El gobierno quiere dar a los usuarios la posibilidad de apagar las recomendaciones algorítmicas, pero la medida forma parte de una política mucho más amplia: Australia ya restringe las redes sociales a menores de 16 años, permite mecanismos intensivos de verificación de edad y experimenta con reconocimiento facial policial en espacios públicos.
Australia quiere que Facebook, Instagram y otras redes sociales dejen de decidir automáticamente qué debe ver cada persona. El gobierno de Anthony Albanese presentó este 8 de septiembre una iniciativa que obligaría a las plataformas a ofrecer a los usuarios mayores de 16 años una elección explícita: mantener un feed personalizado mediante algoritmos de recomendación o ver principalmente las publicaciones de amigos y creadores que decidieron seguir.
La propuesta, llamada My Feed, My Way, parece a primera vista una de las intervenciones más favorables para los usuarios emprendidas contra el poder de las grandes plataformas. La elección tendría que aparecer mediante una notificación para usuarios nuevos y existentes, y el gobierno quiere evitar que las empresas conviertan la alternativa no algorítmica en una opción escondida o temporal. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, dijo que Australia ha observado lo ocurrido en la Unión Europea, donde algunas plataformas obligan a repetir elecciones o degradan la experiencia cuando el usuario abandona determinadas formas de personalización.
El problema es que My Feed, My Way no aparece de manera aislada. Forma parte del proyecto de Digital Duty of Care, una arquitectura regulatoria mucho mayor con la que Australia pretende establecer obligaciones de seguridad para los servicios digitales, ampliar las facultades de su regulador e intervenir sobre características, herramientas y sistemas que el Estado considere capaces de producir daño.
Albanese insiste en que el objetivo no es entregar el control al gobierno, sino devolvérselo a los ciudadanos. “Esto no se trata de dar control al gobierno. Se trata de dar control a las personas”, afirmó este martes al presentar la iniciativa. Pero la misma reforma obligaría a las plataformas a identificar riesgos, documentar las medidas que utilizan para reducirlos y comprobar periódicamente que continúan funcionando. eSafety, el regulador australiano de seguridad en internet, obtendría nuevas facultades y las compañías podrían recibir multas de hasta 109.2 millones de dólares australianos por incumplimiento. La discusión, por tanto, es más amplia que la posibilidad de apagar un algoritmo. Australia está construyendo uno de los sistemas más ambiciosos de intervención pública sobre la arquitectura del espacio digital entre las democracias occidentales.
De impedir cuentas a inferir la edad de los usuarios
Desde el 10 de diciembre de 2025, Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube, entre otras plataformas, deben tomar “medidas razonables” para impedir que los australianos menores de 16 años creen o mantengan cuentas. No se trata de una prohibición total de internet para los menores: servicios como Discord, GitHub, Google Classroom, Roblox, Steam, WhatsApp y YouTube Kids se encuentran actualmente fuera de la categoría restringida.
Pero ejecutar esa prohibición abrió otra cuestión mucho más delicada: ¿cómo determina una plataforma que la persona detrás de una cuenta tiene realmente 16 años? La respuesta australiana no se limita a pedir una fecha de nacimiento o un documento de identidad. Las directrices de eSafety permiten que las plataformas analicen múltiples señales para estimar la edad del usuario: el lenguaje que utiliza, el contenido con el que interactúa, sus fotografías y videos mediante análisis facial, su voz, sus horarios de actividad, sus conexiones con otros usuarios aparentemente menores de edad y su participación en comunidades juveniles. También pueden emplearse IP, GPS, identificadores del dispositivo, números telefónicos, configuración del sistema y patrones de actividad para determinar si la persona reside en Australia o intenta evadir las restricciones mediante una VPN. Incluso una persona que ya haya superado una comprobación puede volver a ser sometida al proceso si posteriormente aparecen señales que hagan sospechar que tiene menos de 16 años.
Reconocimiento facial en el espacio público
El avance de esta lógica no ocurre únicamente dentro de las plataformas digitales. En junio, la policía de Australia Occidental comenzó un ensayo de reconocimiento facial en vivo en espacios públicos, el primero de este tipo utilizado por una fuerza policial australiana. Cámaras visibles instaladas sobre vehículos policiales o cerca de ellos detectan rostros en tiempo real y los comparan con listas controladas que pueden incluir personas buscadas, sospechosos de delitos graves, desaparecidos y personas sujetas a determinadas restricciones judiciales.
