México y otros seis países impulsan tratado internacional para regular las armas autónomas

México y otros seis países impulsan tratado internacional para regular las armas autónomas

La propuesta presentada ante Naciones Unidas busca iniciar negociaciones en 2027 para prohibir determinados sistemas de armas autónomas letales y restringir el uso de otros. El documento plantea conservar el control humano sobre el empleo de la fuerza y establecer obligaciones contra los sesgos algorítmicos.

México, Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda y Panamá presentaron ante Naciones Unidas una propuesta conjunta para iniciar negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante que regule los sistemas de armas autónomas letales. La iniciativa busca transformar más de una década de discusiones internacionales en prohibiciones y restricciones concretas sobre tecnologías militares capaces de seleccionar y atacar objetivos mediante funciones autónomas.

El documento CCW/CONF.VII/WP.7, publicado el 18 de noviembre de 2026, fue presentado durante la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, celebrada en Ginebra, Suiza, del 16 al 20 de noviembre. Los siete países proponen establecer un mandato de negociación de un año para elaborar un nuevo protocolo internacional que preserve el control humano sobre el uso de la fuerza y reduzca los riesgos humanitarios de estas tecnologías. El texto fue fechado originalmente el 13 de noviembre y distribuido oficialmente cinco días después.

«Es necesario ir más allá de las deliberaciones, transformando los progresos logrados en prohibiciones y regulaciones concretas —mediante un nuevo Protocolo a la Convención— destinadas a prevenir y reducir el impacto humanitario de estas armas», señala el documento.

¿Qué propone México para regular las armas autónomas?

La iniciativa plantea desarrollar un nuevo protocolo dentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, un tratado internacional que permite adoptar instrumentos adicionales para prohibir o restringir categorías específicas de armamento. A diferencia de una declaración política voluntaria, un protocolo jurídicamente vinculante establecería obligaciones para los Estados que llegaran a ser parte de él.

Los siete países proponen utilizar un enfoque de dos niveles: establecer prohibiciones claras sobre determinados sistemas de armas autónomas letales y restricciones sobre el desarrollo y uso de otros. La propuesta no define todavía cuáles quedarían completamente prohibidos, ya que esas categorías, sus características técnicas y las obligaciones correspondientes tendrían que negociarse entre los gobiernos participantes.

El documento sostiene que las discusiones deben fundamentarse en la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y las consideraciones éticas y de derechos humanos pertinentes. También pide que las futuras reglas permitan prevenir y reducir los efectos humanitarios de las armas autónomas, especialmente aquellos relacionados con decisiones sobre el empleo de la fuerza.

Un elemento central de la propuesta es que la responsabilidad de las decisiones militares no puede transferirse a las máquinas. Por ello, el futuro protocolo debería establecer requisitos claros sobre el juicio y el control humanos, así como obligaciones que permitan determinar quién responde por las consecuencias de utilizar estos sistemas.

«Teniendo en cuenta el riesgo —bien documentado— de exacerbar sesgos no intencionados en los datos y algoritmos, así como el sesgo de automatización en la interacción entre humanos y máquinas, un futuro instrumento jurídicamente vinculante debería incluir disposiciones para abordar los sesgos en los algoritmos utilizados en las armas autónomas a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida», señala el punto 16 del documento.

La propuesta también busca prevenir sesgos en los algoritmos militares

Una de las disposiciones más relevantes del documento se refiere a los riesgos derivados de los datos y algoritmos utilizados por los sistemas de armas autónomas. Los siete países advierten que estas tecnologías pueden amplificar sesgos no intencionales y que la interacción entre seres humanos y máquinas introduce riesgos adicionales cuando los operadores confían excesivamente en las recomendaciones automatizadas.

El texto propone que el futuro instrumento jurídicamente vinculante incorpore disposiciones para abordar los sesgos algorítmicos durante todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas militares. Esto incluiría la necesidad de examinar sus características desde el desarrollo, antes de que sean utilizados en operaciones donde sus decisiones puedan producir consecuencias irreversibles.

También plantea establecer mecanismos de revisión jurídica, pruebas, evaluación y mitigación de riesgos desde las primeras fases del desarrollo tecnológico. Estas medidas buscarían determinar si los sistemas cumplen con el derecho internacional humanitario y si existen salvaguardias suficientes para reducir los peligros asociados con su funcionamiento.

La propuesta representa un intento de trasladar la discusión sobre inteligencia artificial militar hacia obligaciones verificables. No se limita a pedir que las máquinas permanezcan bajo supervisión humana, sino que identifica riesgos técnicos relacionados con los datos, los algoritmos y la manera en que las personas interactúan con los sistemas automatizados.

Los siete países proponen negociar el tratado durante 2027

La iniciativa establece un calendario para evitar que las negociaciones vuelvan a convertirse en una discusión indefinida. México y los otros seis países proponen crear un nuevo Grupo de Expertos Gubernamentales de composición abierta, encargado específicamente de negociar el protocolo sobre sistemas de armas autónomas letales.

