Trabajadores sindicalizados de ProPublica iniciaron un paro de 24 horas, el primero en la historia del medio, en medio de la negociación de su primer contrato colectivo. Entre los puntos de conflicto están las protecciones frente al uso de inteligencia artificial, garantías contra despidos, cláusulas de “causa justa” para sanciones o terminaciones y aumentos salariales ligados al costo de vida. El gremio, que representa a unas 150 personas, pidió además al público respetar una línea de boicot digital y evitar visitar el sitio o interactuar con contenidos del medio durante la protesta.
La disputa por IA se volvió uno de los ejes del conflicto después de que la directiva de ProPublica publicara una política interna sobre inteligencia artificial sin incorporarla al contrato colectivo. El sindicato sostiene que esa política fue implementada de manera unilateral y por ello presentó esta semana una queja por práctica laboral injusta ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos. Según el gremio, el problema no es solo el uso de estas herramientas, sino que las reglas no sean exigibles ni incluyan salvaguardas claras para el empleo y la integridad editorial.
El sindicato reclama que ProPublica acepte lenguaje contractual que prohíba despidos derivados de la adopción de IA, proteja salarios, garantice participación de los trabajadores en futuras decisiones sobre estas herramientas y establezca reglas de transparencia hacia las audiencias. En una carta enviada el 7 de abril a la dirección y al consejo del medio, el presidente de The NewsGuild, Jon Schleuss, acusó a la gerencia de negarse a aceptar provisiones “de sentido común” y recordó que 92% de los trabajadores ya había votado a favor de autorizar una huelga.
La directiva de ProPublica, por su parte, ha defendido una postura más flexible. En declaraciones recogidas por Nieman Lab y The Verge, directivos del medio argumentaron que sería un error congelar decisiones editoriales sobre IA en un contrato que podría durar años, y afirmaron que la organización busca explorar cómo estas tecnologías pueden abrir más espacio para el periodismo de investigación, no reemplazarlo. También señalaron que, en vez de comprometerse a prohibir despidos ligados a IA, han propuesto paquetes de indemnización más amplios si llegaran a producirse recortes.
El caso de ProPublica destaca porque, según Nieman Journalism Lab, se trata de la primera vez que una gran redacción en Estados Unidos autoriza una huelga, al menos en parte, por protecciones relacionadas con IA. La disputa ocurre además en un momento en que cada vez más contratos sindicales en medios estadounidenses ya incluyen lenguaje sobre inteligencia artificial, transparencia editorial y límites a la automatización.
Más allá de ProPublica, el conflicto resume una tensión que empieza a extenderse por todo el sector: no se trata solamente de si la IA puede ser útil en tareas periodísticas, sino de quién decide cómo se adopta, bajo qué reglas, con qué grado de transparencia y con qué costo laboral. En ese sentido, la protesta en ProPublica no enfrenta a un sindicato tecnófobo con una gerencia innovadora, sino a dos visiones sobre algo más básico: si la integración de la IA en una redacción debe quedar como una política interna modificable por la empresa o como una obligación negociada y protegida por contrato. Esa caracterización se desprende de las posiciones públicas de ambas partes.
