La reforma de 1997 ya quedó obsoleta, proponía un esquema de semanas cotizadas que los trabajadores no podían cubrir y el esquema de aportaciones patronales era de las más bajas del mundo, reconoció el CCE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que enviará al Congreso de la Unión una propuesta para reformar el sistema de pensiones.
Durante la conferencia mañanera, AMLO prometió que con esta propuesta se incrementarían en un 40 por ciento las pensiones de los trabajadores y se reduciría a 15 años el periodo límite para acceder a este derecho, y no los 25 años que se requieren en la actualidad.
El Presidente informó que en su propuesta incrementa la aportación patronal del 5.15 a 13.87 por ciento del salario del trabajador. De esta manera, los trabajadores que perciben hasta cinco salarios mínimos aumentarían de 31 a 54 por ciento su tasa de reemplazo, que equivale a un incremento de un 70 por ciento.
Los trabajadores no incrementarían sus aportaciones, sino los patrones. En este sentido, López Obrador celebró que llegó a un acuerdo con los empresarios para poder impulsar esta reforma y reconoció la labor de convencimiento que llevó a cabo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entre los empresarios que integran este organismo.
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente señaló que la propuesta será enviada al poder legislativo y si es aprobada entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
LA REFORMA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CCE
El CCE ofreció una conferencia de prensa técnica en la que participaron Pedro Sánchez Cuervo, presidente de la Comisión de Pensiones y Seguridad Social, Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y Guillermo Zamarripa, integrante del Comité de Pensiones del organismo.
Según el consejo, la reforma implicó meses de trabajo para consensuar una propuesta única que desde el sector empresarial está planteada para tener alcances a mediano y largo plazo.
De acuerdo con el CCE, una de las principales ventajas es que mejorará el sistema que se aprobó en 1997 y que tiene importantes deficiencias. Por un lado, los trabajadores no pueden cumplir con las semanas de cotización suficientes para acceder a una pensión digna, en parte porque los de menores ingresos tienden a rotar entre el sector formal e informal.
Por otro lado, la reforma aprobada en 1997 tiene en estos momentos un esquema de aportaciones patronales menor que el de la mayoría de los países que tienen sistemas similares a este, por lo que ya no es viable. El organismo indicó que la cuota de aportación del seis y medio por ciento, es de las más bajas del mundo, al aumentarla a un 15 por ciento -incluyendo la cuota social- ya estará en niveles adecuados.
El CCE reconoció que en la reforma de 1997 la expectativa de que un trabajador mexicano pudiera cubrir mil 250 semanas de trabajo era demasiado alta. Después de 23 años, se dieron cuenta de que el requisito es irreal, por eso en la nueva reforma las semanas laborables se rebajarán 750, si bien la edad de jubilación no tendrá cambios.
LA CUOTA SOCIAL ABSORBERÁ EL IMPACTO DE TRANSICIÓN
Este nuevo esquema de pensiones está pensado para que cubra a más trabajadores. Pero para lograrlo, se acordó que la cuota social que otorgaba el Gobierno federal será redistribuida de manera que los patrones no tengan un impacto importante en su capital y sea la federación la que lo absorba en las aportaciones de los trabajadores con menos de cuatro salarios mínimos, que son la mayoría.
Lo que se plantea es que el Gobierno cambie de fórmula, que sus aportaciones se concentren en los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos, el 80 por ciento de fuerza laboral de México; y los patrones aumenten de manera gradual sus aportaciones, misma que se reflejará en mayor medida en las trabajadores que ganan salarios más altos y que tienen menos rotación.
El proceso para aumentar las aportaciones será gradual, según el CCE. En la actualidad se aporta el 6.275 por ciento del salario, la idea es subirlo hasta el 15 por ciento incluyendo la cuota social. Empleadores con trabajadores que obtienen ingresos superiores a tres salarios mínimos van a tener que incrementar un porcentaje mayor, hasta llegar a ese 8 por ciento adicional, pero será un proceso gradual, estimado en ocho años más dos de transición.
Si se aplica esta reforma, el CCE estima que la mitad de los trabajadores que en estos momentos están por pensionarse quedarían cubiertos. Sin embargo, habrá un grupo que ni siquiera con la nueva reforma podrá cubrir las semanas requeridas. Para ellos tendría que promoverse un mecanismo transitorio, aunque ya se cuenta con la pensión universal.
INFORMALIDAD Y SUBDECLARACIÓN CONTINUARÁ
El CCE admitió que esta reforma solo se centra en los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aquellos que no cuentan con este beneficio continúan sin una solución a los problemas de jubilación que enfrentan, uno de ellos es la informalidad.
De acuerdo con el CCE la informalidad no se puede corregir con una sola reforma pues requiere de una solución integral. En 1997 se había intentado mitigar la informalidad con la reforma de pensiones pero no se logró este objetivo. Ahora se entiende este problema como algo más complejo. Sin embargo, se estima que en la reforma que entregará el presidente al poder legislativo, las empresas pequeñas que tienen trabajadores que ganan de una a tres salarios mínimos no se verán afectadas, pues las aportaciones gubernamentales en estos casos serán mayores.
La reforma de AMLO tampoco está orientada a desalentar la subdeclaración de salarios, un riesgo que se mantendrá, ya que los patrones podrían buscar declarar menos ingresos de sus trabajadores para no tener que incrementar la aportación.
Según el CCE este es un problema de legalidad, en el que el IMSS toma parte, ya que es esta institución la que debe verificar que los salarios que se declaran sean los correctos, por lo que este no es un tema de la reforma de pensiones, aunque el esquema de aumento gradual de la aportación patronal busca desalentar esta práctica.
«Si hay ese riesgo de que los patrones paguen menos, se trató de mitigar con el esquema gradual, pero el incentivo de la subdeclaracion ya existe. El esquema podría aumentar el incentivo a ese delito pero de manera marginal porque en términos de costo estamos hablando de un porcentaje de uno por ciento», expresaron los miembros del CCE.
AFORES TENDRÁN MÁS INGRESOS
Aunque la reforma no afectaría a los aspectos estructurales como la disposición de los fondos de las afores para inversión, ya que los regímenes de inversión son regulados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a mediano plazo, los ingresos de las afores aumentarán y ese dinero podrá ser utilizado en financiar proyectos del Gobierno.
«Hay beneficios de mediano y largo plazo el tiempo en el que se vaya aumentando la aportación después de unos 15 años vamos a tener un aumento significativo en los recursos que van llegando a las afores y ese dinero se destina a financiar al gobierno y a la actividad productiva del país», mencionó uno de los miembros de CCE.