El grupo celebraría tres sesiones en Ginebra durante 2027, con un total de 25 días de reuniones. Al concluir sus trabajos, debería presentar un informe acompañado de un borrador de protocolo ante la reunión de los Estados parte de la Convención correspondiente a ese mismo año.

El documento también contempla reuniones informales adicionales para abordar cuestiones jurídicas y técnicas que requieran conocimientos especializados. Su objetivo sería aprovechar las conclusiones del grupo anterior, cuyos trabajos terminaron en septiembre de 2026, en lugar de reiniciar desde cero un proceso que acumula más de una década de discusiones.

Los países promotores consideran que ya existe una base suficiente para negociar disposiciones concretas y que las diferencias pendientes deben resolverse durante la elaboración del instrumento. El texto advierte que prolongar las deliberaciones sin establecer un mandato de negociación retrasaría la respuesta internacional frente al desarrollo acelerado de estas tecnologías.

Más de una década de discusiones sin un protocolo específico

La regulación internacional de las armas autónomas lleva trece años de discusiones dentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Desde 2013, los Estados han examinado sus implicaciones jurídicas, militares, humanitarias, técnicas y éticas, mientras la evolución de los sistemas de inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades de automatizar funciones utilizadas en operaciones militares.

En septiembre de 2026, el Grupo de Expertos Gubernamentales alcanzó un consenso sobre un conjunto de elementos que podrían formar parte de un instrumento internacional. Sin embargo, aquel acuerdo no definió si el resultado tendría carácter jurídicamente vinculante o si se limitaría a otras medidas de regulación. La propuesta respaldada por México busca resolver esa cuestión mediante un mandato explícito para negociar un nuevo protocolo obligatorio.

Naciones Unidas ha advertido que todavía no existe un protocolo específico de la Convención que regule los sistemas de armas autónomas. El secretario general de la organización y la presidencia del Comité Internacional de la Cruz Roja renovaron durante 2026 su llamado para negociar reglas internacionales que establezcan prohibiciones y restricciones claras, ante los riesgos para la población civil y la responsabilidad humana en las decisiones militares.

El debate internacional enfrenta propuestas incompatibles

La propuesta impulsada por México llega en un momento de diferencias importantes entre los países que consideran necesario establecer nuevas obligaciones internacionales y aquellos que prefieren mantener un marco de compromisos no vinculantes.

Estados Unidos presentó una propuesta alternativa orientada hacia un instrumento no obligatorio, mientras otras delegaciones han defendido la necesidad de avanzar directamente hacia un protocolo jurídicamente vinculante. Rusia también ha manifestado reservas frente al inicio de nuevas negociaciones obligatorias, una posición que complica la posibilidad de alcanzar consensos dentro de la Convención.

La diferencia no es exclusivamente diplomática. Un instrumento voluntario permitiría establecer principios y recomendaciones sin crear las mismas obligaciones internacionales que un tratado. En cambio, la propuesta de los siete países busca negociar prohibiciones y restricciones capaces de convertirse en compromisos jurídicos para los Estados que acepten el futuro protocolo.

La Séptima Conferencia de Examen debe determinar si existe acuerdo para iniciar esas negociaciones, mantener un proceso de discusión o avanzar mediante una alternativa menos exigente. Por ahora, la presentación del documento mexicano constituye una iniciativa formal, pero no significa que Naciones Unidas haya aprobado la elaboración del tratado propuesto.

México busca convertir el control humano en una obligación internacional

La participación de México en la propuesta coloca al país entre los gobiernos que impulsan una regulación jurídicamente vinculante sobre las armas autónomas letales. El planteamiento va más allá de reconocer los riesgos de utilizar inteligencia artificial en operaciones militares y busca establecer condiciones que permitan conservar la responsabilidad humana sobre las decisiones relacionadas con la vida y la integridad de las personas.

El documento también introduce una dimensión tecnológica relevante para la discusión sobre gobernanza de inteligencia artificial: la necesidad de evaluar los algoritmos, prevenir sesgos, comprobar el funcionamiento de los sistemas y establecer salvaguardias antes de su utilización. Estos elementos podrían adquirir importancia para definir obligaciones aplicables al diseño y desarrollo de tecnologías militares autónomas.

La iniciativa coincide con las declaraciones de Donald Trump y Xi Jinping sobre la importancia de mantener el control humano sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, el entendimiento bilateral descrito por funcionarios estadounidenses no establece públicamente las prohibiciones y obligaciones que México y sus socios proponen negociar en Ginebra.

La diferencia es fundamental: reconocer que una persona debe intervenir en las decisiones militares no determina por sí solo qué armas deben prohibirse, qué funciones pueden automatizarse ni cómo se supervisará su cumplimiento. La propuesta de los siete países busca trasladar esos principios generales hacia un marco internacional con reglas específicas.

El resultado dependerá de que los Estados parte de la Convención alcancen un acuerdo para abrir negociaciones. Hasta entonces, México figura entre los impulsores de una iniciativa que podría conducir al primer protocolo internacional específicamente dedicado a los sistemas de armas autónomas letales.

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