Una jueza federal de Estados Unidos determinó el jueves que la designación de «riesgo de cadena de suministro para la seguridad nacional» que el Departamento de Defensa impuso a Anthropic en febrero fue inconstitucional, al violar tanto la Primera Enmienda como la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda. La jueza Rita Lin, del Distrito Norte de California, anuló la designación en una resolución de 59 páginas y concluyó que el gobierno no ofreció ninguna base verificable para su medida, más allá de un intento de sancionar públicamente a la empresa.
El conflicto se remonta a enero, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigió a los proveedores militares de IA otorgar al Pentágono el uso libre de su tecnología para cualquier propósito legal. Anthropic mantuvo dos límites: que Claude no se usara en armas autónomas letales ni en vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses, condición que el Pentágono rechazó por considerar que un proveedor privado no tiene autoridad para dictar reglas de operación militar. La empresa había firmado un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono en julio de 2025 para desplegar Claude en la plataforma GenAI.mil del Departamento de Defensa, pero las negociaciones se estancaron en septiembre por ese desacuerdo.
Al romperse las conversaciones a finales de febrero, el entonces presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales dejar de usar Anthropic y Hegseth designó a la compañía como riesgo de cadena de suministro, una categoría reservada históricamente para adversarios extranjeros como la china Huawei. La medida obligaba a todo contratista, proveedor o socio del ejército estadounidense a certificar que no operaba comercialmente con Anthropic, con un periodo de transición de seis meses para que el Pentágono y otras agencias migraran a alternativas. Anthropic se convirtió así en la primera empresa estadounidense en recibir esa designación.
Anthropic demandó a la administración en marzo y obtuvo un primer respiro el día 26 de ese mes, cuando Lin otorgó una medida cautelar preliminar al calificar las acciones del gobierno como arbitrarias y un abuso de discreción. El Departamento de Justicia apeló esa orden en abril, y en julio, durante una audiencia, Lin advirtió que el expediente del gobierno había empeorado en vez de fortalecer su justificación. Mientras el litigio avanzaba, el Pentágono sostuvo en mayo que Anthropic seguía en la lista negra pese al fallo preliminar, y firmó acuerdos con otras siete empresas de IA, mientras OpenAI cerró su propio contrato con el Pentágono horas después del anuncio original de Hegseth.
El fallo del jueves convierte esa protección temporal en una orden permanente y obliga al gobierno a retirar todas las directivas contra la compañía, aunque el Departamento de Justicia ya anticipó que apelará, y Anthropic todavía enfrenta un litigio paralelo en Washington D.C. bajo una designación distinta que no quedó resuelta con esta sentencia.
El fallo no cierra el conflicto, pero fija un precedente relevante más allá de Anthropic, que el gobierno de Estados Unidos no puede usar una etiqueta de seguridad nacional, diseñada para adversarios extranjeros, como represalia contra una empresa doméstica por defender públicamente límites éticos en contratos militares. Para audiencias latinoamericanas que han visto a EstadoRed documentar los controles de exportación sobre Fable y Mythos y los marcos de gobernanza de IA de Anthropic, el caso ofrece un contraste útil, en Estados Unidos existió al menos un contrapeso judicial capaz de revisar y revertir una designación discrecional del Ejecutivo en semanas; la pregunta pendiente para los marcos regulatorios de la región es si existen mecanismos equivalentes de debido proceso cuando un gobierno decide, por la vía administrativa, a qué proveedor de IA se le permite operar con el Estado.