En agosto, ABC informó que más de 130 mil rostros habían sido escaneados durante las primeras etapas del programa. El sistema produjo al menos una coincidencia falsa y fue descrito por especialistas y organizaciones consultadas por el medio como un experimento de vigilancia masiva mediante inteligencia artificial. Otras fuerzas policiales australianas siguen de cerca sus resultados.
Esto tampoco significa que Australia haya autorizado indiscriminadamente el reconocimiento facial. La situación regulatoria es contradictoria. En julio, la Oficina del Comisionado Australiano de Información reafirmó que existe un umbral elevado para que empresas privadas utilicen reconocimiento facial en espacios públicos de gran circulación, después de un litigio relacionado con el uso de esta tecnología en tiendas Bunnings. Australia está intentando, por tanto, limitar ciertas formas de vigilancia privada mientras expande simultáneamente los mecanismos mediante los cuales el Estado regula, clasifica y supervisa el entorno digital y prueba nuevas tecnologías policiales.
El algoritmo como nueva frontera regulatoria
En este contexto aparece My Feed, My Way. La propuesta puede tener efectos positivos. Durante años, las plataformas sustituyeron progresivamente el modelo en el que las personas recibían las publicaciones de las cuentas que habían decidido seguir por sistemas de recomendación que seleccionan contenido según objetivos definidos por cada empresa. Una opción persistente para regresar al feed de seguidores devolvería al usuario una parte del control que perdió con esa transformación.
Para medios, creadores y pequeños proyectos independientes también podría modificar la relación con sus audiencias: seguir una cuenta podría volver a tener una consecuencia más directa sobre lo que aparece en pantalla, en lugar de depender por completo de que un algoritmo decida distribuir cada publicación.
Pero Australia no se está limitando a obligar a las plataformas a ofrecer esa alternativa. El Digital Duty of Care pretende establecer estándares mínimos para servicios digitales mucho más allá de las redes sociales. El gobierno señala expresamente chatbots, videojuegos, aplicaciones y servicios de mensajería, especialmente cuando son utilizados por menores. También obligaría a las plataformas a proteger a los niños frente a categorías de contenido que el gobierno considera dañinas, entre ellas pornografía, contenido relacionado con trastornos alimentarios, misoginia y glorificación del crimen.
El proyecto se encuentra todavía en consulta y el gobierno prevé presentar la legislación posteriormente al Parlamento, por lo que su alcance definitivo puede cambiar. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión ya han advertido sobre los riesgos de que una política concebida para combatir daños digitales termine ampliando las posibilidades de intervención sobre contenidos y sistemas de distribución.
Del internet abierto al internet administrado
La discusión australiana anticipa una transformación que comienza a repetirse en distintos países: internet deja progresivamente de ser tratado como una infraestructura abierta sobre la cual individuos y empresas construyen servicios y empieza a ser gobernado como un entorno que debe incorporar controles de acceso, comprobación de identidad, estándares de seguridad y mecanismos obligatorios de diseño.
Algunas de esas reglas responden a problemas reales. Los algoritmos de recomendación tienen un enorme poder sobre la circulación de información; las plataformas han construido productos deliberadamente difíciles de abandonar y los menores pueden encontrarse expuestos a contenidos para los que no estaban buscando acceso.
La cuestión es qué infraestructura se construye para solucionar esos problemas. Australia está respondiendo mediante un modelo en el que el Estado determina cada vez más condiciones de acceso y funcionamiento: quién puede mantener una cuenta, qué deben hacer las empresas para calcular su edad, qué riesgos tienen obligación de anticipar, qué herramientas deben ofrecer, qué características deben modificar y cuándo el regulador puede exigir una intervención.
La nueva batalla contra los algoritmos contiene así una contradicción difícil de ignorar. Australia quiere reducir el poder de las plataformas para decidir qué ven sus ciudadanos, pero lo hace mientras incrementa considerablemente el poder del Estado para determinar cómo debe funcionar el espacio digital. El resultado podría ser un internet con ciudadanos más capaces de elegir qué consumen. También podría ser el comienzo de un internet mucho más administrado. Probablemente será ambas cosas.
