La legislación podría conectar los desechos de la industria electrónica de Jalisco, los servidores y baterías retirados de los centros de datos de Querétaro y la futura cadena del litio de Sonora. Las obligaciones específicas, sin embargo, dependerán del reglamento y de los acuerdos que la Semarnat publique para cada sector.
El gobierno mexicano busca construir un mercado en el que los residuos industriales conserven valor y puedan regresar a los procesos productivos, en lugar de terminar en rellenos sanitarios o confinamientos. La nueva Ley General de Economía Circular establece las bases para recuperar materiales, extender la vida de los productos y disminuir el uso de materias primas extraídas directamente de la naturaleza.
Publicada el 19 de enero de 2026, la legislación tiene entre sus objetivos minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos. También establece mecanismos para que fabricantes e importadores asuman responsabilidad por sus productos durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materiales y la producción hasta su reutilización, reciclaje o disposición final.
La propuesta no se limita a separar y reciclar basura. La ley prioriza que los productos permanezcan en uso mediante reparación, actualización, reutilización, reacondicionamiento y remanufactura; sólo después contempla la recuperación y el reciclaje de sus materiales, mientras que la disposición final debe reservarse para aquello que ya no pueda aprovecharse técnica y económicamente.
El concepto central es el de materia prima secundaria: un material, sustancia u objeto que, después de haber sido producido o utilizado, conserva propiedades que permiten procesarlo de nuevo. La ley también incorpora el “encadenamiento sustentable”, mediante el cual los residuos o materiales de una empresa pueden convertirse en insumos para otra actividad productiva.
En el ámbito de la infraestructura digital, esta política podría vincular tres industrias que hasta ahora suelen presentarse por separado: la manufactura electrónica de Jalisco, los centros de datos instalados en Querétaro y el posible desarrollo de una cadena de litio y baterías en Sonora.
Jalisco: recuperar valor de la manufactura electrónica
Jalisco sería uno de los estados con mayor exposición directa a la nueva legislación debido a su concentración de fabricantes y ensambladores de componentes electrónicos. Datos de la Secretaría de Economía registran 60 unidades económicas dedicadas a esta actividad en el estado durante 2026, mientras que la información del Censo Económico de 2019 colocó a Jalisco como la entidad con mayor producción bruta en esa rama industrial.
En estas plantas se generan piezas defectuosas, tarjetas, cableado, metales, empaques y otros materiales que pueden conservar valor industrial. Algunos podrían reintegrarse a la misma fábrica, mientras que otros podrían venderse o transferirse a empresas especializadas capaces de recuperar metales, plásticos u otros componentes.
La ley denomina “modelo de complementariedad” a este tipo de relación, en el que una empresa o sector aprovecha como materia prima secundaria los materiales procedentes de otro. El objetivo es que las cadenas industriales dejen de operar únicamente bajo una lógica lineal de importar insumos, fabricar productos y desechar los sobrantes.
El impacto para Jalisco no se limitaría a los residuos generados dentro de las fábricas. Los fabricantes podrían tener que modificar el diseño de los productos para facilitar su reparación, separación y reciclaje, además de documentar el origen y destino de sus materiales.
La Ley General de Economía Circular establece que los sectores productivos e importadores deberán organizar, promover y, cuando corresponda, financiar esquemas circulares para los productos que generan. La finalidad declarada es recuperar el valor de los residuos e incorporar materias primas secundarias a las cadenas económicas.
Querétaro: qué ocurrirá con los equipos de la nube
Querétaro se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión en infraestructura de nube y procesamiento de datos. AWS abrió en 2025 su región México Central y anunció que planea invertir más de 5 mil millones de dólares en el país durante 15 años, mientras que CloudHQ presentó una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para construir seis centros de datos en el estado.
Detrás de estos servicios existe una infraestructura material formada por servidores, procesadores, unidades de almacenamiento, equipos de red, sistemas eléctricos, generadores, fuentes de alimentación ininterrumpida, baterías y tecnologías de enfriamiento. Los centros de datos también sustituyen equipos conforme aumentan las necesidades de cómputo o disminuye la eficiencia del hardware.
La nueva ley podría impulsar que esos activos se reparen, actualicen, revendan o reacondicionen antes de convertirse en residuos electrónicos. Cuando ya no puedan seguir en operación, sus componentes tendrían que entrar en cadenas de recuperación y reciclaje con mayor trazabilidad.
La infraestructura eléctrica de un centro de datos puede incluir sistemas UPS, baterías, generadores y equipos de distribución, mientras que el enfriamiento puede incorporar bombas, enfriadores y torres que utilizan energía y, dependiendo de su diseño, agua. Por ello, la circularidad no se reduciría a los servidores: abarcaría también los equipos que mantienen las instalaciones funcionando.
Un operador podría participar directamente si los centros de datos o sus servicios aparecen en un acuerdo sectorial de la Semarnat. También podría quedar sujeto indirectamente por su papel como importador de equipos o mediante contratos con fabricantes que establezcan sistemas de devolución, recompra y recuperación de componentes.
