Una revisión de EstadoRed localizó sistemas de identificación facial, lectura de placas y videoanalítica en al menos seis entidades. Solo dos casos cuentan, hasta ahora, con un identificador contractual verificable en los portales públicos consultados. En otros, los gobiernos anuncian la tecnología sin revelar el proveedor, el costo completo, las bases utilizadas ni cuántas personas son procesadas.
Los sistemas de reconocimiento facial comienzan a incorporarse a patrullas, centros de mando móviles, redes municipales de videovigilancia y bases de datos biométricos en distintas partes de México. Los anuncios oficiales describen cámaras capaces de identificar personas, vehículos y placas, pero la documentación pública disponible no permite evaluar con la misma claridad quién suministra los algoritmos, cuánto cuestan, qué información consultan o con qué frecuencia se equivocan.
Una revisión preliminar realizada por EstadoRed encontró despliegues o proyectos documentados en Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Coahuila y Morelos. Entre ellos aparecen un contrato estatal de videovigilancia por miles de millones de pesos, una licitación para capturar rostro, iris y diez huellas de hasta 900 mil conductores, patrullas capaces de reconocer personas mientras recorren las calles y 500 cámaras donadas por un empresario para conectarse a centros públicos de seguridad.
La trazabilidad, sin embargo, cambia considerablemente entre entidades. En Chihuahua y Tamaulipas fue posible localizar el número del procedimiento. En Toluca, Puebla y Cuernavaca, los comunicados confirman las capacidades tecnológicas, pero no identifican el contrato mediante el cual fueron adquiridas. En Saltillo, la operación no parte exclusivamente de una compra pública: las cámaras fueron incorporadas mediante una donación privada, mientras el municipio financia parte de la infraestructura que permitirá operarlas.
Chihuahua adjudica directamente un sistema estatal de videovigilancia
El registro contractual más amplio encontrado corresponde al Proyecto Centinela, administrado por la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.
El Portal de Contrataciones Abiertas del estado identifica el procedimiento SH/ADE/079/2022 como una adjudicación directa para prestar el “servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia del Proyecto Centinela”. La contratación fue exceptuada de una licitación pública bajo el argumento de que el procedimiento podía poner en riesgo la seguridad, la vida de funcionarios y las investigaciones u operaciones policiales.
El contrato fue firmado con Seguritech Privada, S.A. de C.V., por un monto total de 4 mil 709 millones 885 mil 681 pesos, IVA incluido, y con vigencia prevista hasta agosto de 2027. El proyecto comprende cámaras, drones, arcos carreteros para reconocer placas, centros regionales de mando, remolques móviles de videovigilancia y una plataforma para integrar información policial.
La contratación también ha sido objeto de revisiones de la Auditoría Superior del Estado. En 2026, Seguritech pagó 112.3 millones de pesos en penas convencionales relacionadas con retrasos en la entrega de arcos carreteros, filtros, videowalls, centros de mando y componentes de la Torre Centinela.
El folio corresponde al proyecto estatal y no debe confundirse con la Plataforma Escudo Chihuahua, operada por el municipio de Chihuahua. Aunque ambas infraestructuras pueden intercambiar información o colaborar en investigaciones, se trata de sistemas y autoridades contratantes diferentes.
Tamaulipas licita una base con rostro, iris y diez huellas
El Gobierno de Tamaulipas publicó el concurso 57062002-011-2026 para contratar un servicio integral destinado a emitir hasta 900 mil licencias de conducir entre 2026 y 2028.
La descripción oficial incluye mantenimiento de equipos, aplicaciones y software, además de un sistema ABIS con captura de las diez huellas dactilares, iris y reconocimiento facial.
El procedimiento no corresponde directamente a cámaras que identifiquen personas en espacios públicos. Su relevancia se encuentra en otro nivel de la infraestructura: la construcción y operación de una base capaz de comparar identidades mediante diferentes características biométricas.
Una base para emitir licencias no se convierte automáticamente en una plataforma policial ni existe evidencia, en los documentos revisados, de que vaya a conectarse con sistemas de videovigilancia. La investigación de este caso deberá determinar qué instituciones podrán consultarla, qué reglas permiten intercambiar información y si las búsquedas quedarán registradas y sujetas a auditoría.
También falta conocer el fallo del concurso, el proveedor, el monto adjudicado, la ubicación de los servidores y las condiciones bajo las cuales la empresa contratada podrá procesar o acceder a la información biométrica.
Toluca incorpora reconocimiento facial a patrullas en movimiento
El Ayuntamiento de Toluca puso en operación en mayo de 2026 30 patrullas inteligentes, cada una equipada con seis cámaras, grabación de 360 grados, reconocimiento facial y lectura automática de placas. Las unidades mantienen conexión permanente con el Centro de Mando Municipal y el C5 del Estado de México.
El despliegue es relevante porque traslada la identificación biométrica de las cámaras fijas a vehículos capaces de circular por colonias, avenidas y espacios públicos. El municipio afirma que las unidades pueden generar alertas relacionadas con vehículos robados o personas con mandamientos judiciales.
El presupuesto municipal de 2026 ya contemplaba la incorporación de las 30 patrullas y dos unidades móviles de videovigilancia C4. Sin embargo, en los documentos revisados todavía no fue posible identificar el número de licitación, el proveedor de las unidades o el contrato correspondiente al software de reconocimiento facial.
Los comunicados atribuyen distintas detenciones a la operación de las patrullas, pero no desagregan si los resultados provinieron del reconocimiento facial, de los lectores de placas, de la observación de las cámaras o del trabajo policial convencional. Tampoco publican cuántos rostros fueron procesados ni cuántas alertas fueron descartadas.
