El feminicidio, definido por ley como el asesinato de una mujer por razones de género, no es un crimen pasional ni un hecho aislado. Es la forma más extrema de violencia machista y su tipificación en el Código Penal mexicano busca visibilizar las causas estructurales y culturales que lo originan.
El feminicidio no es una simple categoría jurídica. Es el reconocimiento de una realidad: en México y en gran parte del mundo, las mujeres son asesinadas no solo por motivos personales o circunstanciales, sino por razones de género, es decir, porque los agresores actúan desde una lógica de dominio, misoginia o desprecio hacia las mujeres.
El artículo 325 del Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por una razón de género. Este delito se configura cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima muestre signos de violencia sexual; que haya sido mutilada o degradada; que existan antecedentes de violencia familiar, laboral o comunitaria; que el agresor haya mantenido una relación sentimental o de confianza con la víctima; que existan amenazas, incomunicación o explotación; o que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público.
Las penas van de 40 a 60 años de prisión y se agravan cuando la víctima es menor de edad, embarazada, adulta mayor o tiene una discapacidad. Además, el responsable pierde cualquier derecho sobre los bienes o hijos de la víctima.
Esta definición legal no solo establece castigos, sino que obliga al sistema judicial a investigar con perspectiva de género, evitando que los crímenes contra mujeres sean tratados como homicidios comunes.
Violencia feminicida: un fenómeno estructural
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma más extrema de violencia de género, resultado de la violación de los derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder. Esta ley reconoce que las muertes violentas de mujeres no son hechos aislados, sino parte de un entramado social que combina discriminación, desigualdad, impunidad y tolerancia a la violencia.
El feminicidio se produce en contextos donde las instituciones fallan en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y donde los estereotipos de género siguen legitimando el control y la subordinación.
Del concepto académico al reconocimiento legal
El término femicide fue utilizado por primera vez en inglés a inicios del siglo XIX, pero adquirió su sentido actual en 1976, cuando la socióloga Diana Russell lo presentó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer. Russell lo definió como el “asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres”, y lo ubicó como el punto más extremo de un continuo de violencia que incluye violaciones, torturas, abusos sexuales, golpizas y esclavitud sexual.
En el mundo hispano, el término feminicidio comenzó a usarse en la década de 1990, tras las denuncias por los asesinatos sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocidos como las muertas de Juárez.
Desde 1991, cientos de mujeres —en su mayoría jóvenes de entre 9 y 25 años, estudiantes y trabajadoras de maquila— fueron secuestradas, torturadas y asesinadas con extrema violencia. La falta de respuesta de las autoridades, la negligencia en las investigaciones y la impunidad generalizada llevaron a que organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizaran al Estado mexicano por no proteger la vida de las mujeres.
A partir de estos hechos, el concepto de feminicidio se incorporó al debate público y posteriormente al marco legal mexicano, como una forma de nombrar y visibilizar la violencia sistemática que por años permaneció normalizada.
Por qué es necesario tipificar el feminicidio
Durante décadas, los asesinatos de mujeres eran clasificados como “crímenes pasionales”, una etiqueta que despolitizaba la violencia y la atribuía a emociones incontrolables, celos o infidelidades. Esta narrativa invisibilizaba el machismo y la desigualdad como causas estructurales.
La tipificación del feminicidio rompe con ese mito: reconoce que estos crímenes se cometen dentro de un contexto social que perpetúa la violencia de género y que castiga la autonomía de las mujeres. Además, obliga al Estado a actuar con protocolos específicos y perspectiva de género, lo que facilita la prevención y sanción de los delitos.
Nombrar el feminicidio no divide a la sociedad ni privilegia a las mujeres frente a los hombres. Lo que hace es reconocer una realidad histórica y sistémica, y establecer mecanismos jurídicos y sociales para erradicarla
¿Qué ocurre en México?
El feminicidio sigue siendo una de las expresiones más graves de la violencia machista en México y el mundo. En 2024, el 31% de las mujeres asesinadas por violencia de género había denunciado a su agresor, y en cinco de esos casos existía una orden de alejamiento, de acuerdo con datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Lo que refleja la persistente ineficacia de los mecanismos de protección y la falta de respuesta oportuna de las autoridades frente a las denuncias.
En el ámbito nacional, las cifras también muestran una crisis sostenida. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que 6 mil 837 mujeres fueron asesinadas en México durante 2024, lo que equivale a un promedio de 18.7 homicidios diarios. De ese total, solo una fracción fue investigada bajo el tipo penal de feminicidio, lo que evidencia las deficiencias en la clasificación e investigación de los casos con perspectiva de género.
Estas cifras no solo describen la magnitud del problema, sino que también revelan un patrón de violencia estructural en el que las denuncias, las órdenes de protección y las alertas de género resultan insuficientes para garantizar la seguridad de las mujeres. La distancia entre las leyes y su aplicación sigue siendo una de las principales causas de impunidad y repetición de los feminicidios en el país.