Sonora: combinar litio nuevo con litio recuperado
Sonora representa el extremo inicial de esta cadena. En 2023, el gobierno federal declaró como zona de reserva minera de litio una superficie de 234 mil 855 hectáreas distribuida en municipios como Bacadéhuachi, Arivechi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico y Sahuaripa.
La reserva no equivale a una mina en producción comercial, pero forma parte del proyecto gubernamental para desarrollar una cadena nacional que abarque desde el mineral hasta la fabricación de baterías. La Ley de Minería reconoce al litio como patrimonio de la Nación y reserva al Estado su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento, además del control de sus cadenas de valor.
La Ley General de Economía Circular no autoriza ni regula por sí sola la extracción del mineral. Su efecto aparece después, cuando el litio se transforma en materiales industriales, celdas, baterías o sistemas de almacenamiento que, al terminar su vida útil, pueden convertirse en una fuente de materias primas secundarias.
Esto introduce un cambio importante en la política industrial. México pretende desarrollar nuevos yacimientos, pero al mismo tiempo establece que los materiales recuperados deben sustituir a los vírgenes cuando ofrezcan características equivalentes y resulte ambiental, técnica y económicamente viable.
En consecuencia, una futura cadena del litio no tendría que depender exclusivamente de la extracción en Sonora. También podría incorporar sistemas de recolección y reciclaje de baterías procedentes de vehículos, fábricas, instalaciones eléctricas, equipos electrónicos y centros de datos.
El mineral recuperado no necesariamente volvería físicamente a Sonora, pero podría ingresar de nuevo a una cadena nacional de procesamiento o fabricación. La economía circular convertiría así a las baterías usadas en una reserva industrial complementaria a los yacimientos naturales.
Responsabilidad para productores e importadores
La herramienta central para aplicar la ley será la Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como REP. Este principio permite responsabilizar a fabricantes e importadores por el producto después de su comercialización y no únicamente por los residuos que generan dentro de sus propias instalaciones.
Sin embargo, las obligaciones no entrarán automáticamente y de la misma manera para todas las industrias. La Semarnat deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación acuerdos de implementación que determinen los sectores o categorías de productos alcanzados, las metas, los plazos, los indicadores y las metodologías de medición.
Una vez incluido en un acuerdo, el productor o importador tendrá que elaborar una estrategia de Gestión Circular y solicitar su inscripción en un registro nacional. El documento podrá contener un análisis del ciclo de vida del producto, mecanismos de recuperación, metas de cumplimiento y reportes periódicos.
Esto significa que una empresa electrónica podría ser obligada a recuperar componentes, mientras que un importador de servidores o baterías podría tener que organizar o financiar sistemas de devolución. Las compañías también podrán cumplir mediante organismos coordinadores o acuerdos con otras empresas que aprovechen los residuos como insumos.
La legislación contempla una aplicación gradual y ordena considerar las capacidades económicas, financieras y tecnológicas de cada productor, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones registradas podrá derivar en sanciones administrativas bajo la legislación ambiental.
Una nueva economía alrededor de los residuos
La aplicación de la ley podría producir un mercado nacional de reparación, clasificación, logística inversa, remanufactura y recuperación de materiales. Empresas que actualmente pagan para desechar sobrantes industriales podrían encontrar compradores, mientras que los fabricantes podrían reducir parte de su dependencia de insumos importados.
En una cadena vinculada a la infraestructura digital, Jalisco podría recuperar componentes y materiales de fabricación; Querétaro podría generar flujos de servidores, baterías y equipos retirados, mientras Sonora podría combinar una futura producción de litio con materiales procedentes del reciclaje.
Esta conexión todavía es una posibilidad y no una cadena industrial en funcionamiento. Su construcción dependerá de la existencia de plantas capaces de separar materiales, procesos seguros para tratar baterías y residuos electrónicos, sistemas de transporte y mecanismos que permitan comprobar el origen y destino de cada insumo.
La ley también deberá evitar que los residuos simplemente cambien de propietario sin recibir un aprovechamiento real. La trazabilidad será indispensable para impedir que programas presentados como circulares terminen trasladando materiales peligrosos hacia empresas sin capacidad técnica o hacia mercados informales.
Las reglas específicas siguen pendientes
La legislación dio al Ejecutivo federal 180 días naturales desde su entrada en vigor para expedir su reglamento. El 8 de julio, a pocos días de que concluyera ese plazo, el Senado informó que continuaban los trabajos para construir el instrumento que detallará la operación de la ley.
Después del reglamento, el gobierno deberá publicar el Programa Nacional de Economía Circular y los acuerdos sectoriales de responsabilidad extendida. Esos documentos permitirán saber si la electrónica, las baterías, los servidores, los centros de datos o los materiales relacionados con el litio estarán entre las primeras categorías reguladas.
La Ley General de Economía Circular no crea todavía una ruta concreta entre Sonora, Jalisco y Querétaro. Sí establece, sin embargo, el marco para que los residuos de esas industrias dejen de considerarse únicamente un costo ambiental y comiencen a funcionar como recursos económicos.
El cambio podría ser profundo: el éxito de una industria ya no se mediría sólo por cuánto produce, sino también por cuánto material conserva, recupera y consigue devolver a la economía.
