el Sistema de Información y Gestión Educativa publica datos abiertos y estadísticas nacionales, pero algunos conjuntos permanecen asociados a periodos históricos. La información abierta de infraestructura física educativa disponible en el portal corresponde al periodo 2013-2018, mientras que la consulta de certificados depende de la integración de datos enviados por autoridades educativas estatales.
Estos ejemplos no demuestran que todos los datos de ambos sectores sean deficientes. Sí muestran que la utilidad de cualquier análisis nacional depende del alcance, fecha y procedencia de cada conjunto.
El riesgo de la precisión sobre una representación incompleta
La falta de información no siempre impide producir un resultado. Ese es uno de los riesgos principales. Un modelo puede calcular una probabilidad, clasificar un municipio o priorizar a una persona aun cuando la base de entrada esté incompleta. La sofisticación matemática del resultado no garantiza que la representación original del problema sea adecuada.
Cuanto mayor es la capacidad de procesamiento, mayor puede ser la escala de una inferencia equivocada. Un error en una hoja de cálculo afecta algunas filas; un sistema automatizado conectado con bases nacionales puede repetir la misma distorsión millones de veces.
Por eso, el problema no se limita a que Coatlicue tenga o no tenga suficiente información que procesar. También debe considerarse la posibilidad de que produzca respuestas muy precisas sobre registros parciales. La distinción fundamental sería: Potencia computacional no equivale a calidad epistemológica. Un cálculo puede ser técnicamente correcto y, sin embargo, responder a una versión incompleta del país.
Una agenda de datos paralela a Coatlicue
El desarrollo de Coatlicue podría aprovecharse para impulsar una política nacional de madurez de datos. No sería necesario esperar a que la infraestructura esté terminada: los 24 meses previstos para su planeación y puesta en marcha ofrecen una ventana para ordenar los conjuntos que alimentarán sus primeros proyectos.
La primera medida sería publicar un inventario de casos de uso. Cada proyecto tendría que identificar la institución responsable, las fuentes de datos, su cobertura temporal y territorial, la presencia de valores ausentes, los estándares utilizados y las restricciones legales.
La segunda sería establecer una evaluación de preparación de datos. Antes de asignar capacidad de cómputo, el comité podría exigir evidencia sobre calidad, actualización, interoperabilidad, trazabilidad y conservación.
La tercera consistiría en distinguir con claridad los proyectos científicos de los sistemas administrativos de decisión. Una simulación física y un modelo que clasifica personas requieren controles diferentes. Los proyectos que puedan afectar derechos deberían someterse a evaluaciones de impacto y mecanismos de revisión humana.
La cuarta sería destinar recursos al inicio de la cadena. Parte de la política de supercómputo tendría que acompañarse de inversión en sensores, archivos, laboratorios, digitalización, catálogos, identificadores, conectividad y capacitación del personal que captura los registros.
La quinta medida sería conservar la procedencia de los datos. Todo resultado generado mediante Coatlicue debería poder vincularse con las versiones de las bases, parámetros, transformaciones y modelos utilizados.
Finalmente, la gobernanza debe ser visible. El acuerdo que creó el comité técnico ya incorpora principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, además de facultades para revisar desempeño, impacto social e incidentes de seguridad. Convertir esos principios en información pública periódica permitiría conocer quién usa la infraestructura, con qué propósito y con qué resultados.
Coatlicue representa una inversión relevante para la soberanía tecnológica, la ciencia pública y la formación de capacidades nacionales. México necesita infraestructura avanzada y no debería renunciar a ella debido a las deficiencias de sus registros.
La respuesta razonable tampoco es esperar a que todos los datos sean perfectos. Ningún país alcanza esa condición y numerosos proyectos científicos pueden comenzar con fuentes ya maduras. El desafío consiste en reconocer que la supercomputadora será una parte de un sistema más amplio. Su rendimiento no dependerá solamente de procesadores, energía y enfriamiento, sino también de la calidad de la información producida por instituciones muy distintas.
México está construyendo una nueva capacidad computacional. El contexto documentado muestra que esa inversión tendrá que acompañarse de una infraestructura de datos igualmente ambiciosa: registros completos, archivos preservados, identificadores compatibles, reglas de intercambio, personal capacitado y controles públicos.
Coatlicue puede convertirse en el punto de partida de esa política. Vista así, la discusión sobre los datos no debilita el proyecto: define las condiciones necesarias para que su potencia se traduzca en conocimiento, mejores servicios y decisiones públicas confiables.
