La FGR desmanteló una red de contrabando de combustibles que operaba en al menos ocho puertos estratégicos de México y estaba vinculada a 555 empresas.
La investigación reveló métodos de importación ilegal, facturas falsificadas y complicidad de personal portuario, detonada tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, con la participación de altos funcionarios y empresarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que la red de contrabando de combustibles involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos de México. La operación abarca desde la importación ilegal de hidrocarburos hasta la falsificación de documentos, e incluye la participación de altos funcionarios y empresarios con presencia en varios estados del país.
De acuerdo con el Centro Federal de Inteligencia Criminal, los puertos involucrados son Altamira (Tamaulipas), Veracruz (Veracruz), Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa). Estos terminales se convirtieron en puntos neurálgicos para el llamado huachicol fiscal, facilitando la importación y distribución ilícita de combustibles.
El análisis de la FGR identifica dos métodos principales de operación.
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Compra e importación desde Estados Unidos, con venta a empresas que distribuyen a precios inferiores al mercado nacional, utilizando pedimentos de importación clonados y facturas alteradas. El transporte se realiza a través de empresas sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con documentos incompletos o cancelados.
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Descarga ilegal en puertos mexicanos, particularmente en Veracruz, donde algunas empresas gasolineras recibían hidrocarburos sin acreditar su origen legal.
El detonante de la investigación fue el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, lo que motivó la intensificación de medidas contra la corrupción portuaria. Como resultado, entre 25 y 30 elementos de seguridad de ASIPONA Tampico fueron despedidos por su presunta implicación en sobornos y facilidades al contrabando. Según el director de ASIPONA, vicealmirante Jaime Herrera Romo, la separación se realizó tras comprobarse participación o encubrimiento en actividades ilegales.
De acuerdo con El Sol de México, agentes de inteligencia de la FGR descubrieron la red gracias a antenas de telefonía y rastreo de comunicaciones privadas, utilizando análisis georreferenciados para identificar llamadas de los principales sospechosos, incluyendo al contralmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como accionistas y representantes legales de empresas involucradas. La investigación rastreó 13 mil 273 comunicaciones de Farías Laguna entre el 22 de julio de 2023 y el 7 de junio de 2025, además de 39 mil 168 registros con 300 números telefónicos distintos cerca de zonas y regiones navales estratégicas.
El rastreo incluyó a otros presuntos implicados y a la empresa Mefra Fletes, propiedad de Roberto Blanco Cantú, prófugo de la justicia con órdenes de aprehensión vigentes.
El 11 de junio de 2025, seis analistas del CFIC realizaron un análisis financiero con 101 números telefónicos vinculados a la red. Entre las principales empresas señaladas se encuentran:
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Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V.
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Grupo Base Energéticos S.A. de C.V.
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Grupo Potesta S.A. de C.V.
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Era Tech Combustibles S.A. de C.V.
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Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V.
La FGR mantiene abiertas investigaciones para desmantelar completamente la red de huachicol fiscal y fortalecer la seguridad en los puertos del país.