Puebla despliega centros móviles sin identificar su contrato de origen
En junio de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegó tres centros de mando móviles en la Vía Atlixcáyotl. Las unidades cuentan con conexión satelital al C5i, cámaras de videovigilancia, lectura de placas y reconocimiento facial.
El anuncio confirma la operación, pero no precisa si los vehículos fueron adquiridos recientemente, si pertenecían previamente al inventario estatal o si forman parte de una contratación tecnológica mayor.
Tampoco explica si el reconocimiento facial funciona de manera continua, qué listas utiliza, quién autoriza las búsquedas ni qué ocurre con las imágenes de las personas que no generan coincidencias.
La capacidad móvil permite trasladar el sistema a distintos puntos de la entidad. Esa flexibilidad operativa hace especialmente importante conocer los protocolos que regulan su instalación en avenidas, eventos masivos, estadios, manifestaciones o zonas definidas como prioritarias.
En Saltillo, un empresario dona 500 cámaras biométricas
El caso de Saltillo plantea un problema de trazabilidad distinto. En febrero de 2026, el municipio anunció la incorporación de 500 cámaras con reconocimiento facial, lectura de placas e identificación de vehículos, donadas por el empresario Álvaro Morales y conectadas a los centros C2 y C4.
El gobierno municipal describió el proyecto como una “inversión conjunta” superior a 12 millones de pesos. Dos meses después, anunció otros 8 millones de pesos para ampliar el C2, adecuar el edificio e instalar infraestructura tecnológica para recibir y monitorear las 500 cámaras.
La donación no elimina el uso de recursos públicos. Aunque el particular aporte los dispositivos, el gobierno puede asumir costos de instalación, conectividad, servidores, almacenamiento, licencias, mantenimiento y personal.
Tampoco elimina las obligaciones de transparencia. Para reconstruir el proyecto se necesita localizar el convenio de donación, el avalúo de los equipos, el acta de aceptación, su incorporación al inventario municipal y los contratos destinados a conectarlos con la infraestructura de seguridad.
Los documentos deberán revelar quién seleccionó la tecnología, qué empresa la fabricó, quién conservará acceso técnico y si la donación genera compromisos posteriores para el municipio. El mismo empresario ya había donado cámaras de reconocimiento facial para el Centro Histórico de Saltillo durante 2025.
Cuernavaca anuncia sistemas capaces de interpretar movimientos y expresiones
Cuernavaca reportó en febrero que opera cerca de mil 500 cámaras y que varias utilizan inteligencia artificial para detectar caídas o movimientos violentos. El ayuntamiento anunció otras 250 cámaras y afirmó que, en una etapa posterior, la tecnología podría identificar expresiones faciales para prevenir conductas delictivas.
El planteamiento debe diferenciarse del reconocimiento facial tradicional. Comparar una imagen con la fotografía de una persona buscada no es lo mismo que intentar inferir emociones, intenciones o probabilidades de conducta a partir de gestos.
El comunicado no identifica el producto, el proveedor ni la evidencia técnica que respalda esa capacidad. Tampoco permite determinar si se trata de una función contratada, una ampliación futura o una descripción promocional de la videoanalítica.
La contratación pública está distribuida entre distintas plataformas
El rastreo de estas adquisiciones ya no depende de un solo sistema. Tras la desaparición del INAI, la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia quedó bajo responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En abril de 2025 comenzó a operar ComprasMX como sustituto de CompraNet para las contrataciones federales y aquellas financiadas con recursos federalizados.
Sin embargo, las compras estatales y municipales también pueden encontrarse en portales locales, presupuestos, cuentas públicas, gacetas, inventarios y actas de Cabildo. Las donaciones, comodatos y convenios con particulares requieren una ruta adicional de búsqueda.
Los sistemas tampoco siempre se contratan bajo el término “reconocimiento facial”. Pueden aparecer dentro de conceptos como videoanalítica, plataforma integral de seguridad, centro de mando móvil, inteligencia activa, interoperabilidad con C5, lectura automática de placas, analítica avanzada o servicio integral de monitoreo.
Esta dispersión dificulta construir un inventario nacional y comparar precios, proveedores y capacidades.
Se publican cámaras y detenciones, pero no el universo vigilado
Los gobiernos revisados informan cuántas cámaras incorporan, qué centros de mando las reciben y, en algunos casos, qué detenciones atribuyen a la tecnología. Lo que no publican sistemáticamente es cuántas personas son procesadas para obtener esos resultados.
Tampoco aparecen indicadores sobre el número total de alertas, coincidencias descartadas, errores de identificación, personas abordadas por equivocación o diferencias de precisión entre grupos demográficos.
Sin esos datos, no puede determinarse si un sistema es efectivo, proporcional o confiable. Cinco identificaciones correctas tienen un significado distinto si fueron obtenidas después de comparar mil rostros o varios millones.
La primera revisión de EstadoRed muestra además que la rendición de cuentas no termina con encontrar un contrato. También requiere revisar sus anexos técnicos, convenios modificatorios, bases de datos conectadas, licencias, subcontratistas y protocolos policiales.
Durante los próximos días, esta investigación examinará cada estado por separado. El objetivo será identificar proveedores, costos, arquitectura tecnológica, fuentes de datos, reglas de conservación y mecanismos para corregir falsas coincidencias.
La cuestión no es solamente si el reconocimiento facial puede ayudar a encontrar a una persona buscada. También es cuántas personas deben ser analizadas para localizarla, quién controla la infraestructura y qué ocurre cuando el algoritmo señala el rostro equivocado.
