México mantiene avances institucionales en derechos humanos, pero persisten graves desafíos estructurales, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2024. El organismo regional reconoce mejoras en protección a periodistas, pueblos indígenas y memoria histórica, pero alerta sobre la continuidad de la violencia, las desapariciones forzadas y la impunidad, que colocan al país entre los más peligrosos para defensores de derechos humanos en América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2024, donde reconoce avances institucionales en México, pero advierte que persisten graves problemas estructurales en materia de derechos humanos. El informe sitúa al país en una encrucijada: por un lado, con reformas positivas y mecanismos en expansión; por otro, con cifras alarmantes de desapariciones forzadas, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, y rezagos históricos en acceso a justicia.
Aumenta protección a periodistas y personas defensoras, pero persiste la violencia
De acuerdo con la CIDH, durante 2024 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México incrementó su presupuesto y personal, en respuesta a los riesgos crecientes que enfrentan estas poblaciones. Sin embargo, la Comisión señala que más de 20 mil personas permanecen desaparecidas, lo que refleja la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en el país.
Asimismo, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el hemisferio, con al menos ocho asesinatos de periodistas registrados en 2023 y un entorno de impunidad persistente.
Reformas constitucionales y políticas de memoria histórica
Uno de los hechos que la CIDH destaca es la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de México, órgano de participación y consulta con el Poder Ejecutivo, así como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, a través de la reforma al artículo 2 de la Constitución.
En materia de memoria histórica, el informe valora la incorporación del derecho a la memoria en la Ley General de Desaparición, así como la señalización del sótano del edificio que albergó a la extinta Dirección Federal de Seguridad como sitio de memoria, por su papel en graves violaciones a los derechos humanos entre 1960 y 1990. Además, resalta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considera inconstitucional aplicar figuras como prescripción o irretroactividad a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada “guerra sucia”.
Derechos de poblaciones vulnerables
El informe también registra progresos en los derechos de personas mayores, mediante la promulgación de un modelo de cuidados inclusivo y la consolidación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que beneficia a más de un millón de personas en municipios indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, se reconocen avances jurídicos en igualdad de género con la creación de la Secretaría de las Mujeres y reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La CIDH celebra igualmente los avances jurisprudenciales en materia de transfeminicidio y las decisiones judiciales que protegen los derechos de la población LGBTI+.
Acciones pendientes y retos graves
No obstante, la Comisión advierte que la violencia contra personas defensoras y periodistas sigue sin resolverse a fondo, y la cifra de desaparecidos refleja una crisis humanitaria prolongada. Señala también rezagos estructurales en acceso a la justicia, impunidad en crímenes de lesa humanidad y una insuficiente atención integral a las víctimas.
En su balance, la CIDH insta al Estado mexicano a profundizar las reformas legislativas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, garantizar condiciones de seguridad para los grupos en situación de riesgo, y asegurar la rendición de cuentas en casos de violaciones graves.
El Informe Anual 2024 de la CIDH evidencia que México avanza en aspectos institucionales y normativos, pero enfrenta retos estructurales persistentes en derechos humanos, especialmente en la garantía de verdad, justicia y reparación. El país, señala el organismo, debe sostener una voluntad política activa para transformar las condiciones que aún permiten altos niveles de violencia, impunidad y desigualdad estructural.
